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Tsj, Sala Constitucional Abril 2010

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Establecido lo anterior de seguidas esta Sala pasa a decidir la apelación y al efecto, observa lo siguiente:

El apoderado judicial de los ciudadanos FERNANDO SANDOVAL, VICENTE MORALES VITELIO, JOSÉ ENRIQUE ALEJO, FREDDY SANTIAGO HERRERA, PEDRO COLINA CONTRERAS, ÁNGEL RAFAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ, PEDRO AGUILAR FLORES, FRANCISCO TORREALBA BASTIDAS, LUIS ALBERTO HARIS HERNÁNDEZ, PEDRO ARTEAGA, SANDI RODRÍGUEZ ÁVILA, OSCAR BRICEÑO ROJAS, MILAGROS MOSQUET MÉNDEZ, ELIZABETH VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, ALBERTO RÍOS BRUNO, DAVID ORTEGA CABRERA, YOSSAY ABREU MIERES, MORELYS FUENTES AVENDAÑO, ELBA VELÁSQUEZ ZAMBRANO y PETRA HERRERA DE OCHOA, presentó acción de amparo constitucional contra el auto de ejecución dictado el 4 de octubre de 2007, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que ordenó la ejecución forzosa de la sentencia dictada el 1 de agosto del mismo año, que declaró con lugar la demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales extrajudiciales incoada por el ciudadano Luis De Abreu Rodríguez contra el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Naval y sus Similares (S.U.T.I.N.S) conformado por mil veinticuatro (1.024) trabajadores afiliados, cuyos honorarios tienen su origen por la discusión de la Convención Colectiva de Trabajo años 2006-2008 ante la empresa Diques  y Astilleros Nacionales C.A. (DIANCA).

Por su parte, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 16 de mayo de 2008, dictó sentencia mediante la cual, declaró con lugar la acción de amparo constitucional por considerar que:

“… se generó una lesión en forma patente al accionante, en amparo quien dispone del derecho a una tutela judicial efectiva y a un proceso debido, según lo previsto en los artículos 26 y 49 de la Constitución, circunstancias que determinan la posibilidad de darle cabida a la tutela constitucional instada, no existiendo otra vía expedita, ni idónea que permita garantizara (sic) los derechos del justiciable”. 



Arribó a tal conclusión el sentenciador con fundamento en los siguientes argumentos:

.- Que sólo producen efectos las actuaciones procesales que se realizan en el expediente por tanto, “[n]o produce efecto procesal la revisión del expediente en el libro de préstamos de expedientes que se lleva en los tribunales…”.

.- Que “…la representación que les conceden los trabajadores a esa entidad sindical, representación que se atribuye frente a la empresa, a la administración pública, a los tribunales, las federaciones y confederaciones de trabajadores, así como ante instituciones públicas o privadas, e igualmente comprende la defensa judicial y extrajudicial del sindicato y sus miembros, pero ello no comprende la representación en los conflictos que presenten en forma individualizada los trabajadores, distinto de sus relaciones con sus patronos o derivadas de la relación laboral”.

.- Que “[e]n este caso fue condenada a pagar los honorarios profesionales a la organización sindical y, cuando la ejecución de sentencia incluye en forma individual a los trabajadores, tal acto de ejecución no se consustancia con lo decidido en el juicio, además de que la relación de representación de los trabajadores frente al sindicato que los agrupa no puede extenderse al cobro de honorarios profesionales de un abogado, lo cual constituye una acción personal”.

Asimismo “(…) que los propios estatutos de la organización sindical, prevé en el artículo 39.f que los honorarios que legítimamente devenguen los asesores jurídicos del sindicato o cualquier otro especialista contratado, se cubrirán mediante las cuotas sindicales ordinario (sic) o extraordinario (sic) aprobadas en asamblea general de trabajadores…”.

Contra dicha decisión, el ciudadano Luis De Abreu Rodríguez, asistido por la abogada Mónica Torres, apeló señalando en su escrito de fundamentación, lo siguiente:

.- Que los honorarios profesionales extrajudiciales se causaron con ocasión de la “asistencia”  y “representación”  que efectuó el referido abogado de los mil veinticuatro (1.024) trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Naval y sus Similares (S.U.T.I.N.S), en la negociación del contrato colectivo de trabajo período 2006-2008 con Diques y Astilleros Nacionales C.A. (DIANCA).

.- Que existe cosa juzgada en la decisión dictada el 1 de agosto de 2008, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró: 1) con lugar la demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales extrajudiciales; 2) concedió la corrección monetaria de las cantidades demandadas y condenó en costas a la parte perdidosa.

.- Que los trabajadores estaban debidamente representados por el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Naval y sus Similares (S.U.T. I.N.S) en la persona de Pedro Henríquez López.

.- Que el referido ciudadano fue debidamente citado en consecuencia, los trabajadores “…quedaron DEBIDAMENTE Citados, Notificados o Intimados en el momento y la hora precisa en que el SECRETARIO GENERAL firmó la Citación respectiva…”.

.- Que los presuntos agraviados se opusieron a la medida de embargo ejecutiva y además “se reservaron a presentar ‘…el Recurso de Invalidación o el de Amparo (sic) según sea el caso…”.

Ahora bien, expuestos de manera resumida los fundamentos de la apelación formulada al fallo dictado en primera instancia constitucional, esta Sala, observa:

En cuanto a que los honorarios profesionales extrajudiciales fueron causados con ocasión de la discusión de la convención colectiva de trabajo años 2006-2008, con la empresa Diques y Astilleros Nacionales C.A. (DIANCA)  la Sala advierte, que en ningún momento ha sido cuestionada la procedencia y pago de los mismos y en dado caso, eso resultaría materia de instancia, del fondo del asunto planteado que fue dilucidado en su oportunidad, al declarar con lugar la demanda interpuesta contra el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Naval y sus Similares (S.U.T.I.N.S), por estimación e intimación de honorarios profesionales extrajudiciales mediante sentencia dictada el 1 de agosto de 2007, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en consecuencia, no resulta este un aspecto que pueda ser objeto de amparo constitucional y menos aún argumento para cuestionar la decisión dictada por el a quo constitucional.

En cuanto a la cosa juzgada alegada respecto de la antes referida sentencia dictada el 1 de agosto de 2007, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, la Sala observa, que tampoco se ha cuestionado la misma por cuanto el asunto planteado no radica en enervar la eficacia de la decisión sino sobre quién recae el cumplimiento de la misma. Es decir, que  la acción de cobro de honorarios extrajudiciales estaba dirigida contra el Sindicato y como organización pero no contra los trabajadores de manera individual, pues alegó la parte accionante en amparo que de haber sido esa la forma se debió citar a los mil veinticuatro trabajadores (1.024) y éstos a su vez contratar un abogado, facultado mediante poder para defender sus derechos e intereses en la litis.

Por otra parte, alegó el abogado Luis De Abreu Rodríguez que los accionantes fueron debidamente representados en la persona del ciudadano Pedro Ramón Henríquez López, en su carácter de Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nava l y sus Similares (S.U.T.I.N.S) cuando lo cierto es que el referido ciudadano actúo en nombre del Sindicato como organización con persona jurídica distinta de sus asociados y no en cambio de manera individual respecto de los mil veinticuatro (1.024) trabajadores que lo conforman.

Además, sostuvo el apelante en amparo que los trabajadores accionantes se opusieron a la ejecución de la medida, pero la Sala observa, de la evidencia contenida en los folios cuarenta y cinco (45) al cincuenta y nueve (59) ambos inclusive, de la pieza principal del expediente, que la oposición fue realizada por el abogado Nelson Pérez en nombre de la organización sindical (S.U.T.I.N.S.), conforme a la atribución conferida en el artículo veinte (20) de los estatutos que corren insertos en los folios tres (3) al veinticuatro (24)  del expediente, no de manera individual respecto de los mil veinticuatro (1.024) trabajadores afiliados.

Ello así, estima esta Sala que, para ejercer la representación a título personal de los trabajadores, no es suficiente ser representante de la organización sindical que los asocie, sino que es estrictamente necesario como se dijo anteriormente, la existencia de un poder otorgado por cada uno de los trabajadores, cumpliendo con las formalidades previstas en la ley adjetiva, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 408 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Así lo estableció la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 263 del 25 de marzo de 2004, (caso: INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS, I.N.H.) al señalar que:

“Así las cosas, debe la Sala resaltar, que si bien es cierto que en la esfera jurídica de las atribuciones de los sindicatos, están implícitas aquellas orientadas a la defensa de los trabajadores, tal ejercicio de defensa se sustrae fundamentalmente, al desarrollo de la libertad sindical, y específicamente, al acometimiento de los contenidos esenciales de la misma, a saber, el derecho a la sindicación y la actividad sindical.



Pero, más allá del campo de acción colectivo antes referido, los sindicatos tienen legalmente atribuida la potestad de representar y defender a sus afiliados y aun aquellos trabajadores que no lo sean, en el ejercicio de sus derechos e intereses individuales, sólo que cuando tal representación y defensa se ejerce por ante los órganos jurisdiccionales competentes, deben garantizarse los requisitos de representación judicial.



Ello se infiere, del alcance y contenido del literal d) del artículo 408 de la Ley Orgánica del Trabajo, refiriendo:



(...) Representar y defender a sus miembros y a los trabajadores que lo soliciten, aunque no sean miembros del sindicato, en el ejercicio de sus intereses y derechos individuales en los procedimientos administrativos que se relacionen con el trabajador, y, en los judiciales sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la representación; y, en sus relaciones con los patronos (...). (Subrayado de la Sala).

Así, para asumir la defensa legítima de los trabajadores (afiliados o no al respectivo sindicato) en sus derechos subjetivos y personales y, en el ámbito jurisdiccional, deben satisfacerse los extremos de ley para la representación, predominantemente, el conferir mandato expreso cada uno de los trabajadores afectados al Sindicato correspondiente”.



