"...cuando el artículo 35 de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología de 2005, señala que serán sujetos pasivos del aporte anual del dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos las grandes empresas del país que "(...) se dediquen a las actividades establecidas en las Leyes Orgánicas de Hidrocarburos e Hidrocarburos Gaseosos (...)",  se refiere solamente a

las empresas operadoras que hayan obtenido previamente la autorización o licencia, según sea el caso, para realizar las actividades primarias reguladas por las mencionadas Leyes Orgánicas y que en el presente caso -a la luz de las pruebas cursantes a los autos- se evidenciaba que la recurrente no ostentaba tal carácter y que sólo fungía como una sociedad de comercio privada que recibía un pago por los servicios prestados en el área de hidrocarburos..."

"...V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

En virtud de la declaratoria contenida en el fallo apelado y del examen realizado a las objeciones formuladas en su contra por el apoderado judicial de la contribuyente, así como de las defensas esgrimidas por la sustituta del Procurador General de la República en representación del hoy Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, se observa que la controversia planteada se contrae a determinar si el Juez de mérito incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho por errónea interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2005, al considerar que la sociedad de comercio Schlumberger Venezuela S.A. por prestar sus servicios al sector de los hidrocarburos, debía aportar anualmente una cantidad equivalente al dos por ciento (2%) de los ingresos brutos obtenidos en el territorio nacional para contribuir al desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones, descritas en el artículo 42 de la indicada Ley Orgánica.

Previamente esta Máxima Instancia estima importante destacar que si bien la sociedad de comercio apelante solicitó conjuntamente con el recurso contencioso tributario la suspensión de los efectos del acto impugnado, el Juez de la causa no emitió pronunciamiento alguno sobre dicha petición, por lo que resulta innecesario esgrimir en esta oportunidad -destinada a resolver la apelación ejercida por la representación judicial de la contribuyente contra la sentencia que decidió el mencionado recurso- consideraciones relacionadas con esa medida, por ser un tema accesorio a la acción principal de nulidad. Así se declara.

Delimitada la litis en los términos expuestos, pasa esta Alzada a decidir y al efecto observa:

El apoderado judicial de la contribuyente aduce que el Juez de la causa interpretó erróneamente el artículo 35 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2005, dado que la actividad desplegada por su representada consiste en prestar servicios como contratista a las empresas que operan en el sector de los hidrocarburos y que, en modo alguno, “se dedica” a las actividades establecidas en las Leyes Orgánicas de Hidrocarburos de 2006 e Hidrocarburos Gaseosos de 1999, tal como lo establece el citado artículo 35 a los sujeto pasivo de la obligación, de aportar anualmente el dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos.

Arguye que el legislador estableció tal obligación a la “actividad” desarrollada por las grandes empresas del sector de hidrocarburos y que las sociedades mercantiles privadas que proveen a aquéllas de bienes y servicios deben ser consideradas como “empresas dedicadas a otros sectores de producción de bienes y prestación de servicios” y, por tanto, sujetas al aporte anual del cero coma cinco por ciento (0,5%) de sus ingresos brutos, previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2005.

Indica que solamente las empresas que ejercen por cuenta propia, a su único y exclusivo riesgo y beneficio las actividades primarias, de refinación, comercialización o industriales indicadas en las Leyes Orgánicas de Hidrocarburos de 2006 e Hidrocarburos Gaseosos de 1999 son sujetos del aporte del dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos anuales.

Por su parte, la sustituta del Procurador General de la República expuso que la interpretación concordada de los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2005, evidencia que el aporte del cero coma cinco por ciento (0,5%) sólo se aplica a las grandes empresas del país dedicadas a sectores de producción distintos al de los hidrocarburos, minería y electricidad; no siendo este el caso de autos por cuanto la sociedad de comercio recurrente presta sus servicios precisamente al sector de los hidrocarburos; razón por la cual debe efectuar un aporte anual del dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos.

Ahora bien, visto que lo discutido en el caso de autos es si a la sociedad de comercio Schlumberger Venezuela S.A., le corresponde realizar el aporte anual del dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2005 y no el del cero coma cinco por ciento (0,5%) a que se contrae el artículo 37 eiusdem, por prestar sus servicios al sector de los hidrocarburos, la Sala, a los fines de decidir, considera necesario determinar el alcance y extensión de las indicadas normas.

