tsj.gov.ve
La suspensión se refiere a el artículo 23 cardinales 18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el cardinal 18 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Sentencia aclaratoria de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que precisa la aplicación temporal ex tunc y los sujetos beneficiarios de los efectos de la sentencia N° 01131 del 29 de julio de 2009, que declaró la nulidad del artículo 23 del Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios

"...VII

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Previa lectura de los alegatos de las partes, la Sala observa:

1.- Denuncian los actores que el Decreto impugnado violenta lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues en él se hace mención a la existencia o creación de un “sistema de educación bolivariana”. La alegada violación, según expone la parte accionante, deriva del hecho de que nuestro Texto Fundamental establece el carácter democrático de la educación, lo que implica que la misma debe ser libre y plural.
Señalan a su vez, que uno de los principios fundamentales de la democracia y del Estado de Derecho es la libertad de pensamiento, la cual debe privar a la hora de educar a los ciudadanos.

tsj.gov.ve, 08/10/2009

"...En consecuencia en criterio de este Máximo Tribunal, la Resolución Conjunta N° 182/28, complementa y limita la atribución acordada a la Asamblea General Extraordinaria de Padres, Madres y Representantes, pero no la menoscaba, puesto que, con el establecimiento del límite máximo del índice porcentual en los aumentos de matrícula y mensualidades escolares de los planteles educativos privados, se persigue satisfacer necesidades e intereses de la colectividad y no de ciertos estratos o fragmentos determinados de la sociedad...."


tsj.gov.ve, 15/04/2009

Sala Político Administrativa - Exp N° 2004-0318:

04 -318 - Sentencia N° 00468 publicada el 15 de abril de 2009, con ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio Zerpa, la Sala Político Administrativa declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por los ciudadanos Domingo Valmore Azuaje, Casiano Díaz y José Avilio Torres contra la Resolución de fecha 17 de febrero de 2004, emanada de la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, la cual confirmó la decisión que declaró la responsabilidad administrativa de los accionantes en su condición de Legisladores del Consejo Legislativo del Estado Carabobo. En el citado fallo se sostuvo que la parte actora tuvo libertad para acceder al expediente administrativo, rindió declaración sobre los hechos y ejerció los recursos respectivos, por lo que no podía afirmarse que la Administración haya incurrido, en principio, en la violación del derecho a la defensa y al debido proceso. Que si bien el procedimiento continuó vencido el lapso de seis (6) meses y el término de la prórroga, ello no era óbice para que la Administración decidiera la averiguación e impusiera las sanciones a que hubiera lugar. En efecto, se precisó que el decaimiento de la potestad sancionatoria no puede producirse por el incumplimiento de ciertos lapsos previstos en el procedimiento, dicha situación ocurriría cuando la inactividad sea tal que supere el término previsto en la ley para imponer la sanción, lo que efectivamente conlleva a la extinción de la potestad sancionadora en virtud de la prescripción. Respecto a la violación del principio de irretroactividad, esta Sala concluyó que si el órgano contralor hubiese efectivamente aplicado los numerales 14 y 15 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal como se denunció, es decir, una norma que no estaba vigente para el momento en que se suscitó el hecho imputado,