Jurisprudencia vinculante, Sala Constitucional

"...IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala emitir su pronunciamiento en el presente caso, para lo cual, considera oportuno realizar, como punto previo, las siguientes precisiones:

            Las abogadas Nancy Aragoza, Francia Coello y Renée Moros, Presidenta y Juezas integrantes de la Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Reenvío, solicitaron durante la celebración de la audiencia constitucional del 12 de junio de 2012 que esta Sala declarase la terminación del procedimiento de amparo por abandono del trámite, como pronunciamiento previo a la resolución del fondo del presente asunto.

En ese sentido, la Sala observa, con el objeto dictar el respectivo dictamen sobre dicha petición, que de los autos se constata las siguientes actuaciones:

1.- El 16 de mayo de 2011, la parte actora interpuso la acción de amparo constitucional.

2.- El 1 de junio de 2011, los legitimados activos consignaron copia certificada del acta levantada con ocasión de la celebración de la audiencia preliminar realizada el 2 de noviembre de 2010, ante el Juzgado Quinto de Violencia Contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

3.- El 25 de julio de 2011, el Ministerio Público consignó copia certificada de la decisión adversada con el amparo y solicitó a esta Sala que dictase el pronunciamiento sobre la admisión en el presente procedimiento.

4.- El 14 de diciembre de 2011, la Sala, mediante decisión N° 1885, admitió la presente acción de amparo constitucional.

5.- El 19 de enero, el 28 de febrero y el 18 de abril de 2012, la parte actora solicitó que se fijase la oportunidad para celebrar la audiencia constitucional.

tsj.gov.ve

Resumen , La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, anunció hoy en rueda de prensa, que la Sala Constitucional declaró la constitucionalidad del carácter orgánico del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). "Es una reforma amplia que a nuestro juicio cumple y responde a una necesidad urgente del pueblo venezolano", señaló.

En torno a los planteamientos hechos por algunos sectores que refutan la aprobación de la reforma del COPP a través de la Ley Habilitante, recordó la Magistrada que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé la posibilidad de que el Presidente de la República, en base a lo establecido en la Carta Magna, pueda legislar, dictar decretos-leyes, en materias urgentes, y en ese sentido el Código Orgánico Procesal Penal antes de su reciente reforma, tenía algunos artículos que generaban retardo en los procesos, además la situación penitenciaria, entre otros aspectos, hacían urgente su reforma.

"...Lo anterior a juicio de esta Sala significa que la parte actora tuvo pleno conocimiento del contenido de la decisión que adversa con el amparo, produciéndose una notificación tácita, antes de la interposición de la solicitud de amparo, del pronunciamiento que decretó la medida de prohibición de enajenar y gravar, por lo que, lo considerado por el Tribunal a quo constitucional, referido a que existió una falta de notificación (que permitió la declaratoria de parcialmente con lugar la demanda de amparo), fue subsanado dentro del proceso penal a través de la esa figura denominada notificación tácita.

"...Ahora bien, los alegatos expuestos por los apoderados judiciales del solicitante en el escrito objeto de la presente causa fueron dirigidos fundamentalmente a la presunta imposibilidad de la Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia para cambiar la calificación jurídica que le fue impuesta al solicitante por el Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal  y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de homicidio preterintencional a homicidio intencional; asimismo se cuestiona, mediante la presente solicitud de revisión, el hecho de que la referida Sala No. 1 de la Corte de Apelaciones, considerara que el solicitante admitió los hechos por la comisión del delito de homicidio intencional, situación que a criterio de los apoderados judiciales del solicitante le violentó los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, pues admitió los hechos por la comisión del delito de homicidio preterintencional.

 En este sentido, esta Sala considera necesario realizar las siguientes consideraciones sobre la figura de la admisión de los hechos y la actuación de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión cuya revisión hoy se solicita y, a tal efecto, observa:

El artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal establece textualmente lo siguiente:

“Artículo 376.- El procedimiento por admisión de los hechos procederá en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación o ante el tribunal unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y antes de la apertura del debate.

En caso de que el juzgamiento corresponda a un tribunal mixto, el acusado o acusada podrá solicitar el presente procedimiento una vez admitida la acusación y hasta antes de la constitución del tribunal.
El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndose la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.

tsj.gov.ve

“… se observa que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, tiene como propósito proteger al género femenino del maltrato y la violencia que es ejercida por el hombre agresor, por ser éste el más fuerte, y la mujer más vulnerable, por lo que el sujeto activo en la comisión de los delitos previstos en la referida Ley siempre será uno del género masculino, con modalidades agravadas para el caso de relaciones parentales y afectivas, y excepcionalmente como sujeto activo personas del género femenino que hayan sido conminadas o instigadas a cometer el hecho por personas del género masculino, de acuerdo al caso en concreto…”. (Resaltado de esta decisión).