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Categoría: Derecho Inquilinario
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"...En efecto, en el presente caso se está en presencia de sendas deudas entre los mismos sujetos, declaradas por los respectivos órganos jurisdiccionales, respecto de dos obligaciones líquidas y exigibles que, si bien son de diferente cuantía, tienen el mismo objeto; por lo tanto, existe la simultaneidad, homogeneidad y reciprocidad necesarios para que opere la compensación alegada por la solicitante,..."

"...V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Establecida como ha sido la competencia para conocer la presente causa, y constatado de autos que el fallo objeto de la solicitud que nos ocupa se encuentra definitivamente firme, esta Sala pasa a decidir la misma, lo cual realiza en los siguientes términos:


Cursa en autos –folios 91 al 119- la sentencia dictada el 1 de diciembre de 2010 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que, conociendo de la apelación ejercida por el apoderado judicial de JBE, Lectronics, C.A., declaró procedente la demanda por desalojo incoada por los ciudadanos Nicola Palermo Mele y Mario Spiotta Luongo contra la mencionada compañía; en consecuencia, confirmó en alzada la decisión dictada el 29 de julio de 2010 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.


De manera previa, dicha decisión declaró que las cuestiones previas opuestas por la parte demandada -artículo 346, cardinales 6, 7 y 8- no pueden ser objeto de revisión, dada la “inapelabilidad” de las mismas, desechando posteriormente la cuestión relativa a la impugnación de la cuantía de la demanda, por cuanto al momento su interposición y, según consta del expediente de consignaciones, los cánones de arrendamiento quedaron fijados en la cantidad de cinco mil seiscientos bolívares (Bs. 5.600,oo).


De seguidas, luego del análisis de todo el acervo probatorio traído a los autos, la decisión que se comenta declaró con lugar la demanda de desalojo incoada contra la hoy solicitante, por cuanto se constató del expediente y de las consignaciones arrendaticias efectuadas por la arrendataria –solicitante- ante el respectivo Juzgado de Municipio, que estas últimas fueron efectuadas a destiempo, ya que “el mes de diciembre de 2007 fue cancelado el 15 de febrero de 2008, lo que significa que además de destiempo, para el momento de la consignación, los meses de diciembre de 2007 y enero de 2008, se encontraban impagados y su consignación también sería a destiempo, verificándose así el incumplimiento exigido por la ley inquilinaria (Art. 34.a LAI), no remediable por el pago tardío que se efectuaría el 15 de febrero de 2008”.


Ahora bien, resulta impretermitible para esta Sala, a los fines de decidir la presente revisión, referir algunas actuaciones procesales realizadas por las partes con ocasión de los inmuebles objeto de litigio -desalojo-, así como algunas decisiones judiciales que se estiman ineludibles relatar por su imperativa conexión con la causa que nos ocupa.


En efecto, con ocasión de la relación arrendaticia existente entre los ciudadanos Nicola Palermo Miele y Mario Spiotta Luongo -arrendadores- y JBE Lectronics, C.A. –arrendatarios-, respecto de dos inmuebles identificados como un local comercial distinguido con el No. P.B. y un apartamento distinguido con el No. 1-4, ambos ubicados en el Edificio Claret, avenida principal de Las Mercedes, Municipio Baruta del Estado Miranda, los apoderados judiciales de los arrendadores interpusieron demanda de desalojo contra la referida compañía por presunta falta de pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2007, respecto del inmueble constituido por un apartamento distinguido con el No. 4 ubicado en el primer piso del Edificio Claret, identificado anteriormente. Dicha demanda fue declarada con lugar mediante decisión dictada el 10 de junio de 2008 por el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual ordenó a la parte demandada entregar a la demandante el referido inmueble.

Contra la decisión dictada el 10 de junio de 2008 por el mencionado Juzgado de Municipio, los apoderados judiciales de la arrendataria –JBE Lectronics, C.A.- interpusieron recurso de apelación, el cual fue declarado parcialmente con lugar, mediante decisión dictada el 12 de noviembre de 2008 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y, en consecuencia, declaró sin lugar la demanda de desalojo ejercida contra la referida compañía.