En este sentido, dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2005, lo siguiente:

 “Artículo 35. Las grandes empresas del país que se dediquen a las actividades establecidas en las Leyes Orgánicas de Hidrocarburos e Hidrocarburos Gaseosos, deberán aportar anualmente una cantidad correspondiente al dos por ciento (2%) de los ingresos brutos obtenidos en el territorio nacional en cualesquiera de las actividades señaladas en el artículo 42 de la presente Ley.”

 

A los efectos de la Ley Orgánica en comentario, se entiende por grandes empresas:

“Artículo 44. (…) aquellas que tengan ingresos brutos anuales superiores a cien mil unidades tributarias (100.000 U.T.) (…)”

Por su parte, el artículo 37 de la indicada Ley Orgánica establece:

“Artículo 37. Las grandes empresas del país que se dediquen a otros sectores de producción de bienes y de prestación de servicios diferentes a los referidos en los artículos anteriores, deberán aportar anualmente una cantidad correspondiente al medio por ciento (0,5%) de los ingresos brutos obtenidos en el territorio nacional, en cualesquiera de las actividades señaladas en el artículo 42 de la presente Ley.”

Además, el artículo 42 del citado cuerpo legal -referido en el artículo 35 transcrito en líneas anteriores- expresa:

“Artículo 42. A objeto del aporte que deben realizar los integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y las empresas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 de la presente Ley, las siguientes actividades serán consideradas por el órgano rector como inversión en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones:

1. Aportes financieros en programas y proyectos contemplados en el Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, ejecutados a través de acuerdos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología o con los entes adscritos.

2. Aportes a fondos dependientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

3. Aportes a organismos adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

4. Inversión en proyectos de innovación relacionados con las actividades de la empresa, que involucren la obtención de nuevos conocimientos o tecnologías en el país, con participación nacional en los derechos de propiedad intelectual, entre otras:

a) Sustitución de materias primas o componentes para disminuir importaciones o dependencia tecnológica.

b) Creación de redes de cooperación productivas con empresas nacionales.

c) Utilización de nuevas tecnologías para incrementar calidad productiva de las empresas.

d) Participación, Investigación y Desarrollo de las universidades y centros país en la introducción de nuevos procesos tecnológicos, esquemas gerenciales y organizativos, obtención de nuevos productos o de los procedimientos, exploración de nuevos mercados y en general procesos de innovación en el ámbito de las actividades y fines de las empresas, con miras a mejorar su competitividad y calidad productiva.

e) Formación del talento humano en normativa, técnicas, procesos y procedimientos de calidad, relativos a las empresas nacionales.

5. Financiamiento de patentes nacionales.

6. La creación o participación en incubadoras o viveros de empresas nacionales de base tecnológica.

7. Participación en fondos de garantías o de capital de riesgo para proyectos de innovación o investigación y desarrollo.

8. Inversión en actividades de investigación y desarrollo que incluyan:

a) Financiamiento a proyectos de investigación y desarrollo de carácter individual o realizados con participación de Universidades o Centros de Investigación y Desarrollo a través de convenios o contratos.

b) Creación de unidades o Centros de Investigación y Desarrollo en el país que se incorporen al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

c) Creación de bases y sistemas de información de libre acceso, que contribuyan con el fortalecimiento de las actividades de la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones.

d) Promoción y divulgación de las actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, realizadas en el país.

e) Creación de premios o estímulos de programas de fomento a la investigación, el desarrollo o la innovación.

f) Financiamiento para la organización de reuniones o eventos científicos.

g) Consolidación de redes de cooperación científica, tecnológicas y de innovación a nivel nacional e internacional.

h) Formación de unidades de vinculación entre Centros de Investigación y Desarrollo y las empresas, para procesos de transferencia tecnológica.

