El TSJ cambió criterio tácitamente en este caso por cuanto la casación de oficio solo procedía por violaciones constitucionales o por errores in procedendo, no in iudicando como en el presente caso.

"...CASACIÓN DE OFICIO En garantía del legítimo derecho que poseen las partes a la defensa y libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1°, 26 y 51, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,

esta Sala en sentencia N° 22 de fecha 24 de febrero del 2000, expediente N° 99-625, caso: Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra José Milagro Padilla Silva, determinó que conforme a la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el artículo 257 de la precitada Constitución, referido a que "..El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia...", tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando se detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional.

En este sentido, con el fin de aplicar una recta y sana administración de justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del criterio vinculante sentado por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1353 de fecha 13 de agosto de 2008, expediente N° 07-1354, caso: CORPORACIÓN ACROS, C.A., según el cual, la casación de oficio, más que una facultad discrecional, constituye un verdadero imperativo constitucional, porque “...asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)...”, esta Sala procede a obviar las denuncias articuladas en el presente recurso extraordinario de casación, para casar el fallo recurrido con base en infracciones de orden público y constitucionales encontradas en el caso bajo estudio, y al respecto observa:

El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, impone entre otras cargas procesales, el que los jueces deben decidir de conformidad con lo alegado y probado en autos; que tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio; y que, en sus decisiones el juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad.

Por su parte, el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, estatuye que los jueces están obligados a garantizar el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.

Al respecto esta Sala ha dicho: “El cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, supone la consagración del equilibrio procesal que, con respecto a las partes en litigio, debe ser garantizado por los jueces en el desempeño de su función jurisdiccional y de su facultad decisoria.

Por ende, si fuere el caso que con la desigualdad de las partes se evidencia la ruptura del referido equilibrio procesal, obviamente con ello, se violenta el derecho a la defensa de aquellos quienes, en virtud de los postulados constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 Constitucionales; acuden ante los órganos jurisdiccionales para obtener de estos un pronunciamiento que resuelva la controversia en la cual, como partes, tienen interés. (Cfr. Fallo N° RC-920 del 12 de diciembre de 2007, Exp. N° 2007-312).

De igual modo, esta Sala de Casación Civil en su sentencia N° RC-89, de fecha 12 de abril de 2005, Exp. N° 2003-671, dejó establecido que:

“...el constituyente de 1999 acorde con las tendencias de otros países consagró el derecho a una justicia, accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente, y estos aspectos integran la definición de la tutela judicial efectiva por parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 8 dispone que el derecho de acceso a los órganos de justicia consiste en “...la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter...”. Es decir, la tutela judicial efectiva comprende, no sólo el acceso a una vía judicial idónea para la resolución de los conflictos surgidos entre los ciudadanos a través de la aplicación objetiva del derecho mediante una sentencia justa, sino también la garantía de que gozan las partes para ejercer oportunamente los medios recursivos contra las providencias jurisdiccionales, a fin de que puedan ser revisadas en un segundo grado de la jurisdicción...”. (Negrillas y subrayado de la Sala).

En el caso concreto, de la revisión del escrito de reforma del libelo de demanda, presentado en fecha 4 de mayo de 2009, y admitida en fecha 8 del mismo mes y año, que corre inserto a los folios 66 al 81 de la pieza principal, la Sala constata de oficio, que lo pretendido por los demandantes es que se ordene el cumplimiento del contrato de opción a compra venta suscrito por las partes, el cual se señala fue prorrogado de mutuo acuerdo, en su lapso para su cumplimiento.

Ahora bien, por así permitirlo el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, pasa la Sala a estudiar las actas del expediente y al respecto observa, que en la reforma del libelo de la demanda se señaló lo siguiente:

“...En el referido contrato de Compra- (sic) Venta (sic) se estableció un término de duración de noventa (90) días a partir del 31-10-08 (sic) y prorrogable de común acuerdo entre las partes, acuerdo que se cumplió tácitamente, ya que ninguna de las partes manifestó una voluntad contraria...”.

