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Sala Constitucional
Marzo, 2010



El 5 de agosto de 2009, fue presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional escrito contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Carmen Judith González de López y Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 59.379 y 105.200, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS, titular de la cédula de identidad N° 5.269.757, contra la decisión dictada, el 6 de marzo de 2009, por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, para cuya fundamentación alegaron la violación de los derechos a la defensa, a la igualdad, “de un juicio justo, equitativo, transparente e imparcial …[y] de la finalidad del proceso como búsqueda de la verdad”, en el proceso penal que se le sigue a dicho ciudadano por la presunta comisión de los delitos de  homicidio culposo y lesiones culposas.

El 14 de agosto de 2009, se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien la asume y, con tal carácter, la suscribe.

El 6 de octubre de 2009, el abogado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, anteriormente identificado, solicitó a esta Sala que se pronuncie sobre la admisión del amparo y decrete la medida cautelar referida a que se paralice el juicio penal que motivó el presente caso.

El 1° y el 18 de febrero de 2009,  el abogado ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS, presentó escritos mediante los cuales manifiesta su interés procesal en la presente causa.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:



I

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN



Los abogados Carmen Judith González de López y Eric Lorenzo Pérez Sarmiento fundamentaron la acción de amparo constitucional bajo los alegatos que, a continuación, la Sala resume:

Que interponen acción de amparo constitucional “…contra la Sentencia dictada, en fecha 06 de marzo de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas…, por la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión del Juez Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio de aquel Circuito, que desestimó la acusación presentada por el Vindicterio (sic) contra nuestro representado, toda vez que en dicho acto conclusivo figuraba solamente éste como acusado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas con motivo de un accidente del tránsito, cuando está comprobado en autos que en dicho accidente también tomó parte otro conductor, que se hallaba en evidente estado de embriaguez alcohólica, el cual ni siquiera fue imputado”.

Que “[e]n fecha 03 de mayo de 2002, aproximadamente a las 8:30 P.M., en un lugar muy oscuro, conocido como Sector La Orchila, de la Carretera Nacional, entre las poblaciones de El Tejero y Maturín, nuestro representado JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS, ya identificado, conducía el Autobús No. 1041, Placas AD1-63X, perteneciente a la empresa Aeroexpresos Ejecutivos, C.A., con 46 pasajeros a bordo, cuando se encontró de pronto con un vehículo tipo pesado (Gandola), marca Mark, placas 041-XIP, el cual estaba estacionado sobre la vía, en el mismo canal de circulación de nuestro representado, completamente a oscuras sobre la vía”.

Que “[a]nte esta circunstancia, nuestro representado tuvo que realizar una maniobra de esquive, que lo llevó a invadir el carril contrario, pero sin que pudiera evitar que el lateral derecho del autobús colisionara con el lado izquierdo de la batea del camión. Asimismo, al invadir el canal de circulación contraria, el autobús chocó ligeramente con un automóvil, marca Chrysler, placas OAB-07E, que venía de frente por la senda contraria, sacándolo de la vía, pero sin mayores consecuencias”.

Que “…EL CHOFER DE LA GANDOLA, DE NOMBRE ANIBAL (sic)   JOSÉ PALACIOS RUÍZ, PONÍA EN MOVIMIENTO SU VEHÍCULO Y SE DABA A LA FUGA, PERO FUE DETENIDO UNOS KILÓMETROS MÁS ADELANTE, EN LA POBLACIÓN DEL COROZO Y AL PRACTICÁRSELE LA CORRESPONDIENTE PRUEBA DE ALCOLEMIA, RESULTÓ QUE TENÍA 1,36 GRAMOS DE ALCOHOL POR CADA 100 MILILITROS DE SANGRE, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTABA EN PROFUNDO ESTADO DE EMBRIAGUEZ ALCOHÓLICA Y ASÍ QUEDO ASENTADO EN LAS ACTUACIONES”.

Que, “…como consecuencia de [esos] hechos fallecieron tres (3) personas y resultó gravemente lesionado otra, todos los cuales viajaban en el autobús”.

