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tsj.gov.ve, Julio 2009

"...la responsabilidad objetiva del patrono (guardián de la cosa) en materia de accidentes o enfermedades profesionales, sobre la base del riesgo que éste asume por ser quien lo origina y recibe los beneficios del trabajo, es procedente independientemente de la culpa o negligencia del empleador, siempre que se configure el presupuesto de hecho esencial como lo es que el accidente o enfermedad provenga del trabajo mismo o con ocasión directa de él..."


"...Visto lo anterior se observa:

Resulta un hecho no controvertido que el día el 1º de marzo de 2004, la ciudadana Sonia Maribel Rodríguez Ramírez sufrió un accidente mientras prestaba sus servicios para la C.A. Metro de Caracas, lo que se discute son las secuelas del mismo y la eventual responsabilidad civil del patrono en su ocurrencia. En ese sentido, la carga de la prueba sobre la enfermedad profesional y el hecho ilícito recae en cabeza de la trabajadora, correspondiendo a la parte demandada probar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo conforme al criterio sostenido por esta Sala de Casación Social: vgr. Sentencia Nº 536 del 18 de septiembre de 2003, caso: Juan Francisco Hermoso Aldana contra Corporación Venezolana de Televisión, C.A. (Venevisión), y Nº 155 del 19 de febrero de 2008, caso: Belkys Blanco Pérez contra C.V.G. Carbones del Orinoco, C.A. (C.V.G. Carbonorca)..."

"...Respecto a la pretendida responsabilidad civil subjetiva del patrono sobre al accidente ocurrido el 1º de marzo de 2004, se observa lo siguiente:

En el presente caso, producto del accidente ocurrido el 1º de marzo de 2004, a la ciudadana Sonia Maribel Ramírez Rodríguez se le diagnosticó “lumbalgia crónica, hernia discal L4-L5, L5-S1, anillo fibroso L3-L4, estabilización dinámica de columna lumbar”, y un porcentaje de pérdida de capacidad para el trabajo del 67%, tal y como se desprende de la declaración de accidentes de fecha 24 de marzo de 2004; de la evaluación de discapacidad elaborada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; del informe para solicitud o asignación de pensiones, del informe suministrado por la Dirección de Medicina del Trabajo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; y del informe médico suministrado por la Dra. Marycel Méndez, por lo que se declara improcedente la indemnización por daño moral derivada de la conducta subjetiva del patrono.

Sin embargo, no pasa de ser una simple conjetura de la parte demandante, la afirmación de que la base de la silla se haya fracturado por su mal estado, pues no existe la certeza de que esa sea la única causa posible; tampoco existe elemento probatorio, que permita inferir que la conducta del patrono haya sido imprudente, que no haya actuado como un buen padre de familia, que no tomara las previsiones necesarias para que sus trabajadores cumplieran sus funciones, y que ello haya ocasionado el infortunio. No consta en autos las condiciones de la silla, tiempo de uso, funcionamiento, relación de peso y resistencia, ergonomía, disposición, estructura y estabilidad. En virtud de ello, no puede afirmarse que la empresa incurrió en culpa, al no haber tomado los correctivos sobre los eventuales desperfectos de la silla, si el presunto mal estado de la misma tampoco le fue participado a la empresa.

En cuanto a la indemnización por lucro cesante, esta Sala observa que es requisito de procedencia de este tipo de reclamos, la demostración de que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se haya producido por un hecho ilícito (vgr. Sentencia Nº 785 del 4 de mayo de 2006, caso Jhoan Francisco Parra Palacios contra Industria Azucarera Santa Clara, C.A.), y siendo que tal circunstancia no quedó demostrada, se declara improcedente.

En el caso de las sanciones patrimoniales establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en los Parágrafos Segundo y Tercero del artículo 33, el patrono demostró mediante documentales como lo es la copia fotostática del ejemplar del ‘curso de formación de operadores en servicio de protección’ y la declaración de los testigos, que conocía la condición riesgosa de la actividad e informó a la actora sobre los riesgos de su trabajo y le dio charlas sobre seguridad, con lo cual quedó demostrado el cumplimiento de las normas de la referida ley especial.

De otra parte, se debe señalar que la responsabilidad objetiva del patrono (guardián de la cosa) en materia de accidentes o enfermedades profesionales, sobre la base del riesgo que éste asume por ser quien lo origina y recibe los beneficios del trabajo, es procedente independientemente de la culpa o negligencia del empleador, siempre que se configure el presupuesto de hecho esencial como lo es que el accidente o enfermedad provenga del trabajo mismo o con ocasión directa de él. Así, y en atención al concepto de daño moral demandado, en aplicación de la “teoría del riesgo profesional”, dicho daño debe ser reparado por el patrono aunque no haya habido culpa en la ocurrencia del infortunio de trabajo.

