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El artículo 290 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 1993, estableció lo siguiente:

“Artículo 290.- Los miembros de la Junta Administradora, directores, administradores o empleados de un banco o institución financiera que se apropien o distraigan en provecho propio o de otro, los recursos del banco o institución financiera de que se trate, cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, serán penados con prisión de 2 a 5 años”.

En el contexto normativo vigente para la fecha, debe tenerse presente que el legislador optó por la pena corporal más gravosa como es la de prisión, a la cual se le añadió, como pena accesoria, la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo en los bancos y demás instituciones financieras, por un período de diez años desde la fecha de cumplimiento de la condena, de conformidad con el artículo 296 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 1993.

Además, se asume la descripción de las conductas de apropiación y distracción, en las cuales no debe apreciarse una distinción sustancial, ya que el “término distracción utilizado en la norma, podemos indicar que el Diccionario Jurídico ‘Cabanellas’, lo asimila en una de sus acepciones a la sustracción de cosas muebles, por lo que podemos indicar que lo que se trata es de la misma apropiación” (Cfr. Ramón Agilar C., y Ramiro Sosa Rodríguez. El Régimen de los Delitos Bancarios en Venezuela., Vadell Hnos., Valencia 1994, p. 64-65)  o en otro sentido similar, en el derecho comparado “la mayoría de los autores opinan que la palabra apropiarse incluye la distracción y el negar haber recibido, ya que la apropiación supone disponer de la cosa ajena como si fuera propia, al igual que la distracción, que suponen una manifestación de apropiación” (Cfr. María Luisa Silva Castaño. Delito de Apropiación Indebida y la Distracción de Dinero, en la obra de Enrique Bacigalupo (Director). Derecho Penal Económico. Hamurabi. Buenos Aires, 2000, p. 165). 

El contenido del anterior artículo, se mantiene en términos casi idénticos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras publicada en la Gaceta Oficial N° 5.555 del 13 de noviembre de 2001, que en su artículo 432, delimitó de forma más precisa, a los sujetos activos en la comisión del delito de apropiación o distracción de recursos, incluyéndose a los funcionarios de un banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio, con el claro objetivo de incluir o hacer responsable a cualquier persona que, sin importar la posición o el rango dentro de la entidad “bancaria”, se subsuma en la conducta delictiva, por lo que se precisó además en ese sentido, que los recursos objeto del hecho punible, incluyan aquellos que se encuentren a título de depósito en la institución que se trate, todo ello aunado al agravamiento de la pena, la cual pasó de dos a cinco años de prisión a la de ocho a diez años,  en los siguientes términos:

“Apropiación o Distracción de Recursos
Artículo 432. Los miembros de la junta administradora, directores, administradores, funcionarios o empleados de un banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio que se apropien o distraigan en provecho propio o de un tercero, los recursos del banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio, cuyo depósito, recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo o funciones, serán penados con prisión de ocho (8) a diez (10) años”.

Igualmente, se mantiene la pena accesoria de inhabilitación, la cual se amplía a la prohibición de ser promotores o accionistas principales y se delimita al ejercicio de los cargos neurálgicos en la gestión de la actividad de las instituciones sometidas a la legislación bancaria, al establecer que:

“Artículo 12. No podrán ser promotores, accionistas principales, directores, administradores y consejeros de bancos, entidades de ahorro y préstamo, demás instituciones financieras, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos:
(…)
4. Quienes sean condenados penalmente mediante sentencia definitivamente firme que implique privación de la libertad, por un hecho punible relacionado directa o indirectamente con la actividad financiera, no podrán ejercer los cargos mencionados en este artículo mientras dure la condena penal, más un lapso de diez (10) años, contados a partir de la fecha del cumplimiento de la condena”.

Posteriormente, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.892 de fecha 31 de julio de 2008, mantuvo las anteriores normas y, en particular, señaló:

“Apropiación o Distracción de Recursos
Artículo 432. Los miembros de la junta administradora, directores, administradores, funcionarios o empleados de un banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio que se apropien o distraigan en provecho propio o de un tercero, los recursos del banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio, cuyo depósito, recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo o funciones, serán penados con prisión de ocho (8) a diez (10) años”.