Que, “[s]in embargo, a pesar de que de autos consta que el conductor ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ estaba borracho para el momento del accidente, que su vehículo se encontraba totalmente a oscuras sobre la vía en una zona también muy oscura y que, además, se dio a la fuga al momento del accidente, el Ministerio Público NO LO ACUSÓ y sólo pretende llevar a juicio oral y público a nuestro representado”.

Que “[e]sta actuación del Ministerio Público resulta incomprensible” conforme al contenido del “… artículo 129 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.332 de fecha 26 de noviembre de 2001, vigente para el momento del accidente que nos ocupa”; que refiere “…[s]e presume, salvo prueba en contrario, que el conductor es responsable de un accidente de tránsito cuando al ocurrir éste, el conductor se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o conduzca a exceso de velocidad”.

Que “[e]s evidente que las circunstancias, debidamente en autos, de que el conductor ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ estuviera comprobadamente borracho para el momento del accidente, que su vehículo se encontraba totalmente a oscuras sobre la vía en una zona también muy oscura y que, además, se diera a la fuga al momento del accidente, constituían argumentos suficientes para presumir la responsabilidad de este en el siniestro y para fundamentar la defensa de nuestro representado, bajo la tesis de descargo en el coacusado”.

Que “…llegado el momento del juicio oral de la presente causa, en fecha 17 de marzo de 2008, la Defensa de nuestro representado JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS, de conformidad con el artículo 31 del COPP, en relación con los artículos 28, numeral 4, literal e) y 346 ejusdem, opuso como EXCEPCIÓN a la Acusación, el incumplimiento de requisitos de procedibilidad por parte del Ministerio Público para intentarla, toda vez que se había omitido la práctica de diligencias de investigación solicitadas oportunamente por la Defensa y porque, además de obrar en su contra las evidencias que ya hemos señalado, así como la presunción de responsabilidad consagrada en el artículo 129 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre”.

Que “…en fecha 24 de marzo de 2009, el Juez Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas profiere un AUTO en el cual declara CON LUGAR, por sus propios fundamentos, las EXCEPCIONES opuestas por la Defensa, e inadmite la Acusación del Ministerio Público, dejando a salvo lo establecido en el último aparte del artículo 20 del COPP”.

Que “[c]ontra esta Decisión del Juez de Juicio, el Ministerio Público por órgano del Fiscal Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, estableció Recurso de Apelación de Autos, el cual fue declarado CON LUGAR por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de aquel Estado, en fecha 06 de marzo de 2009, mediante la decisión que aquí impugnamos”.

Que “…la Defensa de nuestro representado ha escogido como tesis adversativa, la llamada estrategia de DESCARGO EN TERCERO PRESENTE, que consiste en atribuir la responsabilidad que se nos endilga a un real o potencial coacusado, dando lugar a un esquema de defensas incompatible por recíproca incriminación”.

Que “…la responsabilidad por existencia de una colisión de vehículos automotores está regulada por el artículo 127 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre”.

Que el artículo 127 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre “[s]e trata de un precepto de carácter general y común en materia de responsabilidad que no distingue entre las de carácter penal y las de carácter civil o administrativo, lo cual es plenamente entendible, pues sabemos que la determinación de la vía jurisdiccional para la exigencia de esas responsabilidades dependerá de si en la colisión de marras han existido o no muertos o lesionados”.

Que “…el dispositivo del artículo 127 de nuestro actual Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, no es una norma de carácter exclusivamente civil, como erróneamente lo declara la Corte de Apelaciones monaguense en la Decisión impugnada, y por ello, habida cuenta de que en nuestro caso estamos ante un proceso penal, la presunción iuris tantum contenida en la norma en comento debió ser aplicada para llevar ante los tribunales al conductor de la gandola o camión pesado que pudo haber causado la colisión, en la que se vio involucrado el vehículo que conducía nuestro representado y cuya responsabilidad se le achaca en solitario”.

