"...DEL ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LAS DECISIONES ADVERSADAS CON EL AMPARO

En el caso sub iudice, la defensa pública penal del legitimado activo intentó la presente acción de amparo constitucional contra dos decisiones, a saber: la dictada, el 23 de noviembre de 2009, por la “Jurisdicción Especial Indígena”, mediante la cual condenó al niño indígena Warao a cumplir la pena de veinte (20) años de prisión por la comisión del delito de homicidio intencional, y la dictada, el 2 de diciembre de 2009, por el Tribunal Segundo de Control de la Sección Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, que revisó, conforme al contenido del artículo 134 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la decisión emanada de la referida jurisdicción especial, ordenando su ejecución.

tsj.gov.ve,

Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, que modifica criterio respecto a la imposibilidad de interponer recurso de apelación contra la decisión contenida en el auto de apertura a juicio, referida a la admisión de los medios de prueba que se indiquen en dicho auto.

tsj.gov.ve, Sala Constitucional

"...VI MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Determinada la competencia y luego del análisis de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Javier Jesús Trompiz Lugo, contra la decisión dictada el 28 de mayo de 2010, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta y, a tal efecto declara:

En forma previa, esta Sala considera oportuno señalar que la solicitud de amparo fue suscrita, bajo el aval de la Dirección del Internado Judicial Falcón, por el ciudadano Javier Jesús Trompiz Lugo, quien se encuentra recluido en ese centro penitenciario, siendo presentada la misma ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón por los abogados Alirio José Valle García, Eliezer José Navarro Colina y Alexander González, quienes son sus defensores privados, lo que permite concluir que esa demanda fue interpuesta en forma adecuada, a pesar de que el quejoso no la presentó personalmente ante el referido Juzgado Colegiado.     
Igualmente, esta Sala precisa que la parte actora interpuso tempestivamente el recurso de apelación, que fue presentado bajo la misma modalidad de la solicitud de amparo, contra la decisión pronunciada el 28 de mayo de 2010, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, toda vez que, según el cómputo realizado por la Secretaria de la referida Corte, desde la oportunidad en que se dictó la decisión apelada hasta el 4 de junio de 2010, ocasión en que fue impugnada la misma, transcurrieron dos días hábiles, por lo que se precisa que dicha impugnación es admisible. Así se declara.

Sala Constitucional, tsj.gov.ve

"..V MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
A fin de determinar el objeto de la presente controversia, esta Sala observa que la presente acción de amparo constitucional se encuentra dirigida contra la sentencia dictada, el 26 de agosto de 2010, por la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido por los abogados Gregory Odreman Ordozgoitty y Jorge Paris Mogna, actuando como apoderados judiciales de los ciudadanos Pedro José Torres Ciliberto y Pedro José Torres Picón, contra la decisión emitida, el 29 de julio de 2010, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que acordó tomar el juramento de los referidos abogados, una vez que los ciudadanos Pedro José Torres Ciliberto y Pedro José Torres Picón comparecieran ante dicho Juzgado de Control, ya fuera de manera voluntaria o coactivamente, ello en vista que sobre tales ciudadanos pesa una orden de aprehensión que aún no había sido ejecutada.

tsj.gov.ve

"...En tal sentido, luego de examinar el fallo objeto de la presente solicitud de revisión a la luz de lo precedentemente expuesto, esta Sala aprecia que la Sala de Casación Civil confirmó el criterio expuesto por el ad quem, en el sentido de que para la procedencia de la acción civil por daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito, es necesario que exista una sentencia condenatoria firme, con fundamento en el artículo 422 del Código Orgánico Procesal Penal.

Así las cosas, esta Sala considera oportuno transcribir el contenido del artículo 51 del Código Orgánico Procesal Penal: