tsj.gov.ve
"En este orden de ideas, observa esta Sala prima facie que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios determinó que la empresa recurrente había incurrido en la violación de los artículos 8 (numerales 2, 3 y 4), 16 (numeral 1), 17, 20 y 78 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, en razón de lo cual procedió a ordenar las siguientes acciones:

tsj.gov.ve, Sala Político Administrativa

"...De la transcripción anterior, se evidencia que tal y como alega la parte recurrente, la información relativa al expediente en el cual se sustanciaba su causa, estaba redactada de manera confusa, y podía inducir con facilidad al error en el cual incurrió respecto a la oportunidad de la audiencia de juicio, por lo que estima este órgano jurisdiccional, que la inasistencia del apelante al referido acto, se fundamentó en una causa que no le es imputable..."

tsj.gov.ve
Nuevo criterio sobre la capacidad de postulación para solicitar la revisión constitucional

"...Tal como se desprende de la anterior transcripción en el poder otorgado al abogado actuante, no consta la facultad para presentar la solicitud de revisión constitucional ante esta Sala, motivo por el cual, dicho instrumento resulta insuficiente a la luz de la doctrina expuesta. Sin embargo, luego de un profuso examen sobre la legitimación ad procesum relacionada con las solicitudes de revisión constitucional, se considera permitente realizar las siguientes consideraciones:

tsj.gov.ve
"...En el presente caso la parte actora pretende la suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados, invocando lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, es decir, a través de una medida cautelar innominada.

Al respecto debe indicarse que, este Máximo Órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ha advertido a los justiciables la confusión en la que frecuentemente se incurre en la aplicación de ambas figuras jurídico- procesales..."

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"...aunque ambos sujetos procesales son sociedades mercantiles de derecho privado y el acuerdo cuyo cumplimiento se reclama no puede ser calificado como un contrato administrativo, al haberse producido respecto de la demandada, Transgar Almacén General de Depósito, C.A., la designación por parte de la Oficina Nacional Antidrogas, de una Junta Administradora ad hoc, con carácter provisional, a cargo de la sociedad mercantil Venezolana de Exportaciones e Importaciones, C.A., VEXIMCA, propiedad del Estado venezolano, surge evidente que la República Bolivariana de Venezuela mantiene el control de la mencionada empresa y, por esta razón, tiene un interés legítimo y actual en la resolución de la presente causa..."