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Categoría: Funcionarial
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Abg. Juditas Delany Torrealba Dugarte

By Maxine Simpson from Cape Town, South Africa (Luxury Omega Yacht  Uploaded by Arbus Driver) [CC-BY-2.0 (www.creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia CommonsGeneralidades

Cada año durante el mes de julio, los funcionarios públicos, asi como los miembros de organizaciónes sindicales, gremiales y Consejos Comunales  deben realizar de manera obligatoria su declaración jurada de patrimonio este año particularmente se presenta la peculiaridad de realizar dicha actuación en los días comprendidos del 01 al 31 de julio,

teniendo la característica que este año 2011 es que la misma se ha llevado a cabo en horario comprendido de lunes a sábado, desde las 6 a.m. hasta la 6 p.m., de acuerdo al último digito de su cédula de identidad:Lunes, miércoles y viernes: 1, 3, 5, 7 y 9.Martes, jueves y sábados: 0, 2, 4, 6 y 8.En el horario de 6 p.m. a 6 a.m. y los días domingos se podrá ingresar al sistema sin restricciones. Es ante esto que para efectos doctrinarios se analizará esta obligación propia de los funcionarios públicos y otros que para combatir la corrupción al justificarse la procedencia a través de este instrumento del incremento de su patrimonio.


Es la Convención Interamericana y Contra la Corrupción y  la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, suscritas por Venezuela, en la que cada Estado Parte en atención a los principios fundamentales de su derecho interno, deberán adoptar, mantener y fortalecer sistemas eficaces para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, destinados a promover la transparencia y simplificar los procedimientos administrativos.


El bloque de la Constitucionalidad se encuentra plasmado en los articulas 139 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual desarrolla los principios de  la Administración Pública los cuales  se fundamentan entre otros, en los principios de honestidad, transparencia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la Ley y el derecho.


La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República  y del Sistema Nacional de Control Fiscal publicada en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010 señala en su articulo 78 que:

Artículo 78. La Contraloría General de la República podrá solicitar declaraciones juradas de patrimonio a los funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, obreros y obreras del sector público, a los particulares que hayan desempeñado tales funciones o empleos, a los contribuyentes o responsables, según el Código Orgánico Tributario, y a quienes en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones relacionadas con el patrimonio público, o reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales. Dichas declaraciones deberán reflejar la real situación patrimonial del declarante para el momento de la declaración. Parágrafo único: El Contralor o Contralora General de la República podrá disponer la presentación periódica de declaraciones juradas de patrimonio a cargo de los funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas, obreros u obreras de las entidades señaladas en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley. La declaración jurada de patrimonio deberá ser hecha bajo juramento de decir la verdad, en papel común, sin estampillas, y por ante los funcionarios o funcionarias que el Contralor o Contralora General de la República autorice para recibirlas. El Contralor o Contralora General de la República, mediante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, establecerá los demás requisitos que deberán cumplirse en la presentación de las declaraciones, así como los funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas, o demás sujetos exceptuados de presentarla.

Es decir la ley en un primer instante se inclina en señalar que todos los sujetos que tengan relación directa con el Estado sea como funcionarios públicos o particulares deberían realizar una declaración jurada de patrimonio, al incluir a quienes en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones relacionadas con el patrimonio público, o reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales y que la misma inicialmente se hacía en papel común, sin estampillas, y por ante los funcionarios o funcionarias que el Contralor o Contralora General de la República autorizaba para recibirlas; no obstante con el auge de las tecnologías de la información dicha formalidad fue reemplazada en gran parte por la realización de dicha declaración online.

Sin embargo el articulo 9 de la ley prevé que los sujetos a los cuales hay que realizar dicho control por la Contraloría General de la Republica son los siguientes:

1. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.
2. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estadal.
3. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Distritos y Distritos Metropolitanos.
4. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
5. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Territorios Federales y Dependencias Federales.
6. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales.
7. El Banco Central de Venezuela.
8. Las universidades públicas.
9. Las demás personas de derecho público nacionales, estadales, distritales y municipales.
10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social, así como las que se constituyan con la participación de aquéllas.
11. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario.


Los artículos 29, 41, 42 Y 43 de la Ley Contra la Corrupción, son aquellos que disponen la finalidad del cumplimiento de la declaración y su verificación; sin embargo no es la normativa que principalmente explica el modo de llevar a cabo la declaración sino es la normativa sub-legal de la Contraloría General de la Republica quien desarrolla detalladamente esto.