Por consiguiente, de seguida se realizará una estimación del daño moral, acatando el criterio sentado por la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, según el cual todo sentenciador tiene que, necesariamente, sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, para luego calificarlos y proceder a la aplicación de la ley y de la equidad, tomando en consideración los parámetros dictados en la sentencia Nº 144, de fecha 7 de marzo de 2002 (caso: José Francisco Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón, S.A.).

Articulando todo lo antes expuesto, el sentenciador que conoce de una acción por daño moral debe hacer un examen del caso en concreto, analizando los siguientes aspectos: a) la entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales); b) el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva); c) la conducta de la víctima; d) grado de educación y cultura del reclamante; e) posición social y económica del reclamante, f) capacidad económica de la parte accionada; g) los posibles atenuantes a favor del responsable; h) el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y, por último, i) referencias pecuniarias estimadas por el Juez.

A la ciudadana Sonia Maribel Ramírez Rodríguez se le diagnosticó: “LUMBALGIA CRÓNICA, HERNIA DISCAL L4-L5-5-S1, ANILLO FIBROSO L3-L4, COLUMNA LUMBAR INESTABLE”, con una pérdida de capacidad para el trabajo del 67%, daño físico que la limita no sólo en el ámbito laboral sino también en sus quehaceres cotidianos; dicha ciudadana contaba con 45 años de edad para el momento en que se estableció la discapacidad, su grado de instrucción es el de Técnico Superior y desempeñaba el cargo de Técnico de Mantenimiento II, por lo que se presume un nivel socio económico medio; no se demostró que haya contribuido con su conducta al resultado dañoso. La parte demandada es una empresa del Estado que se dedica a la construcción, instalación, operación, administración y explotación del sistema de transporte Metro de Caracas y cuenta con la capacidad económica para sufragar los gastos relacionados con el presente juicio; asimismo, cabe destacar que no se demostró que haya incumplido con las normas de higiene y seguridad laborales, y contribuyó con la seguridad social de la demandante, quien percibe una pensión por discapacidad conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Seguro Social, y goza de los mismos beneficios establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo de la C.A. Metro de Caracas para los trabajadores activos. En virtud de ello, se tasa la indemnización en veinte mil bolívares fuertes (Bs.F. 20.000,00), cantidad que se considera equitativa y justa para el caso concreto.

Respecto a los aumentos salariales reclamados conforme a lo establecido en la cláusula 35 de la Convención Colectiva del Trabajo, se pudo apreciar que la demandada dio cumplió a tal previsión, tal y como se desprende de las constancias de trabajo que cursan en autos: la pensión de invalidez concedida por la empresa, inicialmente era de Bs. 1.410.920,00, y para el mes de noviembre de 2006, era de Bs. 1.947.069,60, lo que evidencia se cumplió con los aumentos pautados, del 15% para el 1º de julio de 2005 y de 20% a partir del 1º de enero de 2006, por lo que tal reclamo resulta improcedente.

Por otra parte, se observa que la empresa cumplió con el pago de los conceptos generados por la terminación de la relación de trabajo, tal y como se desprende de la copia al carbón de la planilla de liquidación de prestaciones sociales (folio 40, pieza 1), elaborada por la parte demandada y suscrita por la demandante en señal de haber recibido las cantidades allí especificadas, lo que permite afirmar que nada se adeuda al respecto.

Se ordena practicar experticia complementaria del fallo para determinar la corrección monetaria, la cual deberá ser calculada desde el decreto de ejecución, sólo en el caso de que la demandada no cumpliere voluntariamente con la sentencia, hasta su materialización, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo, todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para lo cual el tribunal de la causa deberá en la oportunidad de la ejecución de la sentencia definitivamente firme o lo que es lo mismo de la materialización del pago efectivo, solicitar al Banco Central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre dicho lapso, a fin de que este índice se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda pagar al trabajador.

Asimismo, se ordena el pago de los intereses moratorios sobre el monto condenado a pagar, sólo en el caso de incumplimiento por la parte demandada, los cuales deberán ser cuantificados a través de la experticia complementaria del fallo ordenada, rigiéndose la misma bajo los siguientes parámetros: a) El perito deberá servirse de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo; c) Serán calculados a partir de la fecha del decreto de ejecución hasta la ejecución efectiva del presente fallo; y d) Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los propios intereses, ni serán objeto de indexación. Así se declara...."


Sala de Casación Social
Ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
Fecha: 1/7/2009
Fuente: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/julio/1059-1709-2009-08-1158.html