La Sala de Casación Civil, por sentencia del 12 de mayo de 2.011, declaró con lugar el recurso de casación propuesto por la actora, decretando la nulidad de la decisión dictada por el Juzgado Superior.
La Sala sostuvo que si bien no existe constancia expresa en el expediente que el actor o su apoderado hubiere suministrado los medios o recursos necesarios para impulsar la citación, no es menos cierto que de las diligencias consignadas por el Alguacil, se puede evidenciar con meridiana claridad, que si el referido funcionario efectivamente se trasladó a realizar las citaciones de los co-demandados, es porque la parte interesada puso a su alcance los medios suficientes para ello; que el acto de citación tiene como propósito o finalidad que el Tribunal ponga en conocimiento del demandado la existencia de una demanda incoada en su contra, y, al propio tiempo emplazarlo para que venga a contestarla, dentro del plazo que, conforme a la Ley, corresponda oponiendo las excepciones o defensas que estime conveniente, ya que lo importante es que el demandado efectivamente tenga conocimiento de la demanda propuesta en su contra para que concurra a defenderse.


Extracto de la Sentencia

"...En fecha 5 de noviembre de 2009, se admitió la demanda por los trámites del procedimiento ordinario, ordenándose la citación de los codemandados.

El 11 de noviembre de 2009, diligenció el abogado Rubén Troconis, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora y consignó la cantidad de bolívares cien (Bs. 100,00) “para que se expidan las copias fotostáticas necesarias para la elaboración de las respectivas compulsas”.

Por auto del 16 de noviembre de 2009, el tribunal a quo expresó textualmente “Consignados como fue (sic) el dinero para los fotostatos respectivos, cúmplase con lo ordenado en el auto de fecha 05-11-2009”, ordenando librar las boletas de citación.

El 17 de noviembre de 2009, el representante judicial de la demandante pidió le fueran expedidas copias certificadas del libelo de demanda y del auto de admisión “a los fines de su protocolización”, las cuales fueron acordadas por auto del 1° de diciembre de ese mismo año.

En fecha 8 de diciembre de ese mismo año, compareció el ciudadano Leiner Márquez, Alguacil del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, ante ese mismo juzgado y expuso que “Devuelvo en este mismo acto Boleta (sic) que me fuera entregada para citar al Ciudadano (a) (sic): ANGEL (sic) HERNÁNDEZ en su condición de PARTE DEMANDADA en la Causa C-2009-000619, por cuanto me traslade (sic) a la dirección indicada y allí me entreviste (sic) con el Ciudadano (sic) VICTOR (sic) HERNÁNDEZ C.I. 4.131.434, el cual me informo (sic) que el referido vivía en la ciudad de bogota (sic) desde hacia (sic) diez años aproximadamente, consignación que hago a los fines legales consiguientes”.

En esa misma fecha 8 de diciembre de 2009, el aludido funcionario dejó constancia de haber logrado la citación del codemandado Víctor Hernández Graterol y de la empresa Clínica de Especialidades Médicas Los Llanos, C.A. (CEMELL, C.A.), en la persona de este mismo ciudadano, en su carácter de presidente.

El 9 de diciembre de 2009, fue traída a los autos por la representación judicial de la parte demandante la copia certificada del libelo de demanda registrada a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.921 del Código Civil, así como también hizo la reiteración de la petición del pronunciamiento sobre la medida de prohibición de enajenar y gravar y “sobre la providencia cautelar solicitada en el libelo de la demanda”.

El 7 de enero de 2010 el representante judicial de la parte actora, diligenció con el fin de poner en conocimiento del tribunal la dirección donde debía practicarse la citación del codemandado Ángel Augusto Hernández, siendo que por auto del 12 de ese mismo mes y año se ordenó librar nuevamente boleta de citación; asimismo el 13 de enero de 2010, el demandante dejó constancia de la consignación de las expensas para la elaboración de la compulsa.