Asimismo se observa de las actas procesales que, mediante decisión del 20 de abril de 2010, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar la demanda de reintegro ejercida por los apoderados judiciales de JBE, Lectronics, C.A., contra los arrendadores, ordenando “el reintegro de las cantidades pagadas en exceso” respecto de los dos inmuebles objeto del mencionado contrato de arrendamiento. Dicha decisión fue confirmada en alzada en virtud de la apelación ejercida por los arrendadores.

Posteriormente, los ciudadanos Nicola Palermo Miele y Mario Spiotta Luongo demandaron a JBE, Lectronics, C.A., por el desalojo del inmueble distinguido con el No. PB –antes identificado-. Dicha demanda fue declarada con lugar mediante decisión del 29 de julio de 2010 dictada por el referido Juzgado Tercero de Primera Instancia, condenando a la arrendataria al pago de los cánones de arrendamiento insolutos. Esta decisión fue confirmada en alzada -en virtud del recurso de apelación ejercido por la mencionada compañía-, mediante decisión del 1 de diciembre de 2010 dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

De la anterior relación procesal, llama poderosamente la atención que el mismo Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, haya declarado -fallo del 12 de noviembre de 2008- sin lugar la demanda de desalojo ejercida por los ciudadanos Nicola Palermo Miele y Mario Spiotta Luongo contra JBE, Lectronics, C.A. y, posteriormente, conociendo en primera instancia, haya declarado con lugar dicha demanda de desalojo (fallo del 29 de julio de 2010).

Al respecto, se observa que, si bien la demanda inicial fue incoada con ocasión del desalojo del inmueble identificado como un apartamento distinguido con el No. 1-4 del antes mencionado Edificio Claret, en tanto que la segunda demanda fue ejercida por el desalojo del local comercial distinguido con el No. P.B. del referido Edificio; ambas demandas fueron interpuestas en virtud de la falta de pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2007, incluyendo en el segundo libelo, el mes de enero de 2008. Igualmente se observa que ambas demandas fueron ejercidas por los mismos motivos –pago de los cánones de arrendamiento efectuado de manera tardía- y con ocasión de la misma relación arrendaticia existente entre los ciudadanos Nicola Palermo Miele, Mario Spiotta Luongo y JBE, Lectronics, C.A., por lo que regían las mismas cláusulas y condiciones, variando sólo el inmueble objeto de las demandas, siendo el mismo petitorio en una y otra, esto es, la condena a la parte arrendataria del pago de los referidos cánones de arrendamiento y la extinción de la relación arrendaticia.

En efecto, se observa que en la decisión dictada en alzada el 12 de noviembre de 2008, el mencionado Juzgado Tercero de Primera Instancia declaró sin lugar la demanda de desalojo del inmueble identificado como un apartamento ubicado en el piso 1 del Edificio Claret -antes identificado-, por cuanto “la parte demandada demostró haber consignado el canon de arrendamiento del mes de Diciembre de 2007, en fecha 17 de Diciembre de 2007, desvirtuando en consecuencia la falta de pago” invocada por la parte actora; en tanto que en la decisión dictada por el mismo Juzgado Tercero de Primera Instancia el 29 de julio de 2010, conociendo de la demanda de desalojo incoada por los arrendadores contra la hoy solicitante, fundamentada en los mismos motivos que la demanda primigenia y con ocasión del mismo contrato de arrendamiento, pero respecto del inmueble distinguido con el No. P.B., declaró con lugar dicha demanda de desalojo, por cuanto “incurrió la parte demandada en no pagar en tiempo oportuno las pensiones arrendaticias correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2007… [y] Enero de 2008…”, de lo cual observa la Sala una evidente contradicción en las motivaciones para decidir por parte del mencionado Juzgado Tercero de Primera Instancia, pues son los mismos meses que se demandan como insolutos.