Que “[p]or tanto, si desde la mera investigación, el Ministerio Público, ignorando inclusive los pedimentos de diligencias de investigación promovidos por la Defensa de nuestro defendido, determina que el ciudadano conductor del otro vehículo (gandola), o sea ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ, no es responsable del accidente en grado alguno y decide no acusarlo, a pesar de que está documentalmente acreditado en autos que estaba borracho para el momento del accidente, que su vehículo se encontraba totalmente a oscuras sobre la vía en una zona también muy oscura y que, además, se dio a la fuga al momento del accidente, entonces el Ministerio Público estaría violando el derecho a la defensa de nuestro representado, por cuanto le estaría privando del derecho a controlar y contradecir la prueba de exculpación de aquel”.

Que “…la infracción del artículo 49, numeral 1 constitucional que atribuimos a la Corte de Apelaciones sindicada de agraviante consiste en que refrendó esa inconstitucional, ilegal y arbitraria actuación del Ministerio Público, que ya había sido corregida por el Juez de Juicio”.

Que “[e]s evidente que la Corte de Apelaciones sindicada de agraviante, infringe el derecho constitucional a la defensa de nuestro representado, al cohonestar y respaldar al fiscal del Ministerio Público con esa conducta y así lo denunciamos”.

Que “…la Corte de Apelaciones agraviante toma como fundamento para su infortunada decisión la llamada ‘Doctrina acerca del monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público’, consagrada hoy no sin reservas, en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. En este mismo orden de ideas, la Corte de Apelaciones monaguense supone que dicho ‘monopolio’ implica que ningún Tribunal de la República puede ordenar al Ministerio Público que acuse a tal o cual persona”.

Que “[s]e equivoca de medio a medio la Corte de Apelaciones agraviante, pues, en primer lugar, el llamado monopolio de la acción penal, que implica solamente que ningún otro sujeto procesal penal venezolano, quedó seriamente cuestionado por la Sentencia No. 3267, dictada por la Sala Constitucional en el caso VIPROCA…Dicha sentencia autorizó a las víctimas a presentar directamente una acusación particular propia ante el Juez de Control en los casos donde el Ministerio Público no acuse dentro de los plazos de prórroga que se le confieran conforme a los artículos 313 y 314 del COPP. Por otra parte, los tribunales de lo penal y en particular esta Sala Constitucional SI pueden conminar al Ministerio Público a que acuse EN AQUELLOS CASOS EN QUE SEGÚN LA LEY SEA OBLIGATORIO HACERLO”.

Que “…el caso que nos ocupa es precisamente uno de esos casos, en los que la Ley obliga al Ministerio Público a acusar a una persona, porque nuestro defendido solo puede defenderse plenamente y la justicia solo puede alcanzar sus fines si el otro conductor que se vio involucrado en la colisión objeto del proceso, es llevado juicio (sic) oral y público: única oportunidad donde puede demostrarse cuál de los dos fue el causante del accidente”.

Que “…la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas de fecha 06 de marzo de 2009, contra la que solicitamos amparo constitucional viola flagrantemente este artículo 21 de nuestra Carta Magna, y no garantiza para nada el derecho a la igualdad de nuestro representado”.

Que “…es evidente que nuestro representado, JESÚS AMADO MUÑOZ  VILLEGAS, no ha sido objeto de ese trato igualitario por parte del Ministerio Público, y que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, que venía obligada a ello como Tribunal Superior Colegiado, no salvaguardó los derechos legítimos de igualdad de aquel”.

Que “[l]a ley es  clara en este punto y sin embargo, la Corte de Apelaciones agraviante, basada en su errónea interpretación del llamado monopolio del Ministerio Público sobre el ejercicio de la acción penal y en su no menos equivocada concepción de que los artículos 127 y 129 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre son normas de estricta responsabilidad civil, ha ignorado olímpicamente el derecho al tratamiento igualitario de nuestro representado, apoyando una posición de la Vindicta Pública que es a todas luces ilegal y arbitraria”.

Que “[e]ra a la Corte de Apelaciones a quien le tocaba tomar nota de que el Ministerio Público, en la propia acusación contra nuestro cliente, admite que el otro conductor, ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ, estaba comprobadamente borracho para el momento del accidente, y que se dio a la fuga. También debió la Corte de Apelaciones notar que el Ministerio Público imputa a nuestro cliente, como circunstancia de agravación, el que éste supuestamente dañó el tacógrafo o dispositivo regulador de velocidad de su vehículo, sin que en las investigaciones haya la menor evidencia de ello”.