9. Inversión en actividades de fortalecimiento de talento humano nacional que incluyan:

a) Organización y financiamiento de cursos y eventos de formación, actualización y capacitación tecnológica en el país.

b) Fortalecimiento de Centros de Investigación y Desarrollo, así como a post grados, maestrías, doctorados o equivalentes, relativos a actividades reguladas por esta Ley, en universidades o instituciones de educación superior en el país.

c) Financiamiento de becas para estudios a nivel técnico, de mejoramiento, capacitación, actualización y de post grado para el personal que labora o sea incorporado en la empresa o en una red de empresas nacionales.

d) Programas permanentes de actualización del personal de la empresa con participación de

Universidades u otras instituciones de educación superior del país.

e) Financiamiento de programas o convenios empresariales de inserción laboral de personal venezolano desempleado altamente capacitado.

f) Financiamiento a programas de movilización de investigadores, creación de post grados integrados a nivel nacional, de redes de investigación nacionales e internacionales.

g) Programas para fortalecer la capacidad de la gestión nacional pública y privada en ciencia tecnología e innovación.

h) Financiamiento de tesis de post grado y pasantía de investigación de estudiantes de educación superior en Universidades, o en el seno de la empresa o en centros de investigación y desarrollo.

i) Promoción y divulgación de las actividades de los centros de formación, actualización y capacitación tecnológica del país, a nivel nacional e internacional.

j) Creación de centros nacionales de capacitación técnica en nuevas tecnologías o apoyo a las existentes.

10. Cualquier otra actividad que en criterio del Ministerio de Ciencia y Tecnología pueda ser considerada inversión en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

Parágrafo Único: El Reglamento de la presente Ley establecerá los mecanismos, modalidades y formas en que los sujetos señalados en este Título realizarán los aportes a que están obligados, así como también los lapsos y trámites que se deberán realizar ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la determinación de las actividades que serán consideradas a los efectos de los aportes.”

Conforme a las disposiciones legales transcritas -a los fines de contribuir al desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones, descritas en el artículo 42 de la indicada Ley Orgánica- serán sujetos pasivos del aporte anual del dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos, las grandes empresas del país (entendidas por tales las que tengan ingresos brutos anuales superiores a las cien mil unidades tributarias) que “se dediquen a las actividades establecidas en las Leyes Orgánicas de Hidrocarburos e Hidrocarburos Gaseosos”, mientras que las grandes empresas del país que realicen sus actividades en otros sectores de producción de bienes y de prestación de servicios, aportarán el cero coma cinco por ciento (0,5%) de sus ingresos brutos anuales.

Lo antes afirmado precisa determinar entonces: i) cuáles son esas actividades establecidas tanto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006 como en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 1999; ii) cuáles son las actividades realizadas por la contribuyente, y si las mismas se subsumen en el supuesto fáctico del artículo 35 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2005 que consagra el aporte anual del dos por ciento (2%) sobre los ingresos brutos obtenidos por las grandes empresas del país.

i)      De las actividades establecidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006 y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 1999.

Entiende la Sala que la expresión “actividades establecidas” empleada por el artículo 35 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2005, es sinónimo de actividades previstas, indicadas, consagradas, señaladas, mencionadas, reguladas por las Leyes Orgánicas de Hidrocarburos de 2006 e Hidrocarburos Gaseosos de 1999.

En este sentido, la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006 tiene por objeto regular, “todo lo relativo a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referente a los productos refinados y a las obras que la realización de estas actividades requiera”, así como “la extracción de hidrocarburos gaseosos asociados con el petróleo”, tal como lo establecen sus artículos 1 y 2.

A lo largo de su articulado la indicada Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006, clasifica tales actividades en cuatro (4) grandes grupos: actividades primarias, actividades de refinación, actividades de industrialización y actividades de comercialización.

Las actividades primarias son las relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos a que se contrae la Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales (artículo 9).

Son actividades de refinación las referentes a la destilación, purificación y transformación de los hidrocarburos naturales comprendidos en la Ley, realizadas con el propósito de añadir valor a dichas sustancias y la comercialización de los productos obtenidos (artículo 10).

Las actividades de industrialización de los hidrocarburos refinados comprenden la separación, destilación, purificación, conversión, mezcla y transformación de los mismos, realizadas con el propósito de añadir valor a dichas sustancias mediante la obtención de especialidades de petróleo u otros derivados de hidrocarburos (artículo 49).

Son actividades de comercialización el suministro, almacenamiento, transporte, distribución y expendio de los productos derivados de los hidrocarburos, señalados por el Ejecutivo Nacional conforme al artículo 59, destinados al consumo colectivo interno (artículo 56).