En fecha 18 de enero de 2010, el alguacil del juzgado de la causa, dejó constancia de haber citado al codemandado Arnoldo Cova. De igual forma, el 21 de enero de 2010, dejó constancia de la imposibilidad de citar a la codemandada Coromoto Pérez de Cova.

El 29 de enero de 2010, el abogado Ruben Troconis, en virtud de la imposibilidad de citar de forma personal a los ciudadanos Coromoto Pérez de Cova y Ángel Augusto Hernández, pidió se practicara por carteles, lo cual fue acordado por auto del 3 de febrero de ese mismo año. El 12 de ese mismo mes, el referido apoderado solicitó se librara nuevo cartel dirigido al ciudadano Ángel Hernández en razón del error material en que se habría incurrido al librarlo, lo que fue acordado por decisión del 18 de febrero de 2010.

Mediante diligencia del 28 de enero de 2010, el alguacil del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, consignó boleta de citación del demandado Ángel Hernández, en razón que no logró su citación, no obstante de trasladarse en múltiples ocasiones a la dirección suministrada por el actor, en la que declara no haber encontrado a nadie.

El representante judicial de la parte demandante el 29 de enero de 2009, solicitó al tribunal de primera instancia antes mencionado, la citación por carteles de los ciudadanos Coromoto Pérez de Cova y Ángel Augusto Hernández, siendo acordado por auto del 3 de febrero de ese mismo año.

Por diligencia del 3 de febrero de 2010, la codemandada Coromoto Pérez de Cova, asistida de abogado, se dio por citada.

En fechas 22 y 24 de febrero de 2010, el apoderado de la parte actora consignó las publicaciones del cartel de citación dirigido al codemandado Ángel Hernández; siendo completada con la fijación del cartel en la morada, que hiciera la Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, tal como lo establece el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.

A través de escrito presentado el 1° de marzo de 2010 por el codemandado Víctor Segundo Hernández Graterol, actuando en su carácter de representante de la sociedad de comercio Clínica de Especialidades Medicas Los Llanos, C.A. (CEMELL), pidió fuera declarado el decaimiento de la citación, por cuanto –a su decir- habían transcurrido con creces sesenta días de entre la primera citación y la última de los codemandados, lo cual fue declarado improcedente por decisión del 4 de marzo de 2010.

A petición del apoderado de la parte actora, el 24 de marzo de 2010 se designó como defensor judicial del ciudadano Ángel Hernández, al abogado Yvonne Fernando Nadal, quien previa aceptación y juramentación del cargo, y legalmente citado, en fecha 11 de mayo de 2010, solicitó se declarare la perención de la instancia alegando que el demandante incumplió con la obligación de suministrar la dirección de su patrocinado, a los fines de llevar a cabo la citación, dentro de los treinta días contados a partir de la admisión de la demanda.

De lo anterior, se puede constatar en primer término, que el representante judicial de la parte actora, en fecha 11 de noviembre de 2009, es decir, seis días después de admitida la demanda, facilitó las expensas necesarias para la elaboración de las compulsas, de lo que el juzgado de primera instancia dejó constancia por auto del 16 de ese mismo mes y año, librando al efecto las respectivas boletas de citación; y con posterioridad a ello, específicamente el 8 de diciembre de 2009, el alguacil dejó constancia de haberse traslado a la “dirección indicada”, y que no pudo efectuar la citación en razón que al entrevistarse con el ciudadano Víctor Hernández, éste le indicó que el mencionado codemandado “vivía en la ciudad de bogota (sic) desde hacia (sic) diez años aproximadamente”.

Con posterioridad, el 7 de enero de 2010, el abogado Rubén Darío Troconis, apoderado de la demandante, señaló al tribunal de primer grado la dirección del ciudadano Ángel Augusto Hernández.

