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La no extensión abarca a otras personas o entes como las empresas cuya titularidad accionaria está en control de un Municipio. Los efectos extensivos que produce la declaratoria contenida en el fallo a todas las causas que se encuentren en la misma situación.

"...III. PUNTOS PREVIOS:

Antes de emitir su pronunciamiento respecto a la consulta planteada por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, es menester para este Tribunal hacer los pronunciamientos que siguen:

A. De la competencia para conocer en consulta:

Corresponde a esta Juzgadora pronunciarse acerca de su competencia para conocer en consulta del fallo antes señalado y, al respecto observa:

El artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:

“Artículo 3. La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.” (Resaltado de este fallo).

La citada disposición normativa consagra el principio de la “perpetuatio jurisdictionis”, el cual fue desarrollado vía jurisprudencial por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia Nº 41 del 24 de noviembre de 2004 (caso: Fábrica de Tejidos de Punto Ivette, C.A.), en la cual se explicó lo siguiente:

“Dicho artículo contiene el principio del Derecho Procesal Civil de perpetuatio jurisdictionis que precisa el momento determinante de la competencia. Esto significa que la competencia del órgano jurisdiccional para el juzgamiento se determina por la situación fáctica que existía para el momento de interposición de la demanda, sin que pueda modificarse dicha competencia, en razón de cambios que se generen en el curso del proceso. La perpetuación del fuero competencial se fundamenta en los principios de economía procesal y seguridad jurídica, con lo cual se busca evitarle un perjuicio a las partes, que menoscaben sus derechos y garantías constitucionales y procesales.

Así lo ha afirmado la doctrina más calificada en la materia; el Profesor Arístides Rengel Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, señala que: ‘...está vigente en el derecho venezolano el famoso principio de la perpetuatio jurisdictionis, tan elaborado por la doctrina a partir de la ya clásica nota de Chiovenda, según el cual, la competencia del juez después de iniciada la causa, queda insensible a cualquier cambio sobrevenido de las circunstancias que la habían determinado (per citationem perpetuatur iurisdictio).’

En este mismo sentido, la Sala de Casación Civil, determinó el alcance del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, en sentencia del 31 de mayo de 2002, (caso: Consuelo Villarreal y otros), en los siguientes términos: ‘...la potestad de juzgamiento y la competencia del órgano jurisdiccional, se determina por la situación fáctica existente para el momento de introducción de la demanda, sin que pueda modificarse esa jurisdicción y competencia, en razón de los cambios que se presenten en el curso del proceso. Ello, en resguardo de la seguridad jurídica...’ y más recientemente la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ratificó los criterios que anteceden en sentencia Nº 139, dictada el 28 de octubre de 2008.

En consecuencia, resulta evidente la aplicación al caso de autos del principio de la jurisdicción perpetua que establece el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil y según el cual la competencia del juez queda inmutable pese a cualquier cambio posterior en las circunstancias que la determinaron.

Los criterios expuestos resultan aplicables al presente caso, pues se observa que la parte accionante demandó contra la empresa GASDIBOCA, hoy CABIGAS, C.A. cuya naturaleza jurídica es la de un ente descentralizado del Municipio Cabimas del Estado Zulia (único accionista), ente que presenta forma de derecho privado (compañía anónima), por cobro de Indemnización de Daño Moral, con ocasión de la muerte de su fallecida hija INGRID TOYO FUENTES como consecuencia de la explosión ocurrida en fecha 28 de junio de 1991.

Dicha demanda fue incoada el 31 de mayo de 2001, por lo tanto, en el caso bajo análisis resulta aplicable “rationae temporis” la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la cual disponía en su artículo 183, que a los tribunales competentes de acuerdo con el derecho común, les correspondía conocer en primera instancia de cualquier acción o recurso que se interpusiera contra los Estados o Municipios.

De la citada disposición resulta evidente que para la fecha de interposición de la demanda que cursa en autos, se encontraba vigente la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la competencia para conocer, en primera instancia, de cualquier demanda contra los Estados y Municipios se determinaba según las reglas del derecho común, y en el caso concreto de una acción por cobro de Indemnización por Daño Moral, la misma correspondería a los tribunales de la jurisdicción civil ordinaria.

En el caso sub iudice, se observa que la demanda fue interpuesta ante un tribunal de primera instancia de la jurisdicción civil ordinaria (Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas), lo cual resultó conforme a Derecho, según los criterios legales antes expuestos; presentándose el conflicto en cuanto al tribunal competente para conocer de la segunda instancia, puesto que actualmente corresponde a éste Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo conocer, en primera instancia, de este tipo de controversias.