Por su parte, la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 1999, regula las actividades de exploración en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, zona marina contigua y plataforma continental, en busca de yacimientos de hidrocarburos gaseosos no asociados y la explotación de tales yacimientos; además, regula la recolección, almacenamiento y utilización tanto del gas natural no asociado proveniente de dicha explotación, como del gas que se produce asociado con el petróleo u otros fósiles; el procesamiento, industrialización, transporte, distribución, comercio interior y exterior de los indicados gases, y lo referente a los hidrocarburos líquidos y a los componentes no hidrocarburados contenidos en los hidrocarburos gaseosos, así como el gas proveniente del proceso de refinación del petróleo, según lo dispone su artículo 2°.

Así, las actividades sujetas a la prenombrada Ley Orgánica se concretan en la exploración y explotación de yacimientos; la recolección, almacenamiento y utilización tanto del gas natural no asociado proveniente de dicha explotación, como del gas que se produce asociado con el petróleo u otros fósiles; el procesamiento, industrialización, transporte, distribución, comercio interior y exterior.

Por otra parte, cabe destacar que los “servicios conexos a las actividades primarias reguladas por la Ley Orgánica de Hidrocarburos” se encuentran regidos por la Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos de 2009.

En efecto, en su artículo 3° la indicada Ley Orgánica establece:

“Artículo 3°. Quedan reservados al Estado los bienes y servicios conexos a la realización de las actividades primarias previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que anteriormente eran realizadas directamente por Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA) y sus filiales, y que fueron tercerizadas, siendo esenciales para el desarrollo de sus actividades. Los bienes y servicios a los que se refiere el presente artículo son:

 

1. De inyección de agua, de vapor o de gas, que permitan incrementar la energía de los yacimientos y mejorar el factor de recobro.

2. De compresión de gas.

3. Los vinculados a las actividades en el Lago de Maracaibo: Lanchas para el transporte de personal, buzos y mantenimiento; de barcazas con grúa para transporte de materiales, diesel, agua industrial y otros insumos; de remolcadores; de gabarras planas, boyeras, grúas, de ripio, de tendido o reemplazo de tuberías y cables subacuáticos; de mantenimiento de buques en talleres, muelles y diques de cualquier naturaleza.

 

Luego, en el contexto normativo expresado, la Sala debe arribar a las conclusiones siguientes:

Las “actividades establecidas” tanto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006 como en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 1999 son las típicas de la industria de los hidrocarburos, es decir, las actividades primarias, de refinación, industrialización y comercialización de petróleo y gas; quedando excluidos los “servicios conexos a las actividades primarias reguladas por la Ley Orgánica de Hidrocarburos” los cuales están regidos por la Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos de 2009.

De manera que a la luz del artículo 35 de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología de 2005, son sujetos pasivos del aporte anual del dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos, las grandes empresas del país que en el sector de los hidrocarburos realicen actividades primarias, de refinación, industrialización y comercialización de petróleo y gas que -como quedó sentado- son precisamente las “actividades establecidas en las Leyes Orgánicas de Hidrocarburos e Hidrocarburos Gaseosos”.

Por interpretación en contrario, queda claro que las actividades económicas que no correspondan a ninguna de las indicadas categorías, no han de ser consideradas “actividades establecidas” en las indicadas Leyes Orgánicas y, en consecuencia, las grandes empresas del país que realicen actividades distintas a ellas no estarán sujetas al aporte anual del dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos.

ii) De las actividades realizadas por la contribuyente.

En el presente caso se aprecia que el objeto social de la recurrente consiste, en “(…) prestar toda clase de servicios a la industria petrolera relacionados con las actividades de prospección, exploración y explotación de la superficie o subsuelo (…)”, conforme se desprende del artículo 2° del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 22 de julio de 2001 (folios 98 al 102 del expediente judicial).

En este sentido, la representación judicial de la contribuyente expone en el recurso contencioso tributario que su representada “(…) es una empresa de servicios petroleros, que no realiza a título propio actividades (…) primarias (…) no requiere de los permisos o autorizaciones previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos o por la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos para la realización de actividades primarias. Los servicios de Schlumberger sirven de apoyo a las actividades de las empresas petroleras, que son las que efectivamente realizan las actividades reguladas por estas leyes especiales y que por tanto deben previamente haber obtenido los permisos o autorizaciones antes indicados (…). Cuando estas actividades se realizan como un servicio a terceros no puede considerarse que ello determinaría que el prestador de estos servicios estaría realizando actividades petroleras, ya que el resultado de sus actividades las está aprovechando la empresa beneficiaria, que es la que se debe considerar como efectivamente realizando las actividades de hidrocarburos.”