Que “…en las condiciones mismas en que ocurrieron los hechos, no es posible un juzgamiento sereno y veraz, si la persona que, conforme a las presunciones legales explicadas, resulta presuntamente culpable de los hechos, es judicialmente dispensado de comparecer ante la justicia, en razón de la decisión que aquí impugnamos. Esto, como ya hemos explicado en anteriores denuncias, lesiona el derecho a la defensa de nuestro representado, en tanto le priva de la posibilidad de descargo en su coacusado y más aún lesiona el valor justicia y la transparencia de la actuación judicial, ya que la exoneración de aquel podría producir impunidad”.

Que “…era imperativo que todos los conductores involucrados en el accidente, en tanto presuntos responsables, fueran acusados y ninguno exonerado a priori. En este sentido resalta la confesión que realiza el Fiscal Cuarto del Ministerio Público en Monagas, en su escrito de apelación contra la decisión del Juez de Juicio, de fecha 24 de marzo de 2008, cuando dice que ya estableció que el ciudadano ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ, quien estaba comprobadamente borracho para el momento del accidente y que se dio a la fuga en ese momento, no tuvo ningún tipo de responsabilidad en el accidente y que solamente, nuestro representado JESÚS AMADO MUÑOZ  VILLEGAS  SERÍA EL ÚNICO RESPONSABLE DEL ACCIDENTE. ¿Quién lo estableció y cuando? Nosotros pensamos que esas solo pueden ser determinaciones judiciales y estas no se han dado aún”.

Que “…el Fiscal del Ministerio Público usurpó, con anuencia de la Corte de Apelaciones, las funciones de los Jueces de Primera Instancia, pues con el sólo hecho de no presentar acto conclusivo alguno contra ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ , ya decretó la absolución de aquel contra quien obran las máximas presunciones de culpabilidad, sin que ni siquiera hubiere solicitado su SOBRESEIMIENTO, y en segundo lugar, ya el mismo Fiscal, por ese mismo hecho, estaría pre-condenando penalmente a nuestro patrocinado JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS, aun antes del juicio oral. Este tratamiento desigual es inaceptable, ante la existencia de una norma típica de culpa concurrente como lo es el artículo 127 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito Terrestre y Transporte Terrestre”.

Que “…nuestra solicitud de amparo constitucional no se dirige contra la actuación del Ministerio Público, sino contra la Decisión de fecha 06 de marzo de 2009, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas”.

Que “…la Decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas que adversamos, no cumple para nada con aquel hermoso predicamento [que el proceso constituye un instrumento fundamental para la búsqueda de la justicia y la verdad], porque pretende que nuestro representado, JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS, sea juzgado en solitario, cuando en su caso hay otro presunto responsable (ANIBAL (sic) JOSÉ PALACIOS RUÍZ) por ministerio de la Ley”.

En virtud del anterior fundamento, los abogados accionantes solicitaron que se declare con lugar la acción de amparo constitucional y “…se reponga la vigencia de la Decisión dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, en fecha 24 de marzo de 2008”; asimismo, pidieron que se decretara una medida cautelar referida a la suspensión del proceso penal que se le sigue al quejoso de autos, hasta tanto se resuelva la presente solicitud de amparo constitucional.



II

DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL SUPUESTAMENTE LESIVA



El 6 de marzo de 2009, la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas declaró con lugar el recurso de apelación que interpuso el Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas contra la decisión dictada el 24 de marzo de 2008, por el Tribunal Primero de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, la cual revocó y se ordenó la celebración de un juicio oral y público, ante el Juez del referido Tribunal Primero de Juicio.