“....Ahora bien, Ciudadano (a) (sic) Magistrado (a) el contrato de opción de compra-venta señala en la cláusula quinta que el tiempo de duración del presente contrato es por un LAPSO DE NOVENTA (90) DÍAS contados a partir del 31 de de (sic) octubre del año 2008, fecha de autenticación del mismo. Pero igualmente acordaron las partes que dicho término sería prorrogable por acuerdo entre las partes. No indicaron cual sería la forma, medio o instrumento a través del cual se manifestaría por cualquiera de las partes la voluntad de prórroga del término señalado. Al no haberlo hecho, se dejó en libertad a las partes las cuales podrían optar por cualquier medio, de tal manera que si no hubo la utilización del medio escrito, se presume que ambas partes estaban de acuerdo de prorrógalo (sic) en forma tacita (sic) y automática; A tal efecto, el artículo 1133 del Código Civil señala lo siguiente:...”. (Destacado del escrito transcrito).

En la contestación de la demanda, presentada en fecha 27 de mayo de 2009, que corre inserta a los folios 95 y 96 y sus vueltos, de la pieza principal, se señaló expresamente lo siguiente:

“...tiene una duración de NOVENTA (90) DÍAS a partir de la fecha de la firma de dicho contrato, por lo cual ese contrato se venció el 29 de Enero (sic) del presente año. Así mismo (sic) se desprende de su texto que las partes podrían prorrogar dicho contrato por acuerdo entre las partes, sin establecer la forma, medio o instrumento para hacerlo. Es el caso ciudadano juez (sic) que verbalmente le manifesté a los aquí demandantes mi intención de no prorrogar esta opción a compra por diversas razones personales, manifestación que realice (sic) en reiteradas oportunidades en presencia de diversos testigos y que los hoy aquí demandantes estuvieron de acuerdo en no renovar por las justificadas razones que en su momento manifesté y que en su debida oportunidad y con el respecto a este tribunal presentare (sic)...”. (Mayúsculas del escrito transcrito y destacado de la Sala).

Por su parte el juez de la recurrida determinó lo siguiente:

“...En fecha 27 de mayo de 2009, la ciudadana Ana Janet Chacon (sic) Bautista, asistida por el abogado Jhon Rafael Rosales Chacón, procede a dar contestación a la demanda, en la cual entre otras cosas, expone: niega, rechaza y contradice los hechos y el derecho invocado por la parte demandante, por cuanto, el contrato de opción a compra tiene una duración de noventa (90) días, venciendo en fecha 29 de enero de 2009, sin embargo, del contrato se desprende que las partes de común acuerdo podían prorrogar dicho lapso, sin establecer la forma, medio o instrumento para hacerlo, siendo así, manifestó verbalmente a los demandantes su intención de no prorrogar el contrato de opción a compra venta, por razones personales con las que estuvieron de acuerdo la parte demandante. (Folios 95-96)...”.

(...omissis...)

“...Por el contrario, de la quinta cláusula, se evidencia lo siguiente: “…QUINTA: El tiempo de duración del presente contrato es a partir de la firma del documento por un lapso de noventa (90) días, prorrogables por acuerdo entre las partes…”

En ese sentido, el contrato de opción a compra fue debidamente protocolizado en fecha 31 de octubre de 2008, y de acuerdo a la cláusula quinta del referido contrato, el vencimiento se produce en fecha 29 de enero de 2009, es decir, transcurridos noventa (90) días siguientes a la celebración del mismo, y el crédito solicitado para completar el segundo pago pautado, se produce en fecha 25 de febrero de 2009 y por la cantidad de ciento cuarenta y nueve mil novecientos bolívares (Bs.149.900,00), evidenciándose de esta forma, que la parte demandada no incumplió las obligaciones que contrajo mediante el contrato de opción de compra-venta cuyo cumplimiento se demanda, ya que luego de la revisión de cada una de las actas que conforman el presente expediente, no consta probanza alguna que demuestre que efectivamente se produjo una prórroga del lapso establecido en el contrato de opción a compra, bien sea de manera tácita o expresa...”. (Destacados de la Sala).

Y la juez de la primera instancia dictaminó lo siguiente:

“...

En la contestación de la demanda, la ciudadana ANA JANET CHACÓN BAUTISTA, se limitó a negar, rechazar y contradecir los hechos y el derecho invocado por los actores, indicando que el contrato de opción de compra venta que suscribieron el 31 de octubre de 2008, establecía una duración de 90 días que venció, a su decir, el 29 de enero de 2009 y que del texto del contrato se desprende que las partes podrían prorrogar dicho contrato por acuerdo entre las partes y alegó que verbalmente les manifestó a los demandantes su intención de no prorrogar esa opción a compra por diversas razones personales, y que tal manifestación la realizó en reiteradas oportunidades en presencia de diversos testigos y que ellos estuvieron de acuerdo en no renovar el contrato y que en su debida oportunidad a este Tribunal presentaría.