En este caso en concreto, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia atribuyó competencia a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la respectiva Circunscripción Judicial para conocer en Alzada de las demandas ejercidas contra Estados y Municipios.

Los artículos 181 y 182 de la referida Ley Orgánica, disponían:

“Artículo 181. Mientras se dicta la Ley que organice la jurisdicción contencioso-administrativa, los Tribunales Superiores que tengan atribuida competencia en lo Civil, conocerán, en primera instancia en sus respectivas circunscripciones, de las acciones o recursos de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, sin son impugnados por razones de ilegalidad (…).
Artículo 182. Los Tribunales previstos en el artículo anterior, conocerán también, en sus respectivas circunscripciones:

(…)

3.- De las apelaciones contra las decisiones que dicten otros Tribunales de su jurisdicción en los juicios intentados ante ellos contra un Estado o Municipio;
(Subrayado de la Juzgadora).

Atendiendo a tales circunstancias, como se indicó antes, la primera instancia fue conocida por un tribunal civil ordinario, lo cual procedía en Derecho; siendo competente para conocer en segunda instancia los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo. En tal sentido, quedó establecido por la Sala Plena, en la sentencia Nº 189 del 14 de agosto de 2007 (caso: Francisca del Carmen Aldana), que en estos casos la apelación correspondía al Juzgado Superior con competencia en la materia Contencioso-Administrativa de la Circunscripción Judicial respectiva, criterio que resulta aplicable al supuesto de la consulta mutatis mutandi.

Sentado lo anterior, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia se declara competente para conocer, en segunda instancia, de la presente causa. Así se decide.

B. De la procedencia de la consulta en el caso de autos:

Visto el contenido de la interlocutoria dictada por el Juzgado A quo en fecha 14 de mayo de 2008, mediante la cual se revocó por contrario imperio la negativa de la consulta y se ordenó remitir la causa en consulta a este Superior, pero haciendo la advertencia de los criterios emitidos recientemente por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia conforme a los cuales los Municipios no gozan del privilegio procesal de la consulta, debe esta Juzgadora precisar inicialmente, si la prerrogativa procesal consagrada en el vigente artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es extensible a los Municipios, de acuerdo a lo previsto en su marco regulatorio.

En tal sentido, el prenombrado artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de fecha 13 de noviembre de 2001 (vigente para la fecha en que se dictó sentencia definitiva), dispone:

“Artículo 70. Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente.” (Destacado del Tribunal).

Por su parte, en alcance a la prerrogativa contenida en la norma supra trascrita, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal en el fallo Nº 2157 del 16 de noviembre de 2007, caso: Nestlé de Venezuela, S.A., dejó sentado que en aquellos casos en que “transcurridos los lapsos de apelación sin que las partes hayan apelado de la decisión que fue contraria a los intereses de la República, debe el juez competente remitir el referido fallo en consulta ante el tribunal Superior competente, para que éste proceda a revisar si el fallo dictado resulta ajustado a derecho o no”.

Nótese de la citada norma y del criterio jurisprudencial parcialmente trascrito, que el precepto en cuestión consagra una prerrogativa procesal, en principio, prevista exclusivamente a favor de la República como ente político-territorial, pero luego extensible a otros sujetos de derecho público, por gracia de disposiciones genéricas previstas en sus normas de creación, a través de las cuales, de ser el caso, se establecen expresamente que éstos sujetos gozan de los mismos privilegios que aquélla. Verbigracia, el artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público que establece: “Los Estados tendrán, los mismos privilegios y prerrogativas fiscales y procesales de que goza la República.”


En el supuesto de las entidades municipales, la derogada Ley Orgánica de Régimen Municipal en su artículo 102 les atribuía expresamente “(…) los mismos privilegios y prerrogativas que la legislación nacional otorga al Fisco Nacional, salvo las disposiciones en contrario contenidas en esta Ley. Igualmente, regirán para el Municipio, las demás disposiciones de Hacienda Pública en cuanto le sean aplicables.”

Sin embargo, es preciso destacar que la vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en su primera versión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.421 de fecha 21 de abril de 2006, suprimió la citada disposición y, en consecuencia, eliminó la abrogación que hacía el derogado instrumento, de las prerrogativas y privilegios de la República a favor de los Municipios del país. En el caso de las entidades municipales, la propia ley especial vigente señala en sus artículos 152 al 158 cuáles son esos privilegios y prerrogativas, no encontrándose entre ellos la consulta legal del fallo; todo lo cual sustenta el criterio reciente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, invocado por el Juez de Primera Instancia.