Tal decisión tuvo como fundamento, lo siguiente:

En cuanto al alegato esgrimido por el Fiscal recurrente, señalado en el punto anterior; esta Alzada Colegiada, una vez analizado el mismo, así como los argumentos esbozados por el juez a quo para proceder a declarar con lugar la excepción interpuesta (en la audiencia oral y pública)  por la defensa del acusado Jesús Amado Muñoz Villegas, y desestimar la acusación Fiscal, considera que, le asiste la razón al recurrente de autos, en virtud de que, no se encuentra ajustado al actual sistema procesal penal venezolano, el pronunciamiento emitido por el juez de instancia, que declaró con lugar una excepción interpuesta por la defensa del acusado Jesús Amado Muñoz Villegas, que hace mención a la falta de requisitos de procedibilidad para intentar la acción penal, por cuanto a su parecer, el representante fiscal no intentó la acción penal en contra del otro conductor Anibal  (sic) José Ruiz, quien según las actas se encontraba en estado de ebriedad al momento de ocurrir el accidente, y que por ello, a criterio del jurisdicente, era aplicable para el caso en concreto, el contenido del artículo 127 de la Ley de Transito (sic) y Transporte Terrestre, que establece que, en caso de colisión, salvo prueba en contrario, los conductores tienen igual responsabilidad de los daños causados, y, el contenido del artículo 129 eiusdem, que señala que, se presume, salvo prueba en contrario, que el conductor es responsable de un accidente de tránsito, cuando al ocurrir éste, se encuentre bajo los efectos del alcohol.

Afirmación que permitimos hacer, porque resulta cierto -a nuestro criterio- lo argumentado por el representante del Ministerio Público en cuanto a que no era aplicable al caso de marras las disposiciones previstas en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, en virtud de que, estamos en presencia de un sistema procesal penal de corte acusatorio, donde de conformidad con el artículo 11 del COPP, la titularidad de la acción penal corresponde al Estado venezolano a través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales, que vienen dadas por aquellos casos de delitos de acción privada perfectamente establecidos en la ley sustantiva penal. Así las cosas, ha de entenderse que en el actual sistema procesal penal, el juez es un tercero imparcial, que resuelve los conflictos surgidos entre las partes, a saber, fiscal, victima (sic) e imputado; por lo cual, mal puede el juez asumir atribuciones de cualquiera de estas partes, es decir, no puede convertirse en Fiscal, victima (sic) o imputado y tomar el rol que por ley le es atribuido a cada uno de ellos. En el caso que nos ocupa, a criterio de esta Alzada, el juez de Juicio Abogado Manuel Enrique Padilla, al declarar con lugar la excepción interpuesta por la defensa, tomando como fundamento de su decisión, el derecho de la victima (sic) de exigir la reparación de los daños que le fueron generados con ocasión al accidente de tránsito origen del proceso que nos ocupa; lejos de amparar los intereses y derechos de ésta, ha producido, tal y como lo señala el representante fiscal, un gravamen irreparable en contra de ella, al haber dilatado el proceso penal retrotrayéndolo a etapas superadas (Investigación), como consecuencia de la decisión emitida de ordenar al representante fiscal, adelantar investigación con respecto al conductor del otro vehículo; arrogándose el juez con tal actuación, el rol del Ministerio Público, cuando lo correcto y ajustado a derecho, es que realizara la audiencia oral y pública y determinara si efectivamente la acusación fiscal, debidamente admitida por el juez de control, arrojaba elementos para fundar una sentencia de condena en contra del ciudadano acusado; mucho más cuando las victimas (sic) del proceso penal que nos ocupa, en momento alguno, solicitaron al juez recurrido, ser amparadas en su derecho de exigir la reparación de los daños sufridos.