Sobre el mismo particular, insiste en el escrito de informes (folios 212 al 219) que su representada actúa como “contratista” de las empresas vinculadas al sector de los hidrocarburos. En este sentido, explica que “(…) cuando el Registro Nacional de Contratistas refleja que [su] representada presta servicios relacionados con la extracción de petróleos y gas, no quiere decir que extraiga hidrocarburos en su propia cuenta y orden (…) [por cuanto] (…) la extracción de hidrocarburos en estado natural es (…) una actividad primaria que sólo puede realizar el Estado (…) por órgano del Ejecutivo Nacional o de las empresas públicas de su exclusiva propiedad (PDVSA), o bien por medio de las empresas mixtas controladas por (…) [este]” -a lo que agrega- que la sociedad de comercio apelante “(…) lo que recibe como contraprestación (…) no es el producto de la venta de hidrocarburos sino pagos por servicios técnicos relacionados con (…) [su] extracción (…)”. (Agregado de la Sala).

De lo anterior se desprende que la contribuyente afirma que si bien se dedica a la extracción de petróleo y gas, esa actividad no lo efectúa por cuenta y beneficio propio sino en la condición de “contratista” de las empresas petroleras -únicas llamadas por ley para dedicarse a las actividades primarias establecidas en la Leyes Orgánicas de Hidrocarburos e Hidrocarburos Gaseosos, previa autorización o licencia-, teniendo en consecuencia como contraprestación el pago por los servicios realizados y no el producto de la venta de los hidrocarburos.

Ahora bien, tomando en cuenta que -como se verá- ciertamente por imperio de las indicadas Leyes Orgánicas, las actividades primarias -por ellas reguladas- sólo pueden ser realizadas por determinados sujetos y previo haber obtenido una autorización o una licencia otorgada por el Estado, según se trate de actividades primarias desarrolladas en el sector de los hidrocarburos o del gas; debe la Sala constatar si en el caso de autos concurren tales extremos, es decir, si la apelante califica como un sujeto llamado a realizar las actividades primarias y si opera con autorización o licencia, para lo cual se precisa dejar sentado lo siguiente:

En materia de hidrocarburos, las actividades primarias son realizadas por el Estado a través del Ejecutivo Nacional o mediante empresas operadoras de su exclusiva propiedad o en las cuales tenga una participación mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social (artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006) y requieren de la autorización correspondiente (artículo 24 eiusdem).

En el caso de los hidrocarburos gaseosos, las actividades primarias son ejecutadas por el Estado directamente o mediante entes de su propiedad o por personas privadas nacionales o extranjeras, con o sin la participación del Estado (artículo 2 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 1999). En este caso las empresas operadoras deberán obtener una licencia. (artículo 22 eiusdem ).

Cabe destacar que mediante el régimen de las autorizaciones y las licencias el Estado habilita a las empresas operadoras a ejercer actividades primarias, le otorga específicos derechos pero también las hace sujeto pasivo de obligaciones.

Así, en el caso de las autorizaciones el Estado transfiere a estas empresas el derecho a ejercer las actividades primarias, la propiedad u otros derechos sobre bienes muebles o inmuebles del dominio privado de la República               -requeridos para el eficiente ejercicio de tales actividades-, el derecho de solicitar la ocupación temporal o la expropiación de bienes, así como la constitución de servidumbres a favor de la actividad (artículos 24 y 38 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006). Asimismo el Ejecutivo Nacional les exige las regalías correspondientes (artículos 44 al 47 eiusdem).

En el supuesto de las licencias, el Estado traslada a las empresas operadoras el derecho a ejercer la actividad primaria en materia de gas, así como el derecho a solicitar la constitución de servidumbres, la ocupación temporal y la expropiación de bienes (artículo 16 y 25 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 1999) y les aplica el régimen de las regalías (artículo 34 eiusdem).

De allí que resulte forzoso entender que cuando el artículo 35 de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología de 2005, señala que serán sujetos pasivos del aporte anual del dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos anuales las grandes empresas del país que “(…) se dediquen a las actividades establecidas en las Leyes Orgánicas de Hidrocarburos e Hidrocarburos Gaseosos (…)”, se refiere solamente a las empresas operadoras que hayan obtenido previamente la autorización o licencia, según sea el caso, para realizar las actividades primarias reguladas por las mencionadas Leyes Orgánicas.

