Gaceta Oficial 39.882 del 13 de marzo de 2012

Sentencia de la Sala Constitucional que determina la competencia de los Juzgados de Juicio del Trabajo para aquellas causas que hayan sido admitidas y en las cuales se hayan ordenado las notificaciones correspondientes o, incluso, que hayan sido interpuestas antes de la publicación del criterio establecido en la decisión N° 955, del 23 de septiembre de 2010, dictada por la Sala Constitucional

"...CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

tsj.gov.ve

Conflictos negativos de competencia planteados por los jueces y juezas de la jurisdicción laboral y contencioso administrativo en la ejecución de las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo,en desconocimiento a los pronunciamientos de esta Sala dictados al efecto en los fallos signados con los números 955/2010, 108/2011 y 37/2012, serán considerados como desacato de la doctrina vinculante de la Sala Constitucional

tsj.gov.ve

"...En primer lugar, con relación a la unidad económica, se observa que la parte actora no hace una fundamentación legal al respecto, ni mucho menos una narrativa de los hechos por los cuales considera la existencia de dicha unidad económica, lo cual era su carga. Por su parte y como antes se indicó, la accionada negó tal afirmación en su escrito de contestación, señalando que no existe unidad económica entre su representada y las empresas mencionadas. Tal y como se estableció anteriormente, la actora promovió documentales en copias fotostáticas consistentes de actas constitutivas de todas las empresas -cursantes a los folios 72 al 90-, a excepción de la Estación de Servicio Chuao S.R.L., a las cuales no se les otorgó valor probatorio como se estableció en el capítulo del análisis de las pruebas, por cuanto la demandada las impugnó al ser copias fotostáticas y la parte promovente no insistió en hacerlas valer, ni consignó copias certificadas de las mismas. Siendo así, al no desprenderse de autos algún elemento que lleve a la convicción de la existencia de la unidad económica alegada por la parte actora, resulta improcedente tal pedimento. Así se establece...."

La valoración de las pruebas en el caso no fue realizada conforme al principio in dubio pro operario.

"...DEL RECURSO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD

Aduce la parte recurrente como fundamento del presente medio de impugnación, lo siguiente:

tsj.gov.ve Sala Político Administrativa

"...II MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010), dispone el régimen de competencias atribuido a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en el numeral 20 del artículo 23, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:

(…Omissis…)

20. Las consultas y recursos de regulación de jurisdicción”.

Asimismo, dicha competencia está regulada en el numeral 20 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.991 de fecha 29 de julio de 2010), en los términos que siguen:

“Artículo 26. Son competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

(…Omissis…)

20. Las consultas y recursos de regulación de jurisdicción”.

Las disposiciones antes transcritas determinan el mismo régimen competencial del Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 59 y 62, de aplicación supletoria para esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así, siendo el tema a dilucidar la consulta de jurisdicción planteada, corresponde a esta Sala emitir su  pronunciamiento.