Además de todo lo anteriormente expuesto, no deja de sorprender a esta Alzada Colegiada que el juez a quo, en la decisión objetada, aplicó normas de índole netamente civil que establecen una presunción responsabilidad civil (Artículo 127 y 129 de la Ley de Transito (sic) Terrestre), en un proceso penal, de índole garantista, donde prevalece tanto por orden constitucional (Artículo 49 ordinal 2° (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) como por orden procesal (Artículo 8 del COPP) el principio de presunción de inocencia de responsabilidad penal a favor del imputado; al presumir responsable un sujeto que no había sido formalmente imputado por el titular de la acción penal (Fiscal del Ministerio Público, al Tratarse de un delito de acción pública), ni considerado como tal, por la victima (sic); asunto éste inaceptable desde todo punto de vista, toda vez que, con tales argumentos jurídicos, emite un fallo contrario a las normas rectoras del proceso penal, cuya incolumidad le fue encomendado velar, ocasionando con ello, un gravamen irreparable a la parte que, bajo argumentos irracionales señala que protege con su decisión (Victima) (sic), y prácticamente obligando al Representante Fiscal (Titular de la Acción Penal) a acusar penalmente a un ciudadano, en contra del cual, a criterio de éste último, no surgen elementos para hacerlo; motivos por los cuales, ha de establecerse, tal y como se señaló precedentemente que, le asiste la razón al recurrente autos, debiendo declararse CON LUGAR el recurso interpuesto, y revocarse la decisión impugnada. Y así se establece.

Emitidos como han sido los pronunciamientos ut supra declarados, con base a los argumentos antes explicados, se dan por respondidos los alegatos indicados por el representante de la defensa en su escrito de contestación al recurso interpuesto, por lo cual ténganse como resueltos, debiendo negarse la solicitud de sobreseimiento requerida en dicho escrito. Y así se establece.

Por todos y cada uno de los razonamientos anteriormente expuestos se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Público en contra de la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo penal en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, a cargo del abogado Manuel Enrique Padilla, en consecuencia se REVOCA la aludida decisión y se ordena la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un juez distinto al que emitió el fallo aquí revocado, no obstante, como quiera que actualmente se encuentra en el citado Tribunal una Jueza distinta a aquel que emitió el fallo, se ordena la remisión de las presente actuaciones a dicho Tribunal para que proceda a fijar y celebrar nueva audiencia oral y pública. Y así se establece.





III

DE LA COMPETENCIA



Corresponde a esta Sala previamente determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, a tal efecto, observa:

De conformidad con lo establecido por esta Sala Constitucional en decisión N° 1, del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), le corresponde conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de la República, las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal y, respecto de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, en tanto su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal, conforme lo dispone el numeral 20 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Visto que la acción de amparo constitucional sometida a la consideración de la Sala, tiene por objeto una decisión dictada por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, esta Sala Constitucional se declara competente para resolver la presente acción, en atención al literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la antedicha Ley Orgánica, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que no ha sido derogada y establece el amparo contra sentencia. Así se establece.



IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR





Precisado lo anterior, la Sala observa que la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la decisión dictada, el 6 de marzo de 2009, por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, que declaró con lugar el recurso de apelación que intentó la representación del Ministerio Público contra el auto dictado, 24 de marzo de 2008, por el Tribunal Primero de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, que declaró con lugar la excepción prevista en los artículos 28, numeral 4, letra e y 346 del Código Orgánico Procesal Penal, “…relacionada con los requisitos de procedibilidad para intentar la acción, bajo el argumento de la defensa de que el Ministerio Público [obvió] lo previsto en la Ley de Transito (sic) y Transporte Terrestre, respecto a que en caso de colisión entre vehículos se presume salvo prueba en contrario que los conductores tienen igual responsabilidad por los daños causados…”; y desestimó la acusación fiscal interpuesta contra el ciudadano Jesús Amado Muñoz Villegas, por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

En efecto, sostuvo la parte actora que, en el presente caso, la referida Corte de Apelaciones le cercenó al ciudadano Jesús Amado Muñoz Villegas sus derechos a la defensa, a la igualdad, de un juicio justo, equitativo transparente e imparcial y de la finalidad del proceso como búsqueda de la verdad, toda vez que ese juzgado colegiado avaló el hecho referido a que el representante del Ministerio Público no acusó al ciudadano Aníbal José Palacios Ruíz, quien, a juicio de los abogados accionantes, es responsable de los hechos punibles que ameritaron el inicio del proceso penal que motivó el amparo.