Al aplicar el criterio citado, la Sala concluye que el ciudadano Pedro Henríquez López estuvo tal como aparece en autos, facultado para representar al Sindicato  Único de Trabajadores de la Industria Naval y sus Similares (S.U.T.I.N.S) como organización sindical, pero en ningún momento ostentaba la facultad de representar judicialmente a los mil veinticuatro (1.024) trabajadores, es decir, no constaba en autos mandato suficiente a favor de él o abogado alguno para representarlos judicialmente.

En efecto, la acción de cobro de honorarios extrajudiciales, tal como se evidencia del escrito de intimación, cursante a los folios 14 al 25, ambos inclusive de la primera pieza del expediente, estuvo dirigida contra el referido Sindicato como organización, pero no en cambio a los trabajadores de forma individual, de haber sido estos últimos los demandados se debieron citar a los mil veinticuatro trabajadores; y estos a su vez, contratar a un abogado apoderado facultado mediante poder para defender sus derechos e intereses en el juicio principal de cobro de honorarios extrajudiciales.

Tal afirmación obedece al hecho de que entre los trabajadores de una empresa y el sindicato que los agrupa no puede presumirse la responsabilidad solidaria, ya que la responsabilidad solidaria debe estar establecida legalmente o en su defecto, ser producto de un acuerdo expreso entre las partes, tal como se desprende del texto del artículo 1223 del Código Civil Venezolano.

Por lo tanto, al no ser parte en el proceso los trabajadores afiliados al Sindicato ni haber otorgado instrumento poder para su representación en juicio, mal podía algún abogado ostentar la facultad de actuar en nombre de ellos y finalmente, no puede recaer sobre sus bienes, ninguna medida que persiga el cumplimiento por parte del sindicato que los afilia, de la obligación respecto del pago de los honorarios extrajudiciales; ella sólo podía ser satisfecha con cargo al fondo creado para “…cubrir todos los gastos necesarios para realizar el objeto del y mantener el normal funcionamiento del Sindicato…”., tal como se encuentra previsto en el artículo N° 33 de los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Naval y sus Similares (S.U.T.I.N.S).

De lo expuesto, esta Sala considera, tal como lo hizo el a quo constitucional,  que en el caso de autos el Juez a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, señalado como agraviante, se extralimitó en sus funciones y actúo fuera del ámbito de sus competencias, vulnerando los derechos a la defensa y al debido proceso de los accionantes, en los términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En razón de las consideraciones anteriores, esta Sala declara sin lugar la apelación ejercida por el ciudadano Luis De Abreu Rodríguez y confirma el fallo dictado el 16 de mayo de 2008, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró la inconstitucionalidad del acto de ejecución forzosa dictado el 4 de octubre de 2007, por el referido Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la citada Circunscripción Judicial.

En razón de lo expuesto, la Sala no puede pasar por alto el proceder del Juez Rafael Eduardo Padrón Hernández, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, al ordenar la ejecución del fallo definitivo en cabeza de los mil veinticuatro (1.024) trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Naval y sus Similares (S.U.T.I.N.S), actuación que en virtud de la violación constitucional que comporta, esta Sala la considera como constitutiva de un error grave e inexcusable, motivo por el cual ordena remitir copia certificada del presente fallo a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial a fin de establecer la responsabilidad disciplinaria judicial a que haya lugar. Así se decide.



IX

DECISIÓN



Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:

1.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Mónica Torres apoderada judicial del ciudadano Luis De Abreu Rodríguez, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 16 de mayo de 2008.

2.-  SE CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 16 de mayo de 2008, que declaró  CON LUGAR el amparo constitucional interpuesto por los ciudadanos FERNANDO SANDOVAL, VICENTE MORALES VITELIO, JOSÉ ENRIQUE ALEJO, FREDDY SANTIAGO HERRERA, PEDRO COLINA CONTRERAS, ÁNGEL RAFAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ, PEDRO AGUILAR FLORES, FRANCISCO TORREALBA BASTIDAS, LUIS ALBERTO HARIS HERNÁNDEZ, PEDRO ARTEAGA, SANDI RODRÍGUEZ ÁVILA, OSCAR BRICEÑO ROJAS, MILAGROS MOSQUET MÉNDEZ, ELIZABETH VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, ALBERTO RÍOS BRUNO, DAVID ORTEGA CABRERA, YOSSAY ABREU MIERES, MORELYS FUENTES AVENDAÑO, ELBA VELÁSQUEZ ZAMBRANO y PETRA HERRERA DE OCHOA, contra el auto de ejecución dictado el 4 de octubre de 2007, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que ordenó la ejecución forzosa de la sentencia dictada el 1 de agosto del mismo año.

3.-  SE ORDENA la remisión de copias certificadas del presente fallo, a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, a los fines de que la conducta del abogado Rafael Eduardo Padrón Hernández, en su condición de Juez titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, sea evaluada a objeto de establecer la responsabilidad disciplinaria judicial a que haya lugar.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  12 días del mes de abril de dos mil diez (2010). Años: 199° de la Independencia y 151° de la Federación...."

Fecha: 12/4/2010
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/222-12410-2010-08-0784.html