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Fernando M. Fernández Socio de Baker & McKenzie
LA DETENCION por flagrancia o in fraganti es una institución de rango constitucional, que ha sido repetida casi invariablemente en las 26 constituciones que hemos tenido, como la única excepción a la regla de la detención judicial. Tan importante es que si alguien es capturado flagrantemente en delito, debería ser condenado.

Delito flagrante es el que se está cometiendo o acaba de cometerse, o aquel

por el cual el imputado se vea perseguido por la autoridad policial, por la

víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de

haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se

cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan

deducir con certeza que él es el autor.

En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá,

aprehender al sorprendido, siempre que el delito amerite pena privativa de

libertad, entregándolo a la autoridad más cercana. Esta es la única

excepción a la regla constitucional sobre la detención por orden de un juez.

Ahora bien, en caso de delito flagrante, el Ministerio Público podrá

proponer la aplicación del procedimiento abreviado. Lo que no obsta para que

siga con el procedimiento ordinario. Lo importante es que pueda alegar que

el aprehendido fue capturado 'con las manos en la masa'. Ello es más

importante que cualquier confesión u otra prueba.

Bien sea que se alegue la flagrancia en el procedimiento abreviado o en el

ordinario, el juez debe verificar con objetividad e imparcialidad la certeza

de la imputación y de los hechos. De ser comprobada la verdad y exactitud de

ambos extremos, el fiscal tendrá en sus manos una poderosa herramienta para

ganar el juicio.

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