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02/04/2009, Exp. n° 08-0492 

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

"...En atención a la decisión parcialmente transcrita, esta Sala declara la inadmisibilidad de la solicitud propuesta respecto a la referida decisión, toda vez que, en los términos expuestos, las sentencias que resuelven las incidencias de regulación de competencia, como la de autos, no son susceptibles de revisión, y así se declara...."


"....III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Vista la “…demanda de inconstitucionalidad…” incoada contra la decisión N° 954 dictada por la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal el 20 de abril de 2006, así como contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital el 10 de octubre de 2007, es menester precisar que el artículo 25 de nuestro Texto Fundamental plasma una evidente superación de la tesis de los actos excluidos de control y positiviza en nuestro ordenamiento jurídico, sin menoscabo de la exigencia del carácter definitivo de la actuación pública como elemento racionalizador del ejercicio de los recursos impugnatorios, la teoría de la universalidad del control, enraizada dentro de la concepción del Estado como un predicado republicano, que encuentra su raíz en el Estado de derecho y de justicia a que se refiere el artículo 2 de la Norma Normarum, cuya vigencia demanda la existencia de órganos contralores de la legalidad, entendida lato sensu, pues la sumisión a la ley comprende, en el contexto expuesto, la vinculación a la Constitución como norma suprema y, por ende, la vigencia del principio de unidad del ordenamiento jurídico.

Así, el constituyente estableció la vinculación de los Poderes Públicos a la Constitución, como expresión fundacional e integradora del Estado y reconoció que la supremacía constitucional descansa, fundamentalmente, en la noción del control de la constitucionalidad de los actos del Poder Público, pues el Derecho, y con él, la Constitución, no se realiza sólo con la declaración formal.

Ciertamente, uno de los rasgos fundamentales de los Estados constitucionales de derecho es el reconocimiento de la posibilidad de error y, con ello, el establecimiento de sistemas de control judicial que funjan de dique a la ilegitimidad y a la sobrevivencia de la legalidad.

En otras palabras, es el control de la actuación del Estado lo que garantiza que los imperativos constitucionales logren su aplicación práctica, pues de nada valen las disposiciones nominales que no se instrumentalizan y, en consecuencia, carecen de positividad. En este sentido se pronunció la Sala en sentencia N° 1717, dictada el 26 de julio de 2002 (caso: Importadora y Exportadora Chipendele C.A.), donde profundizó el desarrollo del carácter normativo de la Constitución y, a tal efecto, señaló que en Venezuela, la imperatividad constitucional se encuentra salvaguardada por diversos mecanismos de control, entre los cuales se encuentra el control difuso, basado en el derecho casuístico, y a tenor del cual los jueces tienen el imperativo-facultad de garantizar la integridad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la desaplicación de cualquier norma del ordenamiento que pudiera colidir con el bloque de la constitucionalidad.

Dicho mecanismo de control se complementa con el control concentrado que, desde el punto de vista subjetivo, tal como señaló esta Sala en la decisión N° 3067, del 14 de octubre de 2005, es una garantía del carácter normativo de la Norma Normarum, y desde el punto de vista objetivo, consiste en la facultad que tiene esta Sala Constitucional, conforme al artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de declarar la inconstitucionalidad de todo acto positivo o negativo de rango legal contrario a la Constitución.

Es decir, el control concentrado de la constitucionalidad recae sobre los actos políticos y normativos de rango infra-constitucional, pero no se extiende a los actos jurisdiccionales (sentencias), pues éstos se encuentran sometidos a los recursos adjetivos, ordinarios y extraordinarios, que el ordenamiento jurídico establece para salvaguardar la esfera jurídica de los particulares frente a la actuación jurisdiccional del Estado.    

En el marco de las observaciones anteriores, se evidencia que la pretensión anulatoria esgrimida por la actora (demanda de nulidad por inconstitucionalidad), no resulta compatible con el sistema de control concentrado a que hace referencia el Texto Fundamental, pues, para el caso de la impugnación de las decisiones dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, el único medio previsto por el ordenamiento jurídico es la revisión a que se refiere el artículo 336.10 de la Constitución, y no el control concentrado de la constitucionalidad.

Respecto a la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital el 10 de octubre de 2007, es necesario advertir que, de acuerdo a los argumentos supra expuestos, dicho acto jurisdiccional no resulta impugnable mediante el control concentrado de la constitucionalidad, sino a través de los recursos adjetivos que establece la ley procesal, para el reexamen de las decisiones jurisdiccionales.

En consecuencia a lo anteriormente expuesto y atendiendo al principio pro actione, esta Sala reconduce la acción de nulidad incoada y pasa a resolver la pretensión de la accionante como una solicitud de revisión, para lo cual debe determinarse, en primer lugar, la competencia para conocer de la solicitud y, en tal sentido, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, delimita la competencia que tiene la Sala Constitucional para conocer de las solicitudes de revisión constitucional. En este sentido, los cardinales 4 y 16, conjuntamente con el primer aparte del artículo 5 de la mencionada ley orgánica, establecen lo siguiente:

“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

…omissis…

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación (...).