Así pues, destacó la defensa técnica del quejoso que ““[e]n fecha 03 de mayo de 2002, aproximadamente a las 8:30 P.M., en un lugar muy oscuro, conocido como Sector La Orchila, de la Carretera Nacional, entre las poblaciones de El Tejero y Maturín, nuestro representado JESÚS AMADO MUÑOZ VILLEGAS, ya identificado, conducía el Autobús No. 1041, Placas AD1-63X, perteneciente a la empresa Aeroexpresos Ejecutivos, C.A., con 46 pasajeros a bordo, cuando se encontró de pronto con un vehículo tipo pesado (Gandola), marca Mark, placas 041-XIP, el cual estaba estacionado sobre la vía, en el mismo canal de circulación de nuestro representado, completamente a oscuras sobre la vía”; asimismo, que el conductor de la Gandola era el ciudadano Aníbal José Palacios Ruíz, quien se encontraba en estado de embriaguez al momento del accidente.

En ese sentido, precisaron los abogados solicitantes que, conforme a lo señalado en el artículo 127 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, el ciudadano Aníbal José Palacios Ruíz resultaba responsable penalmente de los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2002, y que ello ameritaba que el Ministerio Público lo acusara, pero que la representación del Ministerio Público no propuso acusación contra dicho ciudadano, sino únicamente contra el ciudadano Jesús Amado Muñoz Villegas, lo que imposibilitaba el ejercicio pleno de su defensa, y menoscababa su derecho a la igualdad.

Por último, alegó la parte actora que la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas basó su decisión en la doctrina del monopolio de la acción penal del Ministerio Público, considerando que ningún Tribunal de la República puede ordenar a ese órgano que “…acuse a tal o cual persona”, lo que quedó seriamente cuestionado en la sentencia “…No. 3267, dictada por la Sala Constitucional en el caso VIPROCA”.

Por su lado, la Corte de Apelaciones Accidental  del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público, al considerar que el Juez de Primera Instancia en lo Penal se arrogó el rol del Ministerio Público cuando declaró con lugar la excepción opuesta por la defensa técnica del ciudadano Jesús Amado Muñoz Villegas, y no analizar si la acusación fiscal, que fue admitida por el Juez de Control, “…arrojaba elementos para fundar una sentencia de condena en contra del ciudadano acusado”.

Ahora bien, observa esta Sala que en el vigente proceso penal de corte acusatorio, el Ministerio Público es el titular de la acción penal, conforme lo dispone el artículo 285, numeral 4, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé que son atribuciones del Ministerio Público ejercer, en nombre del Estado, la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere la necesario instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley. La anterior disposición constitucional es desarrollada por el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que la acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales, y una de las excepciones establecidas en la ley se refiere que al ejercicio de la acción penal en el procedimiento que se inicia a instancia de parte agraviada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dentro del ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público goza de autonomía (principio que no debe confundirse con el monopolio de la acción penal), la cual consiste en que nadie le puede imponer a dicho órgano que actúe de una determinada manera dentro de los procesos penales en que deba intervenir. Dicha autonomía es considerada por la doctrina como autonomía o magistratura vertical, que es distinta a la autonomía o magistratura horizontal que tienen todos los jueces de la República.

En efecto, la magistratura o autonomía vertical tiene como parámetro a tomar en cuenta la organización vertical y jerárquica que existe en el Ministerio Público, toda vez que todos los Fiscales del Ministerio Público actúan en nombre del Fiscal o Fiscala General de la República (artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público), mientras que la autonomía o magistratura horizontal es típica del Poder Judicial, donde todos los jueces son equivalentes en la sujeción a la obediencia a la ley y el derecho, como lo establece el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Así pues, la autonomía del Ministerio Público está prevista en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuya disposición es un desarrollo del artículo 272 constitucional que dispone que el Poder Ciudadano, integrado, entre otros, por el Fiscal o Fiscala General de la República, es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa.    

En torno a la autonomía del Ministerio Público, la Sala, en la sentencia N° 1747, del 10 de agosto de 2007 (caso: Mónica Andrea Rodríguez Flores), asentó lo siguiente:

Así pues, esta Sala Constitucional ha señalado, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que el Ministerio Público es autónomo e independiente, por lo que ninguna instancia judicial puede obligarlo a acusar la comisión de un determinado delito, ni señalarle cómo concluir una investigación.

