"... III MOTIVACIONES PARA DECIDIR ...En atención a los razonamientos expuestos, y visto el cuestionamiento de constitucionalidad efectuado, corresponde a la Sala, pasar a verificar si en el presente caso, se aprecian causas de inconstitucionalidad que hagan procedente la anulación de las normas impugnadas a pesar de haberse constatado el lapso para la declaratoria de la pérdida del interés por privar una causa de orden público, en tal sentido, se advierte que la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad, se planteó contra el artículo 11, numerales 2, 3, 4, 11 y 14; artículo 15 numeral 6; y artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 104, 107, 141, 145, 146, 150, 152, 157, 166, 172, 182, 185, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 199 y 200 del Código de Policía del Estado Sucre, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, N° 40, Extraordinario, del 05 de enero de 1988, preceptos que se transcriben a continuación:

III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

A los fines de emitir el pronunciamiento correspondiente, conviene precisar que el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece respecto de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, lo siguiente:

“Artículo 104: A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.

tsj.gov.ve
"...IV ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN

Luego del análisis de la pretensión de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y encuentra que dicha pretensión cumple con los mismos. Así se declara.

En cuanto a las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la citada Ley Orgánica, debe la Sala señalar que el artículo 490 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece lo siguiente:

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social puede, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los jueces o juezas superiores, que aun cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.

"...Con fundamento en los requisitos de admisibilidad expuestos, y una vez examinado el escrito contentivo del presente recurso, se desprende claramente que éste tiene por objeto la interpretación constitucional de preceptos que gozan de tal naturaleza; se observa que en el presente caso no existe un recurso paralelo para dilucidar esta específica consulta; y no se han acumulado a dicho recurso otros medios judiciales o de impugnación a través de los cuales deba ventilarse la controversia, cuyos procedimientos sean incompatibles o se excluyan mutuamente; igualmente se aprecia que se acompañaron los documentos indispensables, aunado a que el escrito no contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos.

"...Mediante la sentencia N° 66, dictada por esta Sala el 14 de febrero de 2012, se admitió la demanda por intereses colectivos y difusos presentada por el ciudadano RAFAEL ANTONIO VELÁSQUEZ BECERRA, titular de la cédula de identidad número 4.131.712, actuando en su propio nombre, contra la COMISIÓN ELECTORAL DE LA MESA DE LA UNIDAD y, al mismo tiempo, se acordó cautelarmente la suspensión del acto de destrucción de los cuadernos electorales que contienen los nombres y números de cédulas de los votantes de las elecciones primarias celebradas por la denominada Unidad Nacional en Venezuela el 12 de febrero de 2012.

Dicha medida cautelar se basó en la eventual irreparabilidad de los derechos denunciados como vulnerados en virtud de la inminencia de la destrucción de los cuadernos electorales, anunciada por la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad. Por ello, se ordenó a la referida Comisión, en la persona de su Presidenta, la ciudadana CARMEN TERESA ALBANEZ BARNOLA, que hiciera entrega de los referidos cuadernos a las diversas Direcciones Regionales del Consejo Nacional Electoral, en un lapso no mayor a las 24 horas contadas a partir de la notificación del referido fallo.