(omissis)                                      

El Tribunal conocerá en Sala Plena lo asuntos a que se refiere este artículo en sus numerales 1 al 2. En Sala Constitucional los asuntos previstos en los numerales 3 al 23. En Sala Político Administrativa los asuntos previstos en los numerales 24 al 37. En Sala de Casación Social los asuntos previstos en los numerales 38 al 40. En Sala de Casación Social el asunto previsto en los numerales 41 al 42. En Sala de Casación Social los asuntos previstos en los numerales 43 y 44. En Sala Electoral los asuntos previstos en los numerales 45 y 46. En los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida..

…omissis…

16. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de la República”

 (destacado añadido).

           

Del análisis de la disposición parcialmente transcrita se desprende la facultad que detenta la Sala Constitucional, para revisar las decisiones de las demás salas de este Tribunal Supremo de Justicia, así como del resto de los órganos que integran el Poder Judicial, que contraríen las normas y principios contenidos en la Constitución, así como de las decisiones que se opongan a las interpretaciones que sobre los mismos haya realizado esta Sala en ejercicio de las atribuciones conferidas de forma directa por el Texto Constitucional, partiendo de lo preceptuado en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para aplicar lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 336 eiusdem.

Siendo ello así, se observa que la solicitud de autos fue interpuesta contra la sentencia N° 954, dictada por la Sala Político-Administrativa de este Alto Tribunal el 20 de abril de 2006; y contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital el 10 de octubre de 2007. Por tanto, y en atención a la norma parcialmente transcrita, esta Sala se declara competente para conocer y decidir la revisión planteada. Así se declara.

Determinado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la presente solicitud, para lo cual se procede a analizar, en primer término, lo concerniente a la decisión N° 954, dictada por la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal el 20 de abril de 2006, y, en tal sentido, se observa lo siguiente:

Por sentencia del 2 de marzo de 2000 (caso: “Francia Josefina Rondón Astor”), ratificado en el fallo del 13 de julio de 2000 (caso: “Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda”), esta Máximo Organo Jurisdiccional estableció que la facultad de revisión constitucional no debe ser entendida como una nueva instancia y, por tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, lo cual será analizado por esta Sala, siendo siempre facultativo de ésta, su procedencia.

           

            Por otra parte, esta Sala ha sostenido en casos anteriores que la labor tuitiva del Texto Constitucional mediante la revisión extraordinaria de sentencias, no se cristaliza de forma similar al establecido para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva. Para la revisión extraordinaria, el hecho configurador de la procedencia no es el mero perjuicio, sino que, además, debe ser producto de un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, de la indebida aplicación de una norma constitucional, de un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, de su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces de instancia o casación, de ser el caso, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna. Sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, en tales casos, la revisión de la sentencia (Vid. Sentencia de la Sala N° 2.957 del 14 de diciembre de 2004, caso: “Margarita de Jesús Ramírez”).

            En el presente caso, la primera de las sentencias sometidas a revisión, es la decisión que resolvió el conflicto negativo de competencia, surgido con ocasión de un recurso contencioso administrativo de nulidad incoado contra la Resolución de fecha 24 de abril de 1991, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Federal (hoy Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital).

En este sentido, cabe recordar que la revisión es un mecanismo extraordinario de tutela constitucional de los actos jurisdiccionales definitivamente firmes, por el cual esta Sala tiene la tarea de mantener la uniformidad y vigencia del Texto Constitucional. Tal potestad tiene entonces sus limitaciones, ya que al ser extraordinaria requiere del planteamiento de unos supuestos específicos que aseguren, además, un ejercicio apropiado a la defensa real de los preceptos y principios constitucionales, pues no cabe duda alguna que la revisión es una vía que establece el ordenamiento jurídico para volver al estudio de una sentencia que ya ha agotado todas las instancias ordinarias posibles, con la justificación de preservar la interpretación de una norma constitucional, lo que sin duda es de vital importancia para el ordenamiento jurídico.

De allí que no sólo baste con establecer los supuestos en que tal revisión puede proceder, en cuanto a las denuncias constitucionales de fondo que sean presentadas, sino también los requisitos que permitan ordenar la admisibilidad de la revisión, de manera que sea un filtro de las solicitudes de revisión que no puedan prosperar, como aquéllos en los que sólo se procure una nueva instancia o la simple inconformidad con un fallo que desfavorezca a la parte solicitante, volviendo a plantear el caso sin presentar una argumentación que conlleve al estudio de la interpretación constitucional.

Así las cosas, las decisiones que han establecido criterio en cuanto a la revisión siempre reiteran la necesidad de que se trate de sentencias definitivamente firmes, las cuales adquieren dicho carácter cuando han agotado todas las instancias judiciales posibles o se han vencido los lapsos para poder acudir a ellas, pues el numeral 10 del artículo 336 constitucional “(…) no intenta de manera alguna crear una tercera instancia en los procesos de amparo constitucional o de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas” (Vid. Sentencia de la Sala N° 93 del 6 de febrero de 2001, caso: “Corpoturismo”).