En efecto, esta Sala, en sentencia N° 1405, del 27 de julio de 2004, caso: Isaac Pérez Recao, señaló, respecto a la autonomía e independencia del Ministerio Público, lo siguiente:

“Ahora bien, esta Sala hace notar que el Ministerio Público, como órgano encargado de ordenar y dirigir la investigación penal, goza de autonomía, por lo que no puede obligársele, en el proceso penal ni a través del amparo, a que solicite el sobreseimiento de alguna causa que esté bajo su conocimiento”.

Dentro de esa autonomía e independencia, el Ministerio Público puede concluir de cualquier manera la fase de investigación y establecer en el libelo acusatorio el delito que con base en su autonomía impute a alguna persona. En efecto, el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, sólo debe obedecer a la ley y al derecho, por lo que no puede ningún Juez obligarlo a ejercer dicha acción penal para determinar la acusación de un determinado delito. En el ejercicio de la acción penal, por tanto, encontramos que el Ministerio Público debe, en caso de que lo considere conveniente y conforme lo señala el cardinal 4 del artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal, formular la acusación, y ello debe hacerlo de acuerdo con los elementos de convicción que resulten de la investigación, para lo cual determinará, en forma clara y precisa, el hecho punible que considere que cometió el imputado, sin que ningún Tribunal deba señalarle cuál es el delito que debe plasmar en el libelo acusatorio”.



De manera que, a juicio de la Sala Constitucional ningún Tribunal de la República puede obligar al Ministerio Público para que acuse a un determinado ciudadano, o, bien, concluya la investigación de cierta manera, toda vez que dicho órgano goza plenamente de autonomía funcional.

En consecuencia, esta Sala Constitucional considera que el alegato de la parte actora, referido a que se obligue, a través de una decisión judicial, a que el Ministerio Público acuse al ciudadano Aníbal José Palacios Ruíz, como mecanismo de defensa del quejoso de autos, no es procedente en derecho.

En efecto, esta Sala concluye que la decisión adoptada por le Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas se ajustó a la normativa constitucional y legal que establece la autonomía del Ministerio Público. Además, esta Sala precisa que el hecho de que el representante del Ministerio Público no haya acusado a un ciudadano distinto al quejoso de autos, no entorpece el ejercicio del derecho a la defensa del ciudadano Jesús Amado Muñoz Villegas, quien, con su defensa técnica, pueden desvirtuar, en el juicio oral y público, la imputación formal (acusación fiscal o particular propia), que fueron propuestas en su contra, tanto por el órgano fiscal como por las demás víctimas que se hicieron parte en el proceso penal.

Por lo tanto, a juicio de esta máxima instancia constitucional no se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para que proceda la acción de amparo constitucional interpuesta contra la decisión dictada, el 6 de marzo de 2009, por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del  Estado Monagas, toda vez que dicho órgano colegiado no actuó fuera de su competencia ni cercenó derechos constitucionales al quejoso.

En virtud de la anterior argumentación, esta Sala declara improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano Jesús Amado Muñoz Villegas, contra la decisión dictada, el 6 de marzo de 2009, por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del  Estado Monagas. Así se decide.

Dada la naturaleza de la presente decisión, la Sala considera inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada conjuntamente con la interposición del amparo constitucional. Así se declara.



V

DECISIÓN



Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis, la acción de amparo constitucional interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano Jesús Amado Muñoz Villegas, contra la decisión dictada, el 6 de marzo de 2009, por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del  Estado Monagas.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  05  días del mes de marzo  de dos mil diez (2010). Años 199º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Presidenta,





Luisa EstelLa Morales Lamuño



Vicepresidente,           





Francisco A. Carrasquero López



Los Magistrados,





Jesús Eduardo Cabrera Romero




PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ





MarcoS Tulio Dugarte Padrón





CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

Ponente





ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES



El Secretario,





José Leonardo Requena Cabello




Ficha:
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Exp: 09-0945
Enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Marzo/87-5310-2010-09-0945.html