Ahora bien, ante tales circunstancias, la Sala ha podido evidenciar que, si bien no existe constancia expresa en el expediente que el actor o su apoderado hubieren suministrado los medios o recursos necesarios para impulsar la citación, no es menos cierto que de las diligencias consignadas por el alguacil se puede evidenciar con meridiana claridad, que si el referido funcionario efectivamente se trasladó a realizar las citaciones de los codemandados, es porque la parte interesada puso a su alcance los medios suficientes para ello.

En este sentido, es importante señalar que ante las transgresiones a los trámites procedimentales y de los requisitos para que proceda la nulidad, se estima pertinente traer a colación la sentencia N° 00747 dictada por esta Sala en fecha 11 de diciembre de 2009, en el caso J.A. D´Agostino y Asociados S.R.L. contra Antonieta Sbarra de Romano y Otros, expediente N° 09-241, en la que se deja claramente establecido que no basta el sólo quebrantamiento, pues, por si sólo, este no produce la nulidad de la sentencia ni la reposición del acto procesal viciado, sino que es menester constatar, adicionalmente, la existencia de un perjuicio. En efecto, el referido criterio quedó desarrollado de esta manera:

“…La necesidad de la utilidad de la reposición ha sido precisada por esta Sala en decisión N° 00998, de fecha 12 de diciembre de 2006, Caso: Pablo Pérez Pérez contra Promociones y Construcciones Oriente C.A., reiterada entre otras, en sentencia N° 00587, de fecha 31 de julio de 2007, caso: Chivera Venezuela S.R.L., contra Inversiones Montello C.A. y otra, de la siguiente forma:

“...en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales.


En este sentido, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone que:

‘...Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.

En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado…’

Aunado a lo anterior, cabe destacar, que mientras que en el Código de Procedimiento Civil de 1916 se refería a la reposición preterida, como un vicio disociado del quebrantamiento del derecho de defensa, nuestro actual Código recoge el vicio de reposición no decretada dentro de la causal de quebrantamiento de formas procesales en violación del derecho de defensa.

Ciertamente, una de las innovaciones observadas en la última reforma del Código de Procedimiento Civil, se refiere a este motivo del recurso de casación, pues la indefensión desaparece como motivo autónomo y separado, y es establecido como uno de los presupuestos de procedencia para la reposición de la causa por incumplimiento u omisión de formas procesales.

Queda claro, pues, que cuando se denuncie el quebrantamiento de una forma procesal, el recurrente deberá demostrar como tal infracción (sic) menoscabó o lesionó su derecho de defensa.

Ello es así, porque la reposición no decretada conforma un motivo propio de casación, denunciable de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que ‘Se declarará con lugar el recurso de casación: 1º Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa”.

En consecuencia, es posible que el juez de instancia hubiese incumplido o quebrantado alguna forma procesal sin que por ello proceda la reposición, pues es presupuesto indispensable que el acto no haya alcanzado su finalidad, que sea imputable al juez, que no haya sido consentido o convalidado por las partes, y resulte lesionado el derecho de defensa de alguna de ellas...”. (Cursivas de la Sala).

De acuerdo al precedente criterio de la Sala, en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad procesal, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales. Por tanto, es indispensable para que proceda la reposición, que además haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad…”.


Con apoyo en el criterio anteriormente transcrito, a juicio de esta Máxima Jurisdicción Civil, el juzgador de la recurrida erró al considerar que no existe una actuación precedente sobre la facilitación por parte del actor de los recursos o medios al alguacil para impulsar la citación, pues en su criterio, la diligencia del 8 de diciembre de 2009, donde este funcionario deja constancia de haber practicado la citación del ciudadano Víctor Hernández, ocurre treinta y tres (33) días después del auto de admisión.