Es sobre el carácter definitivamente firme de la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal, que deben versar las presentes consideraciones, pues si bien es cierto, la decisión se trata de un fallo cuyas posibilidades de ser recurrido ya no existen, en razón de que no puede ser cuestionado mediante el recurso de apelación, la misma versa sobre la regulación de competencia planteada y, en tal sentido, esta Sala estableció en la sentencia N° 556 del 30 de marzo de 2007, que las decisiones que resuelvan la regulación de competencia no se encuentran sometidas a revisión, por cuanto dichas decisiones, no constituyen el fallo de mérito definitivamente firme del proceso, ni proveen sobre una incidencia que afecte la ejecutoriedad de lo decidido, ni determinan la conclusión del procedimiento mediante un medio de terminación anormal, pues sólo hace referencia al juzgado competente para conocer del recurso de nulidad incoado.

Sobre el particular, la citada decisión estableció lo siguiente:

“En tal sentido, a pesar de no tener recurso alguno que resuelva la controversia, la sentencia a revisar en el presente caso no es el fallo de mérito definitivamente firme del proceso (Vid. Sentencia de la Sala N° 511 del 5 de abril de 2004, caso: “Maira Rincón Lugo”). Ciertamente, puede leerse en la sentencia sometida a la revisión de autos, que ella no declara la tacha de falsedad, pues sólo hace referencia a la determinación del Juzgado competente para conocer dicha demanda.

Ello así, esta Sala en sentencia N° 2.156 del 14 de septiembre de 2004, señaló que para la revisión que establece la disposición constitucional que contiene el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe tenerse la certeza de que el fallo, cuyo examen se pretenda mediante el referido mecanismo, tenga carácter definitivamente firme, resolviendo el fondo de la controversia, extinguiendo la instancia correspondiente.

Aunado a las razones anteriores, la Sala ha argumentado que al tratarse de un fallo interlocutorio, no procede la revisión por cuanto el mismo no impide la prosecución del juicio principal del cual pende (Vid. Sentencia de la Sala N° 1.202 del 21 de junio de 2004, caso: “Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil’).

Visto que la revisión constitucional de autos versa sobre una sentencia que no es considerada definitivamente firme, en los términos exigidos tanto por la legislación aplicable, como por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los criterios que al respecto ha establecido esta Sala Constitucional (Vid. Sentencia N° 5.096 del 16 de diciembre de 2005, caso: ‘Daniel Darío Andrade Rodríguez y otro’) y, a efectos de establecer una doctrina diáfana sobre la revisión de sentencias que resuelvan la regulación de competencia, esta Sala concluye que no procede la revisión constitucional en caso de dichas decisiones, toda vez que las mismas no constituyen el fallo de mérito definitivamente firme del proceso, ni ponen fin al juicio, por lo que en el presente caso la misma debe ser declarada inadmisible. Así se decide.”

            En atención a la decisión parcialmente transcrita, esta Sala declara la inadmisibilidad de la solicitud propuesta respecto a la referida decisión, toda vez que, en los términos expuestos, las sentencias que resuelven las incidencias de regulación de competencia, como la de autos, no son susceptibles de revisión, y así se declara.

Resuelto lo anterior, entra este Máximo Órgano Jurisdiccional a analizar la viabilidad de la revisión planteada sobre la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y, al respecto, se observa que, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone que se declarará la inadmisión de la pretensión cuando “no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recursos es admisible”.

Sobre el particular, esta Sala ha señalado, reiteradamente, que la admisibilidad de las solicitudes de revisión como la que ocupa el pronunciamiento de autos, se encuentra supeditada entre otras condiciones a la certeza de que el fallo, cuyo examen se pretenda tenga carácter definitivamente firme y, en tal sentido, la decisión del citado juzgado superior es un pronunciamiento de primera instancia que puso fin al juicio y, como tal, era susceptible de ser atacado a través del recurso ordinario de apelación.

Ello así, esta Sala observa en las actas que conforman el expediente, que no se encuentra acreditado que el acto jurisdiccional en cuestión hubiera devenido definitivamente firme, sea por agotamiento del referido medio de gravamen, o, de ser el caso, por el perecimiento de los lapsos que la ley dispone para la interposición del mismo.

De manera que, de acuerdo con el párrafo sexto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y conforme a señalado la doctrina de esta Sala (vid. Decisión N° 517 del 8 de abril de 2008, caso: Yuleidy Yubisay Malpica Cabrera), resulta inadmisible el requerimiento de revisión cuando no se evidencien de los autos los documentos indispensables para la verificación de si la pretensión es admisible, como sería, en el caso concreto, la copia certificada del cómputo del tribunal a quo en el que constara que transcurrió íntegramente el lapso de ley, sin que se hubiese interpuesto el respectivo recurso de apelación.

Por tanto, resulta concluyente que la peticionaria no acompañó prueba fehaciente de que el veredicto objeto de su solicitud está definitivamente firme, lo cual, resulta esencial para su admisibilidad. En consecuencia, esta Sala declara inadmisible la petición de revisión de autos, de conformidad con el artículo 19, párrafo sexto, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide...."

Fuente: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/381-2409-2009-08-0492.html