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“…Esta Sala Constitucional observa que de la totalidad de las normas impugnadas por parte de la Defensoría del Pueblo del Código de Policía del Estado Mérida, las que están relacionadas con la libertad personal son las contenidas en los artículos 9 ordinal 4°, 10 ordinal 6°; 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 80, 82, 126, 150, 166,178, 179, 208, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236 y 239, que contemplan la posibilidad de dictar medidas de arresto por parte de algunas  autoridades administrativas del Estado Mérida.



Al respecto, esta Sala Constitucional observa que el articulado en revisión contraviene lo dispuesto en el Texto Fundamental e incurre específicamente en la violación de lo dispuesto en el artículo 44 cardinal 1, ya que desconoce el imperativo normativo constitucional que exige la intervención del juez para que pueda practicarse el control de la actuación policial y que sea específicamente la autoridad judicial la que acuerda o no cualquier medida que restrinja la libertad personal.

De igual modo, el artículo 44.1 constitucional señala la excepción al requerimiento judicial previo; tal excepción procedería sólo en caso de que una persona que sea sorprendida in fraganti, esto es, al momento de cometer actos que de acuerdo con el ordenamiento jurídico requieren ser sancionados mediante la restricción de la libertad personal; y luego, en un lapso máximo de 48 horas, debe informarse al juez de la medida acordada por el cuerpo de policía y sea éste quien verifique la constitucionalidad de la medida para dictar o no la orden judicial respectiva.

Así y como consecuencia del análisis precedente, esta Sala Constitucional considera que la normativa impugnada del Código de Policía del Estado Mérida, que prevé como única sanción la imposición de restricciones a la libertad personal, en virtud de decisiones administrativas dictadas por las autoridades policiales, es decir el arresto, o bien aquellas disposiciones que permiten la aprehensión indefinida y sin necesidad de flagrancia, resultan contrarias al Texto Fundamental y por lo tanto están afectadas en su totalidad de nulidad por inconstitucionalidad. Así se decide.

En consecuencia, los artículos 9 ordinal 4°, 10 ordinal 6°; 14, 26, 27, 29, 80, 179, 208, 224, 225, 226, 227, 231, 233 y 236 del Código de Policía del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957, por cuanto establecen medidas de arresto, como única sanción a los hechos previstos en esas normas, desconociendo así lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 44 cardinal 1, se encuentran viciados de nulidad por inconstitucionalidad, por lo que esta Sala declara su nulidad total. Así se decide.

Asimismo, observa la sala en relación con lo dispuesto en el artículo 236 del mismo Código de Policía; que dicho precepto igualmente viola el derecho constitucional a la presunción de inocencia, establecido en el artículo 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque permite a la autoridad policial “…aprehender a aquellos individuos sobre quienes recaigan sospechas fundadas de que han cometido algún delito, especialmente si se tema que puedan ausentarse del lugar”.

Ahora bien, también observa esta Sala Constitucional que las disposiciones normativas del Código de Policía del Estado Mérida impugnadas tipifican conductas que constituyen infracciones administrativas, las cuales pueden ser sancionadas de manera alternativa, a través de la imposición de penas de multas o de penas privativas de libertad (arresto Proporcional). En este orden, los artículos 12, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 82, 126, 150 Aparte Único; 166, 178, 222, 223, 230 y 235 contemplan incorrectamente dualidad de penas, cuya determinación corresponde a la autoridad policial.

Al respecto, esta Sala Constitucional observa que las normas antes indicadas también adolecen de inconstitucionalidad, por cuanto se faculta al órgano administrativo para que se imponga la pena de arresto, cuestión que como se señaló anteriormente está proscrita por el artículo 44.1 del Texto Fundamental.

En definitiva, los artículos 12, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 38, 40, 45, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 82, 126, 150 Aparte Único; 166, 178, 222, 223, 230 y 235 del Código de Policía del Estado Mérida, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, Edición Extraordinaria, el 15 de julio de 1957, se encuentran viciados parcialmente de nulidad por inconstitucionalidad en lo que respecta a la medida alternativa de arresto, ya que se desconoce así lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 44 cardinal 1, por lo que esta Sala declara la nulidad parcial de dichos preceptos normativos sólo en lo referente a las medidas privativas de libertad y mantiene vigente las sanciones administrativas que esas normas preceptúan. Así se decide.

Las anteriores consideraciones obligan también a declarar que la conversión de multas en arrestos que permite el artículo 239 del Código que fue impugnado es inconstitucional porque, si bien es cierto que las autoridades administrativas pueden imponer multas -siempre y cuando cuenten con cobertura legal, sea nacional, estadal o municipal-, no puede habilitarse a un órgano administrativo para la conversión de multa en arresto, todo ello sin que la Sala deje de reparar en la curiosa fórmula según la cual quien no pudiera satisfacer una multa tendrá derecho a que se le conmute en arresto (ver sentencia N.° 130 del 1° de febrero de 2006, caso: Gertrud Frías Penso y otro); curioso -y reprochable- derecho que consistiría en la admisión de un desmejoramiento individual, como se expuso en la sentencia de esta Sala Nº 1744 del 9 de agosto de 2007 (caso: Germán José Mundaraín Hernández). Así se declara.

En lo que concierne al artículo 15 del Código de Policía, según el cual toda persona que perturbase el ejercicio de algún culto, faltando al orden y respeto debido, queda bajo la acción de la Policía, la que impedirá el abuso e impondrá al infractor las penas a que haya lugar. Esta Sala, tal como decidió en su sentencia Nº 1744/2007, considera que debe interpretarse el precepto conforme a la Constitución, y, por ende, la consecuencia jurídica que en él aparece establecida deberá entenderse circunscrita a aquellos supuestos que no impliquen una restricción de la libertad personal. Así se decide.

(…)

Ficha:
Fecha: 08 de Abril 2010
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/191-8410-2010-04-2498.html