Asimismo, resulta imposible para esta Sala obviar la demanda que, por reintegro de los pagos efectuados en exceso, interpuso la hoy solicitante contra los arrendadores, la cual fue declarada con lugar mediante decisión del 20 de abril de 2010 por el ya mencionado Juzgado Octavo de Primera Instancia. Al respecto, se observa que la arrendataria –hoy solicitante- opuso, ante todas las instancias en las cuales fue demandada por el desalojo de los referidos inmuebles, la cuestión previa contenida en el artículo 346, cardinal 8 del Código de Procedimiento Civil, alegando en términos generales, “la compensación que se produciría al ejecutarse la decisión relativa a los montos que deberán reintegrarse con motivo de los cánones de arrendamiento cobrados en exceso y en el pago de los alquileres condenados a pagar por [el] Tribunal”.

Ahora bien, visto que la decisión objeto de revisión, al declarar con lugar la demanda por desalojo incoada por la solicitante, la condenó a pagar los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2007 y enero de 2008 y a “… los que se encuentren vencidos e insolutos desde abril de 2008 hasta la fecha en que se efectúe la desocupación del inmueble, a razón de cinco mil seiscientos bolívares (Bs. 5.600,oo) cada uno de ellos”, esta Sala estima que resultaría totalmente nugatoria la ejecución de la sentencia dictada a favor de la solicitante el 20 de abril de 2010 y confirmada en alzada el 26 de enero de 2011, pues dicha decisión ordenó el reintegro a la arrendataria de las cantidades “pagadas en exceso por concepto de cánones de arrendamiento desde el día 1 de junio de 1996 –local P.B.- y 1 de agosto de 1997 –apartamento 1-4- ,… más todos los pagos… [que] se hayan pagado posteriormente a la última fecha indicada”; por lo que carecería de toda lógica condenarla posteriormente al pago de los cánones de arrendamiento por los meses anteriormente referidos, pues sin entrar a analizar la conformidad en derecho de dichos fallos, por no constituir materia del caso de autos, no se puede obviar la compensación que, automáticamente, debe operar entre una y otra deuda.

Al respecto, resulta imperativo referir a la figura del reintegro o pago por repetición, prevista en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, regulada en los siguientes términos:

Artículo 58: “En los inmuebles sometidos a regulación conforme al presente Decreto- Ley, quedará sujeto a repetición todo cuanto se cobre en exceso del canon máximo establecido por los organismos competentes”.

Artículo 59: “La obligación de repetir conforme al artículo precedente, corresponderá al arrendador o al perceptor de los sobrealquileres…”

Artículo 60: “El reintegro se referirá a los sobrealquileres cobrados desde la fecha de iniciación del contrato hasta la fecha de la regulación que resultare definitivamente firme”.

Artículo 63: “Los reintegros previstos en este Título son compensables con los alquileres que el arrendatario deba satisfacer y se considerará a éste en estado de solvencia, cuando el importe de tal reintegro sea igual o superior a lo que le corresponda pagar por concepto de alquileres” (negritas propias).

De las citadas disposiciones legales se observa que la figura del reintegro o pago por repetición opera cuando el inquilino haya pagado un alquiler mayor al establecido mediante la respectiva regulación, caso en el cual el arrendatario tiene derecho a que se le devuelva el excedente de lo pagado o se le compense con los alquileres que éste deba y así considerarse en estado de solvencia, siendo que dicha compensación procede de manera automática.

En este sentido, resulta oportuno referir a las disposiciones que respecto de la compensación contempla el Código Civil, en los términos siguientes:

Artículo 1.331: “Cuando dos personas son recíprocamente deudoras, se verifica entre ellas una compensación que extingue las dos deudas…”.


Artículo 1.333: “La compensación no se efectúa sino entre dos deudas que tienen igualmente por objeto una suma de dinero, o una cantidad determinada de la misma especie, que pueden en los pagos sustituirse las unas a las otras, y que son igualmente líquidas y exigibles”.


De tal modo que, en el caso de autos, no comparte la Sala el criterio expuesto en la decisión dictada el 1 de diciembre de 2010 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, confirmando la decisión dictada en primera instancia, con ocasión de la demanda por desalojo ejercida contra la solicitante. En efecto, en dicho juicio la arrendataria opuso la cuestión previa contenida en el artículo 346, cardinal 8 del Código de Procedimiento Civil, la cual fue desechada en primera instancia, por cuanto la acción de repetición ejercida por la parte arrendataria “no tiene en modo alguno vinculación con el caso que hoy nos ocupa, toda vez que aquella versa sobre el presunto reintegro de pagos de arrendamiento por pago excesivo, cuya procedencia ó (sic) no en derecho no estaría supeditada de manera alguna con el caso bajo estudio, así como éste con aquel”.