En este sentido, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, citada al principio de la presente denuncia, los deberes de las partes que subsisten, a propósito de la gratuidad del acceso a la justicia prevista en la actual Constitución, es entre otras, suministrar las expensas necesarias para la práctica de la citación del demandado, de lo que debe dejarse constancia en el expediente, de conformidad con el artículo 25 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los treinta días siguientes al auto de admisión de la demanda, so pena de declararse la perención de la instancia de conformidad con el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante ello, no puede obviar la Sala que en el presente caso, si bien –se reitera- no existe expresa constancia en las actas del expediente del suministro de los medios necesarios para impulsar la citación de los demandados, a través de diligencia o escrito, presentado con anterioridad a la diligencia del 8 de diciembre de 2009 y de la cual se hace referencia en la recurrida, no es menos cierto, tomando como premisa la utilidad de la reposición, que de la propia declaración del alguacil de haberse traslado a practicarlas, debe presumirse que el actor sí cumplió con tal carga, pues de lo contrario éste funcionario no debía trasladarse, lo que responde al cumplimiento de la finalidad del acto.

El acto de citación tiene como propósito o finalidad que el tribunal ponga en conocimiento del demandado la existencia de una demanda incoada en su contra, y, al propio, tiempo emplazarlo para que venga a contestarla, dentro del plazo, que conforme a la ley corresponda, oponiendo las excepciones o defensas que estime convenientes a sus intereses.

De manera que, lo importante es que el demandado efectivamente tenga conocimiento de la demanda propuesta en su contra para que concurra a defenderse, lo cual, en este caso se logró con los codemandados Víctor Hernández Graterol, Arnoldo Cova Machado y la sociedad mercantil Clínica Especialidades Médicas Los Llanos, C.A. (CEMELL, C.A.), como se dejó establecido con anterioridad; siendo que respecto al ciudadano Ángel Hernández consta que el alguacil se trasladó a citarlo, antes que transcurrieran los treinta días a que alude el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que –se reitera- debe presumirse el cumplimiento por parte del actor de las cargas estatuidas en dicha norma. Así se establece.

Adicionalmente a lo dicho, es importante señalar que la perención de la instancia es una sanción que extingue el proceso y que viene dada por la inactividad de las partes por un espacio de tiempo.

En el sub iudice, de la narración de los eventos relevantes ocurridos durante el proceso, se puede patentizar que el representante de la parte actora desplegó una actuación diligente tendiente a lograr la citación de los demandados y demás trámites correspondientes a cada etapa del proceso, lo cual en modo alguno puede ser castigado, pues no hay abandono de la causa, que es lo que el legislador a querido censurar con esta sanción.

Lo anterior se puede colegir de la consignación de las expensas para la expedición de las copias fotostáticas para la elaboración de las compulsas; el suministro de la dirección del codemandado Ángel Augusto Hernández en razón de no haberse podido practicar su citación en la dirección originalmente aportada, y de los recursos para la obtención de las copias necesarias para la elaboración de la nueva compulsa; y de la solicitud de citación para carteles; la petición de nombramiento de defensor judicial al codemandado Ángel Augusto Hernández.

Por tanto, es menester que al ser evaluada por parte del juez la conducta desplegada por alguna de las partes en el proceso a la luz de la institución en comentario, es condición que el abandono a la causa sea de tal entidad que denote total desinterés de la parte en dar impulso al proceso, lo cual sin duda debe ser castigado con la imposición de las consecuencias de la perención.

Como corolario de lo anterior, encuentra la Sala que el sentenciador ad quem, al considerar que operó la perención de la instancia, cuando lo cierto es que de las actas ha quedado evidenciado el cumplimiento de las obligaciones por parte del demandante a fin que se llevare a cabo la citación de los demandados, infringió el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, así como los artículos 15 y 270 eiusdem.

Como resultado del análisis precedente considera la Sala procedente la presente denuncia y la consecuente nulidad de la sentencia recurrida tal y como se hará de forma expresa, positiva y precisa en la parte dispositiva del presente fallo. Así se establece...."


Ficha:
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2011-000006
Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Fecha: 12 de mayo de 2.011