En la Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.947 extraordinario del 23 de diciembre de 2009, si bien cambia la numeración del tipo penal, en su contenido sólo se suprime la referencia en números a la penalidad -asimismo se retoma la regulación de la ley de 1993, respecto a la pena accesoria, por lo que la inhabilitación es nuevamente para el desempeño de cualquier cargo en los bancos y demás instituciones financieras, por un período de diez años desde la fecha de cumplimiento de la condena (artículo 396)-, por lo que la redacción de la norma fue del siguiente tenor:

“Apropiación o Distracción de Recursos
Artículo 379. Los miembros de la junta administradora, directores, administradores, funcionarios o empleados de un banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio que se apropien o distraigan en provecho propio o de un tercero, los recursos del banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio, cuyo depósito, recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo o funciones, serán penados con prisión de ocho a diez años”.

La Ley de Reforma Parcial de La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.491 del 19 de agosto de 2010, reproduce la norma parcialmente transcrita -y su pena accesoria (artículo 396)-, al disponer lo siguiente:

“Apropiación o Distracción de Recursos
Artículo 379. Los miembros de la junta administradora, directores, administradores, funcionarios o empleados de un banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio que se apropien o distraigan en provecho propio o de un tercero, los recursos del banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de cambio, cuyo depósito, recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo o funciones, serán penados con prisión de ocho a diez años”.

De una simple lectura de los artículos parcialmente transcritos, resulta claro un desarrollo histórico normativo que, a la par de las crisis financieras, han quedado sometidas bajo su ámbito de vigencia temporal; así mismo, han potenciado el incremento de las penas aplicables y el mantenimiento del nomen iuris, incluso en el vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.627 del 02 de marzo de 2011, que en su artículo 216, establece lo siguiente:

“Apropiación o distracción de recursos Información falsa para realizar operaciones bancarias
Artículo 216.- Las personas naturales señaladas en el artículo 186 de la presente Ley, que se apropien o distraigan en provecho propio o de un tercero los recursos de las Instituciones del Sector Bancario regulados por la presente Ley, cuyo depósito, recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo o funciones, serán penados con prisión de diez (10) a quince (15) años, y con multa igual al cien por ciento (100%) del monto total de lo apropiado o distraído. Con la misma pena será sancionado el tercero que haya obtenido el provecho con ocasión de la acción ilícita descrita en la presente norma.
Quienes con la intención de defraudar a una institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulterados o forjados o que contengan información o datos que no reflejan razonablemente su verdadera situación financiera, serán penados con prisión de diez a quince años y con multa igual al cien por ciento (100%) del monto total distraído.
Con la misma pena serán castigadas, las personas naturales que señala el artículo 186 de la presente Ley, de las instituciones sometidas al control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que conociendo la falsedad de los documentos o recaudos antes mencionados aprueben las referidas operaciones”.

En ese contexto normativo, debe abordarse el contenido y alcance de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.015 extraordinario, del 28 de diciembre de 2010, que establece igualmente el delito de “Apropiación o distracción de recursos”, bajo la siguiente redacción:

“Apropiación o distracción de recursos
Artículo 213. Quienes con la intención de defraudar a una institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarías, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulterados o forjados, o que contengan información o datos que no reflejen razonablemente su verdadera situación financiera, serán penados con prisión de diez a quince años y con multa igual al cien por ciento (100%) del monto total distraído.
Con la misma pena serán castigadas, las personas naturales que señala el artículo 186 de la presente Ley, de las instituciones sometidas al control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que conociendo la falsedad de los documentos o recaudos antes mencionados aprueben las referidas operaciones”.

Igualmente, se destaca que se agrava la pena accesoria de inhabilitación, al establecer en el artículo 277 eiusdem, que las “personas condenadas mediante sentencia definitivamente firme, por delitos castigados de conformidad con la presente Ley, quedarán inhabilitadas para el desempeño de cualquier posición o función en instituciones públicas o privadas del Sistema Financiero Nacional, por un lapso de quince años, contados a partir de la fecha del cumplimiento de la condena correspondiente”.