Aunque la legislación establece a grandes rasgos, la funcionalidad y a quien va dirigido la obligación de la Declaración Jurada de Patrimonio, la Contraloría General de la Republica, ha instaurado a través de una serie de instrumentos el modo de cómo debe estipularse y cumplirse con la Declaración como son:

Resolución Nº 01-00-000144 de fecha 27 de junio de 2007 denominada NORMAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO:

Dicha normativa formada de 32 artículos, tiene como finalidad la verificación de las declaraciones juradas de patrimonio por parte de la Contraloría General de la Republica, a los fines de comprobar a través de una auditoria patrimonial la veracidad de las mismas de dicho instrumento jurídico pueden destacarse conceptos como:

Ajuste patrimonial: Corrección oficiosa realizada a una declaración jurada de patrimonio, como resultado de errores u omisiones, entre lo declarado y lo verificado durante el procedimiento de verificación patrimonial, que se realiza para determinar la situación financiera del sujeto a verificación.

Cédula de análisis: Formato donde se incorpora la información correspondiente al sujeto a verificación a los fines de cuantificar las transacciones económicas y movimientos financieros realizados por éste durante un período determinado.

Declaración jurada de patrimonio: Documento que refleja la situación patrimonial declarada por un empleado público o particular a un momento determinado y que contiene además información de orden económico respecto al total de ingresos que percibe y rentas obtenidos tanto en el país como en el extranjero debidamente especificados y valorados.

Entrabamiento: Actitud dilatoria o conducta omisiva que asumen el sujeto a verificación, los funcionarios o empleados públicos, los particulares o personas jurídicas en la remisión de la información solicitada con motivo del procedimiento de verificación patrimonial.

Variación patrimonial: Fluctuaciones ocurridas en las situaciones patrimoniales declaradas para un período determinado.

Oficio cuestionario: Comunicación mediante la cual se solicita al sujeto a verificación suministre datos o información relacionados con sus actividades económicas y financieras.

Oficio cuestionario de gastos de consumo: Comunicación mediante la cual se solicita al sujeto a verificación información sobre las erogaciones en dinero, realizadas para sostener su nivel de vida u otras actividades familiares.

Patrimonio: Conjunto de bienes y derechos que pertenecen al dominio del funcionario, empleado público o particular y puede ser expresado en unidades monetarias.

Período a evaluar: Lapso al cual se circunscribe la verificación patrimonial.

Proporcionalidad patrimonial: Congruencia entre la situación patrimonial con las actividades económicas desarrolladas por el sujeto a verificación durante un período objeto de estudio.

Sujeto a verificación: Persona cuya declaración jurada de patrimonio es sometida a un procedimiento de verificación patrimonial.

Veracidad de la declaración jurada de patrimonio: Término empleado para describir la certeza en el contenido de la declaración jurada de patrimonio y su adecuación o proporcionalidad con lo percibido legítimamente por el sujeto a verificación durante el
periodo a evaluar.

Auditoría patrimonial: La auditoría patrimonial es el mecanismo utilizado por la Contraloría General de la República conforme a lo establecido en la Ley  Contra la Corrupción, para comprobar la veracidad de la declaración jurada de patrimonio, que involucra técnicas y  prácticas de aceptación internacional en la lucha contra la corrupción, y comprende el examen y evaluación de la situación patrimonial y de las actividades económicas llevadas a cabo por los sujetos sometidos a verificación.

Examen: El examen  tiene como propósito verificar la exactitud de los datos o información aportados por el sujeto a verificación en la declaración jurada de patrimonio, así como la razonabilidad de su patrimonio con relación a los ingresos obtenidos para un período determinado.

Resolución por la cual se exige la presentación anual de la declaración jurada de patrimonio actualizada, a los altos funcionarios de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, que ocupen los cargos que en ella se especifican. (Resolución N° 01-00-057 de fecha 26/03/2009, publicada en gaceta oficial N° 39.148 de fecha 27/03/2009)

Dicha resolución en líneas generales consagra la obligación de la presentación anual de la declaración jurada de una serie de funcionarios que de modo genérico han sido señalados en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y que deben presentar de manera oportuna dicha obligación.
 
Resolución mediante la cual se implanta el Sistema para la Presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio en Formato Electrónico disponible en la página web de la Contraloría General de la República. Nº 01-00-000122 Caracas, 19 JUN. 2009 (Gaceta Oficial N° 39205 del 22-06-09).

Conformada por 12 articulos  destaca que los funcionarios o empleados públicos, deberán presentar su declaración jurada de patrimonio en formato electrónico, dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de sus cargos y dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en la cual cesen en el ejercicio de empleos o funciones públicas. Igualmente, deberán presentar declaración jurada de patrimonio en formato electrónico, los obreros al servicio del Estado, los integrantes de la unidad de gestión financiera de los consejos comunales y de las directivas de las organizaciones sindicales, dentro de los treinta (30) días siguientes al ingreso y cese en el ejercicio de sus funciones.

En conclusión ya quedando pocos días, para el cumplimiento de esta obligación por parte de los sujetos señalados anteriormente, y luego de observar la fuente normativa de la misma, Venezuela, cuenta con un sistema avanzado de declaración jurada de patrimonio; no obstante en otra oportunidad se analizará detalladamente lo relativo a la verificación de las mismas.