El artículo 506 del Código de Procedimiento Civil establece que:

Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.

Los hechos notorios no son objeto de prueba.

Este alegato planteado por la demandada, implicaba su obligación de traer a los autos de este expediente las pruebas pertinentes para demostrar lo alegado, por cuanto asevera que los demandantes aceptaron expresamente la no renovación del contrato; pero la demandada no promovió prueba alguna que pueda hacer llegar a la convicción de esta Juzgadora de la veracidad de ese hecho. (Mayúsculas y cursivas de la sentencia transcrita y destacados de la Sala).

De todo lo antes transcrito se desprende, palmariamente y sin lugar a dudas, que el juez de la recurrida distorsionó la realidad procesal del caso, revirtiendo ilegalmente la carga de la prueba, pues ante la prorroga del contrato alegada por los actores en su libelo, la demandada en su contestación, negó categóricamente que hubiera dado la prórroga del contrato, reservándose expresamente la oportunidad correspondiente para demostrar lo alegado, lo cual no hizo en el decurso del proceso aún cuando era su obligación.

Esto claramente determina un típico caso de desigualdad procesal de las partes, que evidencia palmariamente la ruptura del equilibrio procesal, violentando con ello el derecho a la defensa de los demandantes, en franca infracción de los postulados constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referentes a las garantías de tutela judicial efectiva, de una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, donde el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia.

Ahora bien, al respecto de la distribución de la carga de la prueba, esta Sala en sentencia Nº RC-226 del 23 de marzo de 2004, expediente Nº 2003-339, estableció lo siguiente:

“...El artículo 506 del Código de Procedimiento Civil establece que “las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba”.

La citada norma regula la distribución de la carga de la prueba al establecer que todo aquél que afirma un hecho tiene que probarlo para que su alegato no se considere infundado. En tal sentido, esta Sala mediante sentencia N° 193 del 25 de abril de 2003 (caso: Dolores Morante Herrera c/ Domingo Antonio Solarte y Ángel Emiro Chourio), expresó:

“En el derecho procesal moderno, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma. Tiene apoyo esta tesis en el principio del contradictorio y se la denomina “carga subjetiva de la prueba”, independientemente de que esté expresamente distribuida por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado en la contestación. Como es lógico, ambos actos requieren la alegación de los hechos en que se fundamentan, y tales afirmaciones determinan el thema probandum y los respectivos sujetos gravados con la carga de probar los hechos en virtud de la correlación que debe existir entre la carga de la alegación y la carga de la prueba. Es allí la máxima latina tan socorrida en textos y en fallos: Onus probandi incumbit ei qui asserit (La carga de la prueba incumbe al que afirma). En síntesis, en el derecho moderno, ambas partes pueden probar. a: el actor, aquellos hechos que fundamentan su pretensión; b: el demandado, aquellos hechos que fundamentan su excepción o defensa; que es lo mismo que decir: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho (Vid: Rengel Romberg Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987. Ed. Exlibris. Caracas 1991. Tomo III. p 277 y ss).

...Omissis...

La jurisprudencia de la casación, considerando la distinta posición del demandado en particular, ha interpretado la máxima reus in exceptione fit actor, y acoge la doctrina generalmente aceptada de cuando el demandado no se encierra en la pura negación de las pretensiones, sino que expone razones de hecho para discutirlas, adopta en el proceso una actitud dinámica, y la contienda procesal se desplaza de la pretensión, a las razones que la enervan, y el riesgo de la falta de pruebas también se desplaza, porque el actor no tiene que probar nada, puesto no es de la realidad de su pretensión de lo que se trata, sino de las razones contendientes de aquellas (GF. N° 17 (2° etapa) p 63).”

Cuestión que no fue abordada por el juez de alzada al conocer de la apelación, conforme a la realidad de los hechos que dimanan de las actas procesales, y no se percató del yerro por él cometido al imponer a los demandantes, una carga probatoria no conforme a la ley y a la alegación de las partes, cuando claramente esta carga era de la demandada, revocando la decisión acertada de la juez de primera instancia.

Es por ello que el juez de alzada causó un claro desequilibrio procesal perjudicando con ello a la parte demandante, al invertir la carga de la prueba en el juicio, cuando equivocadamente determinó que la demandante debía probar la existencia de la renovación del contrato, no obstante que la parte demandada de forma expresa señaló que no era cierto y que pretendía probar su alegación, lo que generó un desequilibrio en las cargas procesales de las partes, imponiendo a una, una obligación que no tenía y eliminando una carga a la otra, la cual si era su obligación, conforme a las normas de derecho que rigen la carga de la prueba en los procesos civiles, antes especificadas en este fallo.