Tal argumento, se insiste, no lo comparte la Sala, habida cuenta de que, indefectiblemente, la decisión que se dictara en el juicio instaurado por la arrendataria por el reintegro de los cánones de arrendamiento pagados en exceso afectaría inevitablemente la decisión que se dictara en el juicio de desalojo instaurado contra la solicitante, en virtud de que, en caso de prosperar la demanda de pago por repetición, las deudas declaradas jurisdiccionalmente en ambos juicios –reintegro de alquileres pagados en exceso y los cánones de arrendamiento presuntamente dejados de pagar por la arrendataria- quedarían extinguidas, con ocasión de la compensación a que alude la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, alegada justamente por la arrendataria en las respectivas oportunidades procesales. Tal motivación adquiere mayor relevancia si se observa, tal como se desprende del expediente, que para el momento de dictarse la decisión objeto de revisión, ya había sido decidida y declarada con lugar la demanda por reintegro ejercida por la parte arrendataria.

En efecto, en el presente caso se está en presencia de sendas deudas entre los mismos sujetos, declaradas por los respectivos órganos jurisdiccionales, respecto de dos obligaciones líquidas y exigibles que, si bien son de diferente cuantía, tienen el mismo objeto; por lo tanto, existe la simultaneidad, homogeneidad y reciprocidad necesarios para que opere la compensación alegada por la solicitante, pues se insiste, esta Sala estima sin sentido alguno que, por un lado se condene a la arrendataria al pago de los cánones de arrendamiento presuntamente insolventes y, por otro, se condene a la arrendadora a pagar a la arrendataria los cánones de arrendamiento pagados en exceso, más aún, cuando la propia decisión objeto de revisión que confirmó lo decidido en primera instancia, afirma que los cánones presuntamente insolutos ya fueron cancelados por la arrendataria –supuestamente de manera tardía- y están a disposición de la arrendadora en la cuenta que a tales efectos mantiene el Tribunal Especial de Consignaciones.


Asimismo, se observa que los inmuebles objeto del litigio principal fueron regulados mediante las Resoluciones Nos. 009865 y 009866, dictadas el 21 de diciembre de 2005 por la Dirección General de Inquilinato del entonces Ministerio de Infraestructura, mediante las cuales se fijó el canon de arrendamiento en la cantidad de mil doscientos sesenta bolívares (Bs. 1.260,oo) respecto del apartamento identificado 1-4; cinco mil doscientos ochenta y siete bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 5.287,50) respecto del local comercial distinguido con el No. P.B. y, cuarenta y dos bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 42,50) respecto del estacionamiento.

Sin entrar a analizar si el quantum de los cánones de arrendamiento fijados y cancelados resultan justos o acordes, pues ello no constituye materia a ser debatida mediante este mecanismo extraordinario de revisión, se aprecia que los inmuebles objeto de litigio fueron objeto de regulación por parte de la respectiva Dirección de Inquilinato, concurriendo de esta manera todos los requisitos necesarios para la procedencia de la compensación prevista en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, tales como la existencia de una relación arrendaticia, que el inmueble en litigo sea susceptible de regulación y que la decisión dictada por el organismo competente se encuentre definitivamente firme; análisis este que realiza y que estima necesario la Sala, en virtud de las múltiples demandas ejercidas contra la solicitante por el desalojo de los inmuebles antes identificados que originaron la presente solicitud de revisión.

Por lo anterior, estima esta Sala que en el presente caso fueron vulnerados los derechos constitucionales denunciados por la solicitante, pues no sólo se desconoce y se deja sin efecto una decisión judicial, definitivamente firme, dictada a su favor, sino que posteriormente se le condena al pago de unas cantidades de dinero por concepto de cánones de arrendamiento, obviando por completo la decisión dictada de manera previa, que obliga a los arrendadores a reintegrarle los alquileres pagados en exceso, por lo que estima que sí resultaba procedente la compensación tantas veces alegada por la solicitante, pues además de verificarse la existencia de los requisitos anteriormente señalados, los efectos de dicha figura son, justamente, extinguir las deudas recíprocas en su totalidad, si éstas son iguales, o la extinción de la deuda mayor hasta el alcance del monto menor; más aún cuando los cánones de arrendamiento por los cuales se ordenó el desalojo de la arrendataria, ya fueron pagados por ésta y se encuentran a disposición de la parte arrendadora.

Igual análisis se realiza respecto de los derechos fundamentales denunciados por la solicitante relativos al principio de seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva, siendo que el primero refiere al carácter del ordenamiento jurídico que involucra certeza de sus normas y, consiguientemente, la posibilidad de su aplicación, “toda vez que lo que tiende es a la existencia de confianza por parte de la población del país, en el ordenamiento jurídico y en su aplicación” (vid. decisión No. 578 del 30 de marzo de 2007); en tanto el derecho a la tutela judicial efectiva, no sólo comprende el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino que éstos conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido.

Respecto de la denuncia formulada por la solicitante relativa a que se configura en el presente caso el vicio de incongruencia omisiva, por cuanto –a su decir- no se emitió ningún pronunciamiento, ni en primera instancia ni en alzada, sobre la cuestión previa que ésta opuso –artículo 346, cardinal 8 del Código de Procedimiento Civil- en virtud de la demanda que por reintegro o pago por repetición interpuso contra los arrendadores, esta Sala estima que no le asiste la razón a la solicitante, toda vez que rielan en autos las decisiones dictadas el 29 de julio de 2010 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia y el 1 de diciembre de 2010 por el Juzgado Superior Primero, ambos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de cuya lectura se observa claramente, que dicha cuestión previa fue declarada improcedente, por cuanto “la acción por repetición y de cumplimiento de contrato de arrendamiento… no tiene en modo alguno vinculación con el caso que hoy nos ocupa -juicio de desalojo-”; pronunciamiento este respecto del cual el tribunal de alzada señaló que no entraría a conocer en virtud de la “inapelabilidad” de las cuestiones previas contenidas en los cardinales 6, 7 y 8 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.


Finalmente, observa la Sala que la solicitante denunció la existencia de un fraude procesal, por cuanto, entre otros argumentos, “se desconoce el efecto de la sentencia de reintegro de cánones de arrendamiento, al negar la compensación de [éstos]… pagados en exceso, vaciando el contenido del artículo 63 [de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios]”, el cual se pretende “defraudar… mediante la utilización de las normas sustantivas y adjetivas” de dicha Ley, por lo que citó decisiones de esta Sala en la materia relativa al fraude procesal.

Al respecto, esta Sala observa que el desconocimiento de la decisión dictada el 20 de abril de 2010 por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, confirmada en alzada, que declaró con lugar la demanda por reintegro o pago por repetición ejercida por JBE Lectronics, C.A., no significa en modo alguno la existencia de un fraude procesal, así como tampoco el pretendido desconocimiento del artículo 63 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en los términos denunciados por la solicitante. En efecto, el fraude procesal ha sido definido por esta Sala de la siguiente manera:

“El fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio de éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero… (omissis)

… el fraude puede consistir en el forjamiento de una inexistente litis entre partes, con el fin de crear un proceso dirigido a obtener fallos o medidas cautelares en detrimento de una de las partes, o de terceros ajenos al mismo, lo que constituye la simulación procesal; o puede nacer de la colusión de una persona, que actuando como demandante, se combine con otra u otras a quienes demanda como litisconsortes de la víctima del fraude, también demandada, y que procurarán al concurrir con ella en la causa, crear al verdadero codemandado situaciones de incertidumbre en relación con la fecha real de citación de todos los demandados; o asistir con él en el nombramiento de expertos, con el fin de privarlo de tal derecho; o sobreactuar en el juicio, en los actos probatorios, etc, hasta convertirlos en un caos. También -sin que con ello se agoten todas las posibilidades- puede nacer de la intervención de terceros (tercerías), que de acuerdo con una de las partes, buscan entorpecer a la otra en su posición procesal” (sentencia No. 909 del 4 de agosto de 2000, caso: “Hans Gotterried Ebert Dreger”).

En todo caso, precisa la Sala que si la solicitante estima que se ha configurado un fraude procesal, el mecanismo extraordinario de la revisión no constituye en modo alguno la vía para denunciar su comisión, pues para demostrarlo se requiere un lapso probatorio amplio, propio del procedimiento ordinario. Al especto, ha señalado esta Sala que, “ante la denuncia de fraude procesal y cuando no se trate de una situación groseramente manifiesta en autos, la parte que se pretenda afectada por el mismo debe, en principio, intentar una demanda por los trámites del juicio ordinario, cuya fase cognitiva es más acorde con la pretensión de demostrar un fraude procesal” (vid. decisión No. 652 del 4 de abril de 2003, caso: “Ottoniel Javitt Villalón y otros)”.

Así las cosas, por las motivaciones expuestas a lo largo del presente fallo, esta Sala precisa que la revisión solicitada por el apoderado judicial de JBE, Lectronics, C.A. debe ser declarada que ha lugar. En consecuencia, se anula la decisión objeto de revisión, dictada el 1 de diciembre de 2010 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y se ordena que otro Juzgado Superior en lo Civil de la misma Circunscripción Judicial se pronuncie nuevamente sobre la apelación interpuesta por los apoderados judiciales de la referida compañía contra la decisión dictada el 29 de julio de 2010 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, tomando en cuenta y siguiendo los lineamientos expuestos a lo largo del presente fallo.

Igual pronunciamiento se realiza respecto del auto dictado el 1 de marzo de 2011 por el mencionado Juzgado Tercero de Primera Instancia, el cual queda igualmente anulado, así como todos los actos de ejecución que se hayan dictado con ocasión de la decisión emitida el 29 de julio de 2010 por dicho Tribunal Tercero de Primera Instancia.

Finalmente, visto que a los fines del cabal cumplimiento de la presente decisión resulta ineludible verificar con exactitud el quantum de las deudas declaradas jurisdiccionalmente a los fines de que opere la compensación de las mismas en los términos expuestos en el presente fallo, ante las distintas declaraciones que al respecto emitieron los diversos órganos jurisdiccionales y en aras de la consecución de una tutela judicial efectiva y eficaz, esta Sala estima imperioso que, una vez emitido el pronunciamiento respecto de la apelación ejercida contra la decisión dictada el 29 de julio de 2010 por el mencionado Juzgado Tercero de Primera Instancia, de acuerdo a los lineamientos señalados en esta decisión, el juzgado superior que corresponda conocer sobre dicha apelación, deberá ordenar la respectiva experticia complementaria del fallo a los fines de que se determinen con exactitud los montos a los cuales fueron condenadas las partes en los juicios referidos en esta decisión a los fines de poder dar cumplimiento, de manera efectiva, al presente fallo, en acatamiento y en garantía de una justicia expedita y eficaz.

Vistos los pronunciamientos emitidos en el presente fallo, resulta inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada, sin que ello implique incurrir en denegación de justicia.



DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara:

1. Que HA LUGAR la revisión solicitada por el apoderado judicial de JBE, LECTRONICS, C.A., respecto de la decisión dictada el 1 de diciembre de 2010 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.


2. ANULA la referida decisión dictada el 1 de diciembre de 2010 por el referido Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.


3. ORDENA a otro Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que emita un nuevo pronunciamiento, conforme a los lineamientos expuestos en el presente fallo, respecto de la apelación ejercida por los apoderados judiciales de JBE, Lectronics, C.A., contra la decisión dictada el 29 de julio de 2010 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.


4. ANULA el auto dictado el 1 de marzo de 2011 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, así como todos los actos de ejecución dictados con ocasión de la decisión emitida el 29 de julio de 2010 por el mencionado Juzgado.



Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.



Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 13 días del mes de julio de dos mil once. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

La Presidenta..."



Ficha:
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales
Expediente No. 11-0499
Fecha: 13 de Julio 2011