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Categoría: Procesal Civil
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Sentencia dictada en juicio por reivindicación

"...Como corolario de lo anterior, estima la Sala que en casos como el sometido a consideración, el quantum de la cuantía debe verificarse teniendo en cuenta la oportunidad en que se presentó la demanda y no su reforma, pues, es en aquel momento en el cual el demandante determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía, aplicándose inclusive para el caso a resolver, satisfaciendo de esta manera los postulados constitucionales ­se repite- a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, ya que lejos de atentar contra la estabilidad de las decisiones judiciales, preserva el acceso a la justicia, el derecho de defensa y el debido proceso, los cuales prevalecen frente a las alegaciones que pudieren hacerse para su no aplicación inmediata. (...omissis...) Con base en los presupuestos de hecho y de derecho anteriormente consignados, la Sala abandona el criterio hasta ahora aplicado que ha tenido en cuenta la oportunidad de la reforma de la demanda para establecer el quantum de la cuantía para acceder a casación; y establece a partir de la presente fecha que DEBE TOMARSE COMO DICHA OPORTUNIDAD LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, inclusive para el caso de autos, que, como antes se indicó, para el momento de la demanda tiene acceso a casación, como para todos los casos que se encuentren en trámite. Así se decide. (...)


"...PUNTO PREVIO

De acuerdo con el principio pro actione, el cual constituye una manifestación de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva, la norma procesal debe interpretarse en el sentido que favorezca el ejercicio de los medios recursivos de que disponen los justiciables, tal como ha sido establecido por la Sala Constitucional, en sentencia Nº 97 del 2 de marzo de 2005, Exp. 03-2290, en el caso de Banco Industrial de Venezuela, C.A., en la que se afirmó:

“…El alcance del principio pro actione (a favor de la acción) ha sido objeto de un sistemático tratamiento por parte de esta Sala. La conclusión que se puede extraer de las decisiones que han considerado el tema, es que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que “el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia” (S.S.C. nº 1.064 del 19.09.00)…”. (Cursivas del texto).

La Sala, en atención a la precitada garantía constitucional, y bajo la referencia cierta de que el Derecho es dinámico y no estático, lo cual exige su actualización de cara a todas las exigencias constitucionales, legales y sociales, pues la principal misión de la función pública jurisdiccional es la interpretación de la ley para la realización de la justicia, estima necesario adecuar a ello el criterio con respecto a la oportunidad procesal determinante de la cuantía para acceder a casación, cuando se reforma la demanda, siendo que hasta ahora de manera unánime tal oportunidad ha venido determinada por la cuantía que conste en dicho escrito a la fecha de su presentación y no de acuerdo con la estimación que hubiere señalado el accionante en el escrito de demanda.

Sostener lo contrario, bajo el criterio que tales cambios afectan los principios de expectativa plausible y confianza legítima, le niega espacio a las nuevas interpretaciones jurídicas y conllevaría a que el Derecho se estanque y el juez o jueza esté sujeto a una interpretación rígida, dictada en forma general, negándole espacio a los justiciables al acceso a los órganos de administración de justicia, lo cual resulta contrario a los postulados constitucionales vigentes.


No hay que confundir el cambio de doctrina con el tiempo de su aplicación. En esto último, y según los derechos que se pretendan tutelar, podrá hablarse de la aplicación inmediata o no del cambio de doctrina; y en todo caso, bajo una evaluación del principio de expectativa plausible y confianza legítima. Más, el cambio de doctrina por sí sólo jamás podrá interpretarse como una violación a los ya expresados principios de expectativa plausible y confianza legítima.

En el sub iudice, el escrito de demanda fue interpuesto el 16 de enero de 2007 y la cuantía se estimó en la cantidad de ciento veinticinco mil bolívares fuertes (BsF. 125.000,00); el valor de la unidad tributaria para ese momento era de treinta y siete con sesenta y tres bolívares fuertes (BsF. 37,63), por lo que, para el momento de la presentación de la demanda, el interés principal del juicio debería ser mayor a ciento doce mil ochocientos noventa bolívares fuertes exactos (BsF. 112.890,00) para que tuviere acceso a casación cualquier decisión contra la que, cumpliendo con los demás requisitos del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, se anuncie el recurso. Esto significa que, para el momento de la presentación de la demanda, en el presente juicio si se encontraba permitido el acceso a casación.

Sin embargo, el accionante reformó su demanda en fecha 22 de enero de 2008, manteniendo la estimación de su juicio en la cantidad de ciento veinticinco mil bolívares fuertes (BsF. 125.000,00). Pero, resulta que, para esa fecha el valor de la unidad tributaria aumentó a cuarenta y seis bolívares fuertes (BsF. 46,00), por lo que, para el momento de la reforma, el interés del juicio debía ser superior a ciento treinta y ocho mil bolívares fuertes (BsF. 138.000,00) para que tuviera acceso a casación. En este escenario, no se cumpliría con el requisito de la cuantía, siendo inadmisible la casación.