Partiendo del hecho de que el régimen de prerrogativas en el Derecho Público requiere indefectiblemente de ley expresa que le sirva de sustento, y una vez evidenciada la ausencia de preceptos normativos en el marco regulatorio del Poder Público Municipal que disponga que los entes locales gozan de las mismas prerrogativas reconocidas por el ordenamiento nacional a favor de la República, debe concluir forzosamente esta Instancia que la consulta obligatoria a la cual hace alusión el supra trascrito artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no se extiende, en la actualidad, a los Municipios. Así quedó establecido en sentencia Nº 01193 de fecha 08 de octubre de 2008, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo, en el caso de autos, observa la Juzgadora que para la fecha en que se dictó la sentencia en primera instancia y quedó vencido el lapso de apelación, la norma que se encontraba vigente era la Ley Orgánica del Régimen Municipal que sí contemplaba el privilegio in comento a favor del Municipio, lo cual debió ser considerado por el A quo rationis temporis.

En segundo lugar se observa que la parte demandada perdedora es una empresa municipal con forma de derecho privado, que si bien tiene personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del fisco municipal a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza que Regula el Servicio Público Municipal de Suministro de Gas Metano, para uso Industrial, Comercial y Doméstico, en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, su naturaleza jurídica es la de un ente descentralizado del Municipio Cabimas a través del cual se asume la competencia en materia de venta y distribución de gas. Amén que el Municipio Cabimas es único accionista de la referida compañía anónima y cuyo recursos está conformado exclusivamente por las asignaciones mensuales aprobadas en la Ordenanza de Presupuesto de la Alcaldía del Municipio Cabimas (ver folios 167 y 168 de las actas procesales) de manera que se pone en relieve el interés patrimonial directo que el mencionado Municipio tiene en las resultas de la causa. En consecuencia, declara esta Superioridad que sí procede la presente consulta. Así se declara.

C. De la solicitud de reposición de la causa.

En la presente causa la abogada ISMELDA CANO FINOL, actuando con el carácter de autos, solicitó en reiteradas oportunidades la nulidad de las actuaciones y la reposición de la causa por violación de los derechos constitucionales de su representada, esto es, por la omisión de notificar al Síndico Procurador del Municipio Cabimas de la admisión de la demanda, de la sentencia dictada y de la apertura del lapso para apelar, en aplicación del privilegio o prerrogativa procesal establecido en el artículo 103 de la derogada Ley Orgánica del Régimen Municipal.

En tal sentido la parte demandante se opuso a ello, manifestando que el Municipio había hecho un uso abusivo de su derecho, utilizando la mencionada disposición legal para desconocer los derechos que le asistían.

A tal efecto conviene a esta Juzgadora señalar, dada la sensible materia sobre la cual versa esta causa, que en reiteradas y pacíficas sentencias dictadas por los Tribunales de la República competentes en materia contenciosa administrativa se ha afirmado la especial posición en que se encuentra la Administración Municipal como representante de los intereses de la colectividad, administradora de la Hacienda Pública Municipal y garante de la continuidad de los servicios públicos. Ello justifica que se le otorguen en juicio una serie de privilegios o prerrogativas que la colocan en una situación de ventaja frente al particular en juicio. Verbigracia, criterio establecido en sentencia Nº 06-00720 del 14 de marzo de 2006 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (ponencia del Magistrado Engullen Torres López) que esta Juzgadora hace suyo por compartir el razonamiento.

Se dijo en la citada sentencia que los privilegios y prerrogativas otorgados a favor de la Administración deben entenderse únicamente como mecanismos de protección de la normalidad en el funcionamiento de la Administración, y nunca como instrumentos de coacción contra los particulares en sus conflictos con el Estado, lo cual además de ser contrario al principio de igualdad de las cargas públicas, haría nugatoria la garantía jurisdiccional de acceso y obtención de justicia. Es por ello que el otorgamiento de prerrogativas a favor de la Administración debe ser equilibrado en un grado tal que los derechos y garantías constitucionales del particular no se vean disminuidos por el interés general que la Administración Pública tutela.

Continuó afirmando el Magistrado Engullen Torres López, que el derecho a la tutela judicial efectiva no sólo supone el derecho de acceso a la justicia y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, sino que comporta también que la Administración, en respeto del derecho constitucional a la igualdad previsto en el artículo 21 de la Constitución de 1999, actúe en juicio frente a los particulares como cualquier otra parte, sometida a derecho, y en igualdad de condiciones.

Sin embargo, en Venezuela y a pesar de la tendencia igualitaria que pareciera propugnar la Constitución de la República dentro del proceso judicial, el Estado ha ocupado siempre una posición de privilegio frente al particular fundamentada en el interés público que aquel está llamado a tutelar y que debe prevalecer, sin menoscabo del derecho, frente a cualquier interés individual. En efecto, al igual que en España, el desarrollo de éstas prerrogativas o privilegios en el derecho venezolano se ha producido a nivel legislativo y han sido ratificadas por la jurisprudencia pues ni la Constitución de 1999, ni las Constituciones precedentes contienen previsión alguna sobre la materia.

El establecimiento de los privilegios a favor de la República en Venezuela ha tenido nacimiento en la Ley, siendo su antecedente más remoto la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional sancionada en 1934 bajo la vigencia de la Constitución de 1931 y reformada en 1937 bajo la vigencia de la Constitución de 1936 que ya consagraban los privilegios relacionados con la imposibilidad de practicar medidas judiciales coactivas sobre bienes de la República y la exención absoluta de condenatoria en costas contra la Nación. La tendencia establecida por la Ley Orgánica de Hacienda Nacional de 1934 fue posteriormente acogida por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 1965 y ratificada por la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional de 1974. Cabe destacar que si bien ésta última Ley fue parcialmente derogada por la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, es lo cierto que tal derogatoria no comprendió las disposiciones que estaban referidas a los privilegios de la Nación, los cuales aun permanecen vigentes.

En relación a ello, el artículo 103 de la derogada Ley Orgánica del Régimen Municipal (aplicada rationis temporis) establecía:

Artículo 103: Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Sindico Procurador de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, obre contra los intereses patrimoniales del Municipio o del Distrito Metropolitano.

Dichas notificaciones se harán por oficio y deberán ser acompañadas de copia certificada de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto. El Síndico Procurador deberá contestarlas en un término de cuarenta y cinco (45) días continuos, vencido el cual se tendrá por notificado.

En los juicios en que el Municipio o el Distrito sea parte, los funcionarios judiciales están igualmente obligados a notificar al Síndico Procurador de la apertura de todo término para el ejercicio de algún recurso, de la fijación de oportunidad para la realización de algún acto y de toda actuación que se practique. En ese caso, vencido un plazo de ocho (8) días hábiles se tendrá por notificado el Municipio o Distrito.

La falta de notificación será causal de reposición a instancia del Síndico Procurador. (Resaltado del Tribunal)

La anterior disposición ha sido repetida en la vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal en su artículo 152, por lo que se mantiene el privilegio o prerrogativa procesal señalada. Así el referido artículo establece:

Artículo 155: “Los funcionarios judiciales están obligados a citar al Síndico Procurador o Síndica Procuradora Municipal en caso de demandas contra el Municipio, o a la correspondiente entidad municipal, así como a notificar al alcalde o alcaldesa de toda demanda o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales del Municipio o la correspondiente entidad municipal.

Dicha citación se hará por oficio y se acompañará de copias certificadas de la demanda y todos sus anexos. Mientras no conste en el expediente la citación realizada con las formalidades aquí exigidas, no se considerará practicada. La falta de citación o la citación practicada sin las formalidades aquí previstas, será causal de anulación y, en consecuencia, se repondrá la causa. Una vez practicada la citación, el síndico procurador o síndica procuradora municipal tendrá un término de cuarenta y cinco días continuos para dar contestación a la demanda.

Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al síndico procurador o síndica procuradora municipal de toda sentencia definitiva o interlocutoria”. (Resaltado del Tribunal)

Ello así, ha quedado establecido en los párrafos que anteceden el interés patrimonial directo que el Municipio Cabimas tiene en las resultas de la causa. Por otra parte, la narrativa histórica de las actuaciones y decisiones efectuadas en el iter procedimental de primera instancia ponen de manifiesto la omisión de la notificación del Síndico Procurador del Municipio Cabimas del estado Zulia, tanto del auto de admisión, como de la sentencia definitiva, así como también de la apertura del lapso para apelar la misma. Mal podía entonces procederse a la ejecución de un fallo dictado a espaldas del Municipio en cuestión.

En adición a lo anterior debe tenerse que la solicitud de reposición que hiciera la Síndico Procuradora Municipal en su oportunidad y con posterioridad a la sentencia definitiva dictada por el Juzgado A quo, no puede entenderse como una convalidación de la omisión advertida pues la notificación del Municipio es un acto procesal complejo, mediante la cual se le emplaza para que dé contestación a la demanda. Este acto procesal es formalidad necesaria para la validez del juicio y es además, garantía esencial del principio del contradictorio, pues por un lado la parte queda a derecho; y por el otro, cumple con la función comunicacional de enterar al demandado que se ha iniciado un juicio en su contra y del contenido del mismo. La notificación del Síndico Procurador es entonces, manifestación esencial de la garantía del derecho a la defensa y elemento básico del debido proceso. Así lo afirmó la Sala político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 01116, Expediente Nº 13353 de fecha 19/09/2002.

Para reforzar la noción anterior es preciso destacar que en Sentencia Nº 312 de Sala de Casación Civil, Expediente Nº 00-420 de fecha 11/10/2001, el máximo Tribunal de la República estableció que de la citación emanan dos aspectos diferentes, según el carácter que la informa, como son:

1) En cuanto a Institución Procesal: Por ser la citación una institución de rango constitucional y necesaria para la validez de un juicio, su carácter interesa al orden público y su inexistencia vicia de nulidad lo actuado a espaldas del demandado. En consecuencia, el propio, Juez, aun de oficio, cuando constante (sic) que no se ha verificado, debe proceder a corregir el proceso, ordenando la citación y anulando lo que se hubiere hecho con desconocimiento de la persona demandada. Si falta la citación, dice el maestro Armiño (sic) Borjas, "se habrá levantado sobre arena toda la estructura procesal".

2) En cuanto a Formalidad Procedimental: La institución de la Citación es una de las pocas revestidas en nuestra Ley Procesal de formalismos precisos, por lo que el inflexible cumplimiento de tales formalidades es tan importante como la finalidad misma de la Ley, que no es otra que la de poner en conocimiento de una persona el hecho de que ha sido demandada. Pero dichas formas con que se revisten los trámites procedimentales para verificar la citación son de interés privado, consagradas en beneficio exclusivo del demandado, por lo que puede renunciar a las mismas sin afectar el proceso, ya sea en forma tácita o de manera expresa, cuando comparece al juicio aún antes siquiera de iniciarse tales trámites para citarlo o cuando convalida lo actuado con su presencia sin oponerse a lo practicado...." (Moros Puentes, Carlos. Citaciones y Notificaciones. Editorial Componentes, 1995. Págs. 19 y 20).

La doctrina ha establecido que la actividad procesal está sometida a reglas precisas. Sólo ante la ausencia de regulación legal, puede el juez ordenar la forma que considere idónea para la realización del acto.

De todo lo anterior se concluye que el quebrantamiento de la forma procesal implica siempre la violación de la regla legal que la establece, pero a los fines de determinar la nulidad o no de lo actuado, lo más importante no es la causa del error -la violación de una regla procesal- sino su efecto: el menoscabo del derecho de defensa. De no causarse este perjuicio no procede la nulidad, porque el procedimiento no está constituido por fórmulas rituales, sino que asegura a las partes la oportunidad del efectivo ejercicio de los derechos en el proceso.

Sin lugar a equívoco, la notificación del Síndico Procurador Municipal es uno de los privilegios o prerrogativas procesales que tiene la administración pública, por lo que se requiere que el cumplimiento de la misma se realice al inicio de la sustanciación del expediente que directa o indirectamente obre en contra de los intereses de la entidad, estando condicionada la validez y eficacia de cualquier acto procesal que se lleve a cabo en el juicio, al requisito previo de la notificación. Tal privilegio no puede ser mediatizado o relajado puesto que ello implica un mecanismo de protección de intereses cuyo titular es, en definitiva, el colectivo. Así las cosas, la omisión de dicha notificación constituye una crasa violación del derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución. Así se declara.

El autor René Molina Galicia, sostiene lo siguiente: “...las normas procesales cumplen también una función social; que ellas, aunque permitan interpretaciones diversas con mayor o menor amplitud influyen en la aplicación del derecho sustantivo, beneficiando a alguien, y se proyectan, por tanto, socialmente; de manera que no podemos seguir pensando que los jueces están limitados sólo a dirimir conflictos de intereses individuales...”. (Molina Galicia, René. “Reflexiones sobre una visión constitucional del proceso y su tendencia jurisprudencial. ¿Hacia un gobierno judicial?” Caracas, Ediciones Paredes, 2002, p.193).

Por los fundamentos que anteceden, no puede sostenerse la validez de una decisión definitiva que se haya dictado de espaldas al demandado, independientemente de su adecuada motivación y en consecuencia, ésta Juzgadora, actuando conforme a lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, revoca la sentencia definitiva dictada en fecha 11 de enero de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Cabimas. Así se decide.

Asimismo, se declara la nulidad de todas las actuaciones realizadas y se ordena REPONER la causa al estado en que el Tribunal A quo se pronuncie sobre la admisión de la demanda, previo análisis de las causales de inadmisibilidad y de los privilegios y prerrogativas establecidos en leyes especiales, muy especialmente lo determinado en el artículo 152 de la novísima Ley Orgánica del Poder Público Municipal, -aplicable al presente procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala que ‘…las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso…’ así como, lo establecido de manera expresa en el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil (aplicable por supletoriedad a los procesos contencioso administrativos). Así se decide.

En razón del pronunciamiento que antecede el Tribunal se abstiene de analizar el fondo del fallo consultado. Así se declara.

En el presente caso, esta Sala destaca que la sociedad mercantil Cabigas, C.A., es una empresa cuya titularidad accionaria está bajo el control del Municipio Cabimas del Estado Zulia. Dado este aspecto, alegó la representación de la solicitante que un ente corporativo de derecho público de esta naturaleza perteneciente a un Municipio no se encuentra investido, por las normas que regían en su momento, de las prerrogativas procesales conferidas al Estado.

Las leyes que se analizaron para la presente causa, y que por sus razones de temporalidad se encontraban vigentes para dicho procedimiento –admitida el 6 de junio de 2001 y sentenciada definitivamente en primera instancia el 11 de de enero de 2005- eran la Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1989 y el Decreto Ley con Fuerza, Valor y Rango de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2001.

A este respecto, cabe señalar que, la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1989, a modo de referencia -por cuanto no es la misma naturaleza del ente demandando en el juicio principal- ni siquiera establecía prerrogativas a favor de los Institutos Autónomos, como puede observarse de la disposición contenida en el artículo 44 de la mencionada Ley. Hacía excepción a una posible delimitación en ley nacional, sin embargo la misma nunca se previó:

Artículo 44. Los institutos autónomos municipales no gozarán de los privilegios y prerrogativas que esta ley acuerda al fisco municipal, a menos que una ley nacional así lo establezca.

 
A su vez, la mencionada Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1989 determinó las siguientes prerrogativas sin que ninguna fuera extensible a empresas propiedad de los Municipios:

Artículo 102. El municipio gozará de los mismos privilegios y prerrogativas que la legislación nacional otorga al fisco nacional, salvo las disposiciones en contrario contenidas en esta ley. Igualmente, regirán para el municipio, las demás disposiciones sobre hacienda pública nacional en cuanto le sean aplicables.

 
Artículo 103. Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al síndico procurador de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, obre contra los intereses patrimoniales del municipio o del distrito metropolitano.

Dichas notificaciones se harán por oficio y deberán ser acompañadas de copia certificada de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto.

El síndico procurador deberá contestarlas en un término de cuarenta y cinco (45) días continuos, vencido el cual se tendrá por notificado.
 
En los juicios en que el municipio o el distrito sea parte, los funcionarios judiciales están igualmente obligados a notificar al síndico procurador de la apertura de todo término para el ejercicio de algún recurso, de la fijación de oportunidad para la realización de algún acto y de toda actuación que se practique. En este caso, vencido un plazo de ocho (8) días hábiles se tendrá por notificado el municipio o distrito.

La falta de notificación será causal de reposición a instancia del síndico Procurador.

Artículo 104. Cuando el municipio o el distrito resultare condenado en juicio, el tribunal encargado de ejecutar la sentencia lo comunicará al alcalde, quien dentro del término señalado por el tribunal, deberá proponer al concejo o cabildo la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia. El interesado, previa notificación, aprobará o rechazará la proposición del alcalde, y en este último caso, el tribunal fijará otro plazo para presentar una nueva proposición. Si ésta tampoco fuere aprobada por el interesado o el municipio no hubiere presentado alguna, el tribunal determinará la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia, según los procedimientos siguientes:

1º. Si se trata de cantidades de dinero, el tribunal, a petición de parte interesada, ordenará que se incluya el monto a pagar en la partida respectiva en el próximo o próximos presupuestos, a cuyo efecto enviará al alcalde copia certificada de lo actuado. El monto que se ordene pagar, se cargará a una partida presupuestaria no imputable a programas.

El monto anual de dicha partida no excederá del cinco por ciento (5%) de los ingresos ordinarios del presupuesto del municipio o distrito. Cuando la orden del tribunal no fuere cumplida o la partida prevista no fuere ejecutada, el tribunal, a instancia de parte, ejecutará la sentencia conforme al procedimiento ordinario pautado en el código de procedimiento civil; y,

2º Si se tratare de entrega de bienes, el tribunal pondrá en posesión de ellos a quien corresponda, pero si tales bienes estuvieren afectados al uso público, a un servicio público o a actividades de utilidad pública prestados en forma directa por el municipio, el tribunal acordará la fijación del precio mediante peritos, en la forma establecida en la ley de expropiación por causa de utilidad pública o social; y determinado el precio, ordenará su entrega a quien corresponda, conforme a lo previsto en el ordinal anterior. En este último caso, la fecha de la sentencia se equiparará a la fecha del decreto de expropiación.

Artículo 105. Para que proceda la condenatoria en costas contra el municipio será necesario que éste resulte totalmente vencido por sentencia definitivamente firme en juicio de contenido patrimonial. En ningún caso se condenará en costas al municipio, cuando se trate de juicios contencioso administrativos de anulación de actos administrativos municipales.

El monto de la condenatoria en costas del municipio, cuando proceda, no podrá exceder del diez por ciento (10%) del valor de la demanda. La retasa será siempre obligatoria. En todo caso, el juez podrá eximir de costas al municipio, cuando éste haya tenido motivos racionales para litigar.

Lo anterior permite determinar con claridad que las disposiciones normativas municipales aplicables por razones de temporalidad no tenían previsto de modo alguno prerrogativas a favor de las empresas propiedad de los Municipios.

Por su parte, al conocer por remisión normativa a las disposiciones nacionales relacionadas con el régimen de prerrogativas procesales, puede observarse que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2001, no prevé en sus disposiciones normativa directa alguna relacionada con la aplicabilidad del régimen procesal especial de protección a favor de empresas municipales. Siendo ello así, no tiene cabida considerar que la institución de la consulta obligatoria del entonces artículo 70 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República puede ser aplicada a una sociedad mercantil como Cabigas, C.A. a solicitud del Síndico Procurador del Municipio Cabimas del Estado Zulia.

Cabe acotar que esta Sala en sentencia núm. 1331/2010, del 17 de diciembre (caso: Joel Ramón Marín Pérez), indicó que las limitaciones y modificaciones que se generan en el curso regular del proceso debido a la operatividad de las prerrogativas procesales han de imponerse solamente por razones de estricta necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad que obedezcan a los fines de interés general a los que sirve el Estado. Así, en atención a los también criterios jurisprudenciales asentados previamente en las sentencias 2254/2001, del 13 de noviembre, y 1582/2008, del 21 de octubre, reiteró la interpretación restrictiva de las prerrogativas procesales y la inviabilidad para el legislador de instaurarlas mediante fórmulas genéricas e imprecisas. Sobre la base de la excepcionalidad, se reiteró que únicamente por mandato expreso de ley pueden extenderse para otros entes y órganos públicos, si debidamente no se ha realizado con precisión su previsión mediante expreso mandato determine el alcance de la prerrogativa enmarcando al ente u órgano según su función y naturaleza jurídica:

“En este sentido, se observa que las prerrogativas y los privilegios que posee la República son de interpretación restrictiva y no pueden ser extendidos a otros entes u órganos públicos, salvo previsión expresa de ley, ya que suponen una limitación legal de los derechos fundamentales de igualdad y de tutela judicial efectiva, por lo que –se insiste- estas prerrogativas deben encontrarse expresamente reconocidas por ley” (sentencia 1331/2010, del 17 de diciembre, caso: Joel Ramón Marín Pérez).

Sobre este punto, también debe indicarse que la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa ha sido pacífica y reiterada al establecer desde el año 2006, que no son extensibles las prerrogativas procesales a favor del Fisco Nacional a los Municipios (vid. s.SPA. 1018 del 24 de septiembre de 2008; caso: Bodega y Licores “El Encuentro”).

A mayor abundamiento, es preciso reiterar que las prerrogativas procesales son de derecho estricto, por comprender una excepción al principio de igualdad procesal. En consecuencia, no cabe en relación a ellos la extensión por analogía a entes o personas, a menos que la misma sea expresa y claramente determinada por la ley. En tal sentido, cuando el artículo 102 de la entonces aplicable Ley Orgánica de Régimen Municipal establecía que el “Municipio gozará de los mismos privilegios y prerrogativas que la legislación nacional otorga al Fisco Nacional”, se está refiriendo –y así debe interpretarse- al Municipio como entidad político territorial, independientemente de los demás órganos que lo compongan. Por tanto, las empresas, asociaciones civiles o fundaciones municipales, vista su independencia dada su propia personalidad jurídica, requiere, necesariamente, que exista previsión legal expresa que otorgue tales prerrogativas.

Por tanto, cuando el artículo 103 de la entonces aplicable Ley Orgánica de Régimen Municipal alude a la obligación de notificación al Síndico Procurador de todo acto que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales del Municipio, se refiere a aquellos que afecten el patrimonio del Municipio como persona jurídica territorial, y no de aquellos entes que tienen su propia personalidad jurídica.  

