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"...De la enumeración de los sujetos considerados como víctimas en un proceso penal, no se evidencia que en el presente caso el recurrente pueda ser considerado como tal, ya que él no es el ofendido directamente en los delitos de los tipificados en la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, hoy Ley Contra la Corrupción, ya que el afectado es el propio Estado o algún otro ente de naturaleza pública que la ley establezca, razón por la cual, no legitima a cualquier particular para ser considerado como víctima en un proceso penal, en los delitos contra la cosa pública...."

Enviado por: Francisco Santana PS&A Abogados


"...A la luz del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son atribuciones del Ministerio Público, entre otros:

“4. Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley.”

El Código Orgánico Procesal Penal, contiene una serie de normas que reglamentan las atribuciones del Ministerio Público, a saber:



“Artículo 11. Titularidad de la Acción Penal. La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales.”



“Artículo 50. Intereses Públicos y Sociales. Cuando se trate de delitos que han afectado el patrimonio de la República, de los Estados o de los Municipios la acción civil será ejercida por el Procurador General de la República, o por los Procuradores de los Estados o por los Síndicos Municipales, respectivamente, Salvo cuando el delito haya sido cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, caso en el cual corresponderá al Ministerio Público.

(…)



Cuando en la comisión del delito haya habido concurrencia de un particular con el funcionario público, el ejercicio de la acción civil corresponderá al Ministerio Público.”



Artículo 108. Atribuciones del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público en el proceso penal:

(…)

9. Ejercer la acción civil derivada del delito, cuando así lo dispongan este Código y demás leyes de la República;

(…)

12. Actuar en todos aquellos actos del proceso que, según la ley, requieran su presencia;

13. Ejercer los recursos contra las decisiones que recaigan en los juicios en que intervenga;

(…)”.

La derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público 

“Artículo 31.-En materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, el Ministerio Público tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1) Ejercer las acciones a que hubiere lugar, para hacer efectiva la responsabilidad penal, civil y disciplinaria en que hubieren incurrido las personas indicadas en el artículo 2° de esta Ley.

2) Solicitar a los cuerpos policiales o a los tribunales competentes la realización de las averiguaciones correspondientes para completar las actuaciones y recabar los elementos que faltaren en los expedientes que le remita la Contraloría General de la República, a los fines de decidir acerca de la procedencia del ejercicio de la acción penal o civil contra las personas sometidas a investigación por el órgano contralor.”





Todas estas disposiciones legales fundamentan la falta de legitimación del recurrente para calificarse de víctima en un juicio penal seguido por la presunta comisión de delitos que afectan el patrimonio público, ya que el bien jurídico tutelado es la administración pública.



Por otra parte, el artículo 116 del Código Orgánico Procesal Penal, establece de manera taxativa los sujetos que pueden ser considerados como víctimas en el proceso penal.

Dicho artículo reza de la manera siguiente:

“Artículo 119. Definición. Se considera víctima:

1º. La persona directamente ofendida por el delito.”



De la enumeración de los sujetos considerados como víctimas en un proceso penal, no se evidencia que en el presente caso el recurrente pueda ser considerado como tal, ya que él no es el ofendido directamente en los delitos de los tipificados en la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, hoy Ley Contra la Corrupción, ya que el afectado es el propio Estado o algún otro ente de naturaleza pública que la ley establezca, razón por la cual, no legitima a cualquier particular para ser considerado como víctima en un proceso penal, en los delitos contra la cosa pública.





Partiendo de la premisa, que el único garante y titular de la acción en el proceso penal es el Ministerio Público, por mandato de los numerales 4 y 5 del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, normas que regulan las competencias y obligaciones otorgadas las cuales deben ser ejercidas en interés del colectivo y del Estado y es el único a quien le corresponde velar porque este tipo de conductas no queden impunes.



En el caso de marras, la decisión del Tribunal de Control que decretó el sobreseimiento de la causa, con respecto a los presuntos delitos previstos en la Ley Orgánica de Salvaguarda, adquirieron la condición de cosa juzgada, en virtud que el Ministerio Público, en representación del Estado venezolano, como víctima, y a quien le correspondía ejercer la acción penal, no interpuso los recursos pertinentes, valga decir, el de Apelación y el de Casación, con lo cual consideró que dicho fallo se encontraba ajustado a Derecho, mal puede esta Sala otorgarle al ciudadano Juan Pedro Pereira Meléndez, una condición procesal de la cual carece, y menos aún entrar a conocer por vía del recurso de casación de una sentencia que se encuentra definitivamente firme y que ha adquirido la condición de cosa juzgada.



Por otra parte, llama poderosamente la atención a esta Sala, la actuación del Ministerio Público en la presente causa, ya que siendo el Director de la investigación, garante de la Constitución y las leyes, pueda llegar a emitir opiniones que desdicen mucho del conocimiento jurídico que deben tener, ello por las siguientes razones:



En primer lugar, la Fiscalía del Ministerio Público, manifestó su total conformidad con la decisión que dictó el Tribunal de Control que decretó el sobreseimiento de la causa, al no ejercer como mandato de ley los recursos pertinentes, posteriormente, en la audiencia oral y pública realizada en esta Sala de Casación Penal, luego de puntualizar una serie de argumentos en contra de la sentencia de la recurrida, consideró que la misma se encontraba inmotivada, y hace alusión a que “de acuerdo a la doctrina pacifica tanto de esta honorable Sala como de la Sala Constitucional de esta máximo tribunal, es considerada por sus consecuencia como una decisión con características de definitivamente firme, es decir, pone término a un procedimiento y la misma debe generar la convicción que el juzgador, al decretar el sobreseimiento, tiene la certeza de que esta comprobada la causal que dió origen a tal pronunciamiento”,(Sic), y absurdamente pide a esta Sala DECLARE CON LUGAR la primera denuncia planteada por el recurrente. (Resaltado de la Sala).



Es un error de derecho la actuación del Ministerio Público en la presente causa, ya que la fiscalía pide a esta máxima instancia judicial declare con lugar un recurso de casación que no fue ejercido por el órgano de la administración de justicia, sino que trasladó sus atribuciones constitucionales y legales a un particular que carece de toda legitimidad para ello, incumpliendo así con su obligación de velar por los derechos del Estado Venezolano que representa.



En consecuencia, ante estas circunstancias tan graves, este máximo Tribunal de la República, actuando en Sala de Casación Penal, declara la INADMISIBILIDAD SOBREVENIDA, del recurso de casación admitido en fecha 02 de octubre de 2009, en contra de la sentencia definitivamente firme dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del estado Lara, que decretó el Sobreseimiento de la Causa a favor del ciudadano Raúl Ramón Quero Silva, por la presunta comisión de los delitos UTILIDAD ILEGALMENTE OBTENIDA y VALIMIENTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO, previstos y sancionados en los artículos 65 y 79, ambos de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en virtud que en el presente operó la institución de la cosa juzgada, la cual es de rango constitucional, conforme al artículo 49 numeral 7º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  Y ASI SE DECIDE...."


Ficha:
MAGISTRADO PONENTE DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES
Exp. 08-0311
Voto salvado: Dos (2)
Enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Julio/355-14709-2009-C08-311.html