"...CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Esta Sala para decidir observa:

El fallo impugnado es la decisión núm. 1108 dictada por la Sala Político Administrativa el 29 de julio de 2009. La misma se dictó con ocasión a una solicitud de aclaratoria formulada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), sobre la decisión núm. 797, del 4 de junio de 2009, que declaró sin lugar el recurso contencioso tributario de nulidad interpuesto por Corpomedios G.V. Inversiones. C.A. (GLOBOVISIÓN) y  ratificó el acto sancionatorio de multa proferido por ese Ente regulador.

Esta última decisión, que acordó la referida aclaratoria, se encuentra sometida a revisión por considerarse que contravino el principio de la confianza legítima y de expectativa plausible. Contra la misma se denuncia que modificó el criterio que inveteradamente había sostenido la Sala Político Administrativa hasta ese momento que consideraba que el valor de la unidad tributaria a estimar para el pago de las multas era aquella que existía al momento de dictarse la sanción administrativa, y no aquella cuando se efectuara el pago en caso de desestimarse el recurso contencioso tributario de nulidad contra los actos administrativos.

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 "...cuando el artículo 35 de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología de 2005, señala que serán sujetos pasivos del aporte anual del dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos las grandes empresas del país que "(...) se dediquen a las actividades establecidas en las Leyes Orgánicas de Hidrocarburos e Hidrocarburos Gaseosos (...)",  se refiere solamente a

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 "...III MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN...

Con relación al punto preliminar, tal como señaló esta Sala en la sentencia N° 1307 del 28 de junio de 2006, nuestro Texto Constitucional reconoce la teoría del control plenario de la actuación del Poder Público, el cual, se ejerce a través de los diversos mecanismos adjetivos que otorga el ordenamiento jurídico para verificar la constitucionalidad de los actos u omisiones del Estado. Entre éstos, se encuentra el control concentrado (que, desde el punto de vista objetivo, y tal como señaló la decisión Nº 3067, dictada por esta Sala el 14 de octubre de 2005, es una garantía del carácter normativo de la Norma Normarum, que según lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de justicia de 2004, vigente para el momento en que se planteó la intervención (hoy recogido en el artículo 32, de la Ley que rige actualmente las funciones de este máximo tribunal), es una acción popular, que como tal, puede ser interpuesta por cualquier persona.

La popularidad del control constitucional, llevada a la intervención de los terceros, determina que, de igual modo, cualquier persona pueda intervenir en los juicios de control constitucional. Ello, sin menoscabo de los principios de tempestividad y preclusión de los actos procesales según los cuales, los intervinientes que concurran fuera del lapso a que se refiere el artículo 137 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal, antes regulado en el artículo 21.12 de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deben aceptar la causa en el estado en que se encuentra.

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"...V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En virtud de la declaratoria contenida en la sentencia apelada, así como del examen tanto de las alegaciones formuladas en su contra por la representación judicial del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda como de las defensas esgrimidas por el apoderado judicial  de la contribuyente Distribuidora Bigott, C.A., observa la Sala que la controversia planteada en el caso concreto, se circunscribe a decidir: 1) si el Tribunal de instancia al dictar el fallo recurrido incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, al acordar la atenuante de la sanción de multa y ordenar su recálculo con fundamento en el numeral 4 del artículo 85 del Código Orgánico Tributario de 1994 y no en aplicación de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio de 1993; y 2) si la Jueza de mérito debió indicar sobre cuál de las dos sanciones impuestas debe recaer la mencionada atenuante.

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"...Ahora bien, como se explicó precedentemente el contribuyente aportó en los lapsos respectivos los elementos probatorios para el esclarecimiento de los hechos que desvirtúan la legalidad de los actos emanados de la Administración Aduanera, considerándose que el automóvil Mercedes Benz, es un vehículo nuevo que sufrió un hecho externo, como fue el robo del automóvil al momento de ser embarcado para su importación, desde Houston a Venezuela, causa esta que no puede ser imputable al propietario o contribuyente, conforme al análisis antes realizado, por tanto resulta procedente la eximente de responsabilidad tributaria, tal como lo consideró el Tribunal de instancia. En consecuencia se desestima el vicio de falso supuesto de hecho alegado por el Fisco Nacional y se confirma la sentencia apelada sobre el particular. Así se declara...."

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