Visto lo anterior, esta Sala determina que, en ejercicio de su facultad de revisión, en el presente caso no podía aplicarse la consulta obligatoria del otrora artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República a una sociedad mercantil de carácter estadal como Cabigas, C.A., al no tener fundamento legal, razón por la cual, resulta improcedente que la causa en fase de ejecución haya sido elevada al conocimiento del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia por petición del Síndico Procurador del Municipio Cabimas de esa misma Entidad, quien carece de cualidad alguna en dicha causa, y en aplicación de la previsión que no abarca de modo alguno –ni directa e indirectamente- a una persona jurídica con las connotaciones de Cabigas, C.A.

En efecto, esta Sala verifica que la sociedad mercantil demandada no apeló de la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de primera instancia, sino que pidió, en fase de ejecución del fallo, que se procediese a la consulta del artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuando la sentencia se encontraba definitivamente firme y adquirió el carácter de cosa juzgada, cuando lo procedente en Derecho es que la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia continúe con su ejecución a los fines de asentar de manera definitiva sus efectos, visto que es la decisión que adquirió el carácter de sentencia definitivamente firme.

Por tanto, esta Sala, ante el desconocimiento de la jurisprudencia vinculante de esta Sala y de la debida aplicación de principio y normas constitucionales de orden público, en ejecución de la facultad de revisión, ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 26 de enero de 2010, que había ordenado en virtud de la consulta del entonces artículo 70 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2001, la reposición de la causa, al estado de admisión en primera instancia, así como también SE ANULAN todos los actos judiciales subsiguientes que se hayan dictado con ocasión al fallo anulado. Igualmente, a los fines de subsanar las irregularidades procesales suscitadas con la indebida solicitud de la consulta obligatoria antes referida; se ORDENA la continuación de la ejecución de la sentencia dictada, el 11 de enero de 2005, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, conforme a las previsiones de los artículos 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, toda vez que dicho fallo se encuentra definitivamente firme, así se decide.

Se ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional remitir copia certificada del presente fallo al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, y al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines de que se dé cumplimiento a lo establecido en el presente fallo. Así se decide.

Ahora bien, por las consideraciones expuestas y de la lectura del fallo parcialmente transcrito, esta Sala Constitucional estima procedente extender los efectos de la presente decisión, por lo que vistas las consideraciones expuestas, en cuanto a las características comunes que se evidencian en las diversas solicitudes de avocamiento formuladas con ocasión a los juicios contentivos de las diversas demandas que han tenido el mismo objeto, causa petendi, y los mismos fundamentos de inconstitucionalidad por los cuales se ha invocado el avocamiento en idénticos términos, esta Sala determina que el análisis efectuado para decidir definitivamente las controversias resulta común a los juicios incoados, lo cual es susceptible de ser trasladado en cada caso y obtener así el fallo correspondiente.

Por tanto, observa esta Sala Constitucional, con el fin de optimizar las causas existentes ante esta Sala y en aras de brindar de manera satisfactoria lo dispuesto el artículo 26 de la Carta Magna, es decir, la tutela judicial efectiva, determina la extensión de los efectos de la presente decisión.

Por las razones expuestas esta Sala Constitucional EXTIENDE los efectos de la presente decisión a las diversas causas existentes en idénticos supuestos, siempre que se encuentren en la misma situación procesal de la causa que se analiza en este fallo. Así finalmente se decide.

III

DECISIÓN

Con base en las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE la solicitud de avocamiento de la causa signada con el núm. 12960 contentiva de la demanda interpuesta por la ciudadana RAMONA DEL CARMEN FUENTES contra la sociedad mercantil CABIGAS, C.A., cursante en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

SEGUNDO: REVISA DE OFICIO y en consecuencia ANULA la sentencia dictada, el 26 de enero de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que había ordenado, en virtud de la consulta obligatoria, del entonces artículo 70 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2001, la reposición de la causa al estado de admitirse la demanda en primera instancia. En virtud de lo expuesto, ANULA todos los actos judiciales subsiguientes cometidos con ocasión al mencionado fallo.

TERCERO: ORDENA la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, conforme los artículos 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO: ACUERDA EXTENDER los efectos de la presente decisión, siempre que se constate que las demás causas susceptibles estén en idéntica situación a lo previsto en el presente fallo. En ese caso, la Sala, previa verificación sumaria, decidirá si ha lugar la extensión de efectos.

QUINTO: ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional remitir copia del fallo al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, y al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la misma Circunscripción Judicial.

Publíquese, regístrese y notifíquese de la presente decisión al Presidente de CABIGAS C.A., al Alcalde y al Síndico Procurador del Municipio Cabimas del Estado Zulia. Cúmplase con lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  10 días del mes de  agosto  de dos mil once (2011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación..."
Ficha:
SALA CONSTITUCIONAL
Exp.- 11-0283
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1453-10811-2011-11-0283.html