En orden a lo anterior, la Sala advierte que no corre inserto en autos elemento probatorio alguno que demuestre la pertenencia de la sociedad de comercio apelante a alguna empresa operadora, es decir, no hay pruebas de que la recurrente forme parte de alguna empresa operadora, -se insiste- únicas sociedades mercantiles legalmente habilitadas para realizar las actividades primarias reservadas al Estado venezolano.

Por el contrario, en el “Memorando 482, Código OPAP” de fecha 22 de mayo de 2008 (folio 25 del expediente administrativo), la Directora General (E) de la Oficina de Permisología y Atención al Público del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, “con motivo del juicio incoado por [la empresa Schlumberger Venezuela S.A. en contra de la República]” informa a la Consultora Jurídica de ese Ministerio lo siguiente:

 “(…) dicha empresa presta sus servicios a la industria petrolera en general y no se encuentra registrada como asociada a alguna de las Empresas Mixtas para la ejecución de actividades primarias en materia de petróleo ni como Licenciataria para la realización de las actividades primarias en materia de gas.” (Destacado de la Sala).

 

De modo que si el propio Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, por órgano de la Directora General (E) de la Oficina de Permisología y Atención al Público, afirma que la recurrente “no se encuentra registrada como asociada a alguna de las Empresas Mixtas (…) ni como Licenciataria”, queda claro que cuando “realiza” actividades primarias no lo hace como empresa operadora -ya que no posee tal condición- sino como una empresa privada que recibe un pago por los servicios realizados.

Con base en lo anterior, es forzoso concluir que la sociedad de comercio Schlumberger Venezuela S.A. no es sujeto pasivo del aporte anual del dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología de 2005, porcentaje este que -como se indicó en líneas anteriores- corresponde a las grandes empresas del país que se “dediquen” a las actividades establecidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006 y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 1999. Así se declara.

En orden a lo anterior, a la recurrente le corresponde hacer el aporte del cero coma cinco por ciento (0,5%) anual de los ingresos brutos obtenidos en el territorio dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2005. Así se declara.

En atención a los razonamientos precedentemente expuestos, debe esta Sala declarar con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la sociedad de comercio Schlumberger Venezuela S.A, por lo que, en consecuencia, se revoca la sentencia recurrida. Así se declara.

Asimismo, se declara con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por los apoderados judiciales de la mencionada sociedad de comercio incoado contra el Oficio identificado con letras y números VP/114-122-07 del 10 de abril de 2007, mediante el cual el ciudadano Luís Marcano González, en su carácter de Viceministro de Planificación de Ciencia y Tecnología (hoy Viceministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación) -en respuesta al requerimiento de “reclasificación” efectuado el 9 de mayo de 2007- informó a la empresa Schlumberger Venezuela S.A., que de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2005, debía efectuar aportes anuales equivalentes al dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos y no del cero coma cinco por ciento (0,5%), como era su pretensión; acto administrativo que se anula.

Para finalizar, en aplicación del criterio sostenido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en la sentencia Nro. 1.238 del 30 de septiembre de 2009, caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz, acogido reiteradamente por esta Sala Político-Administrativa, no procede la condenatoria en costas procesales a la República, por órgano del hoy Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. Así se decide.

VI

DECISIÓN

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil SCHLUMBERGER VENEZUELA S.A., contra la sentencia definitiva Nro. 060/2011 dictada en fecha 1° de julio de 2011 por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso contencioso tributario ejercido conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos el 13 de agosto de 2007, la cual se REVOCA.

2.- CON LUGAR el recurso contencioso tributario incoado conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por los apoderados judiciales de la mencionada sociedad de comercio contra el Oficio identificado con letras y números VP/114-122-07 del 10 de abril de 2007, suscrito por el ciudadano Luís Marcano González, en su carácter de Viceministro de Planificación de Ciencia y Tecnología (hoy Viceministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación); acto administrativo que se ANULA.

NO PROCEDE la condenatoria de costas procesales a la República por órgano del hoy Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, en los términos expresados en este fallo.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil doce (2012). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación...."

 

19/06/2012
Sala Político Administrativa
Exp N° 2011-1238, 11-1238
Mediante sentencia N° 710 publicada el 19 de junio de 2012
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Junio/00710-19612-2012-2011-1238.html