Ahora bien, en primer plano, con esta conducta el juez de alzada violó las normas de orden público y garantías constitucionales antes especificadas en este fallo, derivando en un claro desequilibrio procesal de las partes, que trajo como consecuencia en un segundo plano, un error de derecho o de juzgamiento, en la apreciación de una regla expresa para el establecimiento de los hechos, como es la contenida en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, referente a la carga de la prueba en los juicios civiles, norma que compromete efectivamente al orden público, por estar vinculada estrechamente la materia probatoria, con el debido proceso y derecho a la defensa de las partes consagrados en los ordinal primero (1°) y octavo (8°) del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que el artículo 506 antes citado, sujeta la labor de juzgamiento del juez, para fijar los hechos que en definitiva quedaron demostrados, indicándole como debe razonar para fijar los hechos y resolver la controversia.

En consecuencia y en conformidad con la facultad prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, la Sala casa de oficio el fallo recurrido al cometer el juez un error de juzgamiento en la fijación de los hechos, que derivó en la errónea interpretación del artículo 506 eiusdem, como consecuencia del claro desequilibrio procesal cometido en la sentencia impugnada, en beneficio de una parte y perjuicio de la otra, y en violación del derecho a obtener una sentencia justa, frustrando el hallazgo de la verdad, con una equivocada distribución de la carga de la prueba, equivocando el fin último del proceso, que no es otro que encontrar y satisfacer la justicia. Así se declara.

En consideración a todo lo antes expuesto, la Sala declara de oficio, la infracción de los artículos 12, 15, y 506 del Código de Procedimiento Civil, por ser normas de orden público, así como la infracción de los artículos 26, 49 ordinales 1° y 8°, y artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al consagrar garantías constitucionales inviolables. Así se decide.

Por último, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, le hace un severo llamado de atención al juez superior temporal del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, abogado Fabio Ochoa Arroyave, dado que el desequilibrio procesal causada en este caso a la parte demandante, constituye un error grave inexcusable, que no puede ser ignorado, por cuanto afecta normas de orden público y de rango constitucional, que no pueden ser relajadas, ni siquiera, por convenio entre las partes. De igual forma se le apercibe, para que en futuras ocasiones tenga más cuidado en la identificación de las partes y sus apoderados al momento de redactar las sentencias en el tribunal a su cargo, dado que esto genera un típico caso de casación de oficio por indeterminación subjetiva, en conformidad con lo estatuido en el ordinal 2° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en la identificación del segundo apellido de la demandada, en la primera página de la sentencia y en su dispositivo, se señaló como: Bustamante, y su segundo apellido es Bautista. Error generador de la nulidad del fallo por la indeterminación en cuanto a los sujetos que participan en el litigio, que impediría su ejecución, con el incumplimiento de una parte importantísima de la función jurisdiccional, la cual como es sabido es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el legislador, debiendo ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad, como son lo estatuido en los artículos 12, 15, 243, 244 y 254 del Código de Procedimiento Civil, para no incurrir en vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 8° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el mismo sentido, se le hace otro llamado de atención al juez de la recurrida abogado Fabio Ochoa Arroyave, para que tenga mayor cuidado en la redacción de las sentencias, en los casos sometidos a su conocimiento, dado que la decisión recurrida se encuentra plagada de errores ortográficos y discordancias gramaticales, inexcusable para un profesional del derecho en el ejercicio de la función jurisdiccional, función ésta que requiere un desempeño impecable, para considerarse acorde a lo previsto en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y al código de ética que la rige. Así se declara.

En consideración a todo lo antes expuestos, se hace obligatorio remitir copia certificada del presente fallo a la Inspectoría General de Tribunales, a los fines de que aperture el procedimiento administrativo correspondiente y tome las medidas disciplinarias concernientes al caso.

Por haberse casado de oficio el presente asunto, la Sala se abstiene de decidir las denuncias contenidas en el escrito de formalización, conforme a lo prescrito en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

D E C I S I Ó N

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA DE OFICIO el fallo recurrido, proferido por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 19 de mayo de 2010. En consecuencia DECRETA SU NULIDAD y ORDENA al tribunal que resulte competente dictar nueva decisión corrigiendo los vicios referidos, ateniéndose a lo expresamente establecido en este fallo..."

 


http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/junio/RC.000244-13611-2011-10-491.HTML