Planteados así los hechos procesales, la doctrina vigente de la Sala viene considerando la fecha de la reforma de la demanda como la que se debe tomar en cuenta para determinar el quantum de la cuantía que se exige para acceder a casación, en atención al valor de la unidad tributaria vigente para ese momento, por lo que en el sub iudice habría que concluir en la inadmisibilidad del recurso de casación, en aplicación a su doctrina reiterada, conforme con la cual se estableció, que es en definitiva al Tribunal Supremo de Justicia a quien le corresponde decidirlo, no obstante, haberlo admitido la instancia, facultad que ejerce bien de oficio o a requerimiento de parte, cuando observare que la admisión se hizo violando los preceptos legales que regulan la materia. Por cuanto, de resultar el auto de admisión, contrario a derecho, podrá revocarlo y por vía de consecuencia, deberá declararlo inadmisible, sin que sea necesario juzgar el problema sometido a consideración de esta Sala de Casación Civil.


Ahora bien, con respecto a la oportunidad procesal determinante del quantum de la cuantía, requisito necesario para acceder a sede casacional, la Sala en los últimos años ha presentado importantes avances que han permitido, siempre, ampliar tal acceso.

Veámoslo:

Desde la extinta Sala de Casación Civil de la otrora Corte Suprema de Justicia se señalaba que, LA FECHA DEL ANUNCIO DEL RECURSO DE CASACIÓN, era la oportunidad que determinaba el quantum de la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación (Vid., decisión N° 42, de fecha 30 de abril de 1996, expediente N° 96-002 RH, en el juicio intentado por María del Carmen Martín Maldonado y otras, contra Carlos Bermúdez Mauriño y otra); esto significaba que, al momento de presentarse la diligencia o escrito en que se anunciaba el recurso extraordinario, para esa fecha se verificaba cuanto era el monto de la cuantía que se le requería al juicio para que pudiese acceder a casación.

Posteriormente, y en los casos de casación contra sentencias en reenvío, SE INDICÓ QUE AQUEL CRITERIO, EL DE DETERMINAR EL QUANTUM DE LA CUANTÍA SEGÚN LA FECHA DEL ANUNCIO DEL RECURSO DE CASACIÓN SERÍA EL APLICADO; lo que produjo que, decisiones dictadas en reenvío que previamente habían accedido a casación, por haber cambiado el quantum de la cuantía, luego no tuvieran tal acceso. (Ver., decisión N° 801, de fecha 4 de agosto de 2004, expediente N° 04-037, en el juicio intentado por Inversiones Villa Castro, C.A., contra Diomedes Ezequias Méndez Vásquez). 

Luego, la Sala abandonó tales criterios, impulsada por los postulados constitucionales contenidos en los artículos 26, 257 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableciendo que, en lo atinente al requisito de la cuantía en todos los casos de anuncio del recurso de casación, LA OPORTUNIDAD PARA ESTABLECER EL QUANTUM VENDRÍA DETERMINADA POR LA FECHA EN QUE HUBIESE VENCIDO EL LAPSO PRIMIGENIO DEL CUAL DISPONE EL JUEZ DE ALZADA PARA DICTAR SENTENCIA, sin tomar en consideración el diferimiento legal de dicho lapso, si se hubiere presentado. (Vid., sentencia N° 084, de fecha 31 de marzo de 2005, expediente N° 04-950, en el juicio intentado por Turalca Viajes y Turismo, C.A., contra Lito Atlas, S.R.L., bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe).

Casi dos meses después, la Sala Constitucional en fallo N° 1573, de fecha 12 de julio de 2005, Exp. N° 05-0626, en el caso de Carbonell Thielsen, C.A., determinó CON CARÁCTER VINCULANTE que la cuantía necesaria para acceder a casación (inclusive para los casos de reenvío), DEBE SER LA MISMA QUE IMPERABA PARA EL MOMENTO EN QUE SE INTERPUSO LA DEMANDA, pues es en esa oportunidad en la que el accionante determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía.

Asimismo, la mencionada Sala Constitucional con respecto a la aplicación en el tiempo de la precitada jurisprudencia determinó que lo sería a partir de: “…las nuevas demandas que se inicien con posterioridad a la publicación en la Gaceta Oficial del presente fallo y para las causas que se encuentren en trámite siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de casación…”.

El anterior criterio fue acatado por la Sala en decisión N° 735, en el caso de Jacques de San Cristóbal Sextón, contra El Benemérito, C.A., Exp. N° 2005-0626, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe, por lo que se abandonó el establecido el 31 de marzo de 2005 supra señalado y se determinó con fundamento en las razones allí expresadas, QUE SI BIEN EL MONTO DE LA CUANTÍA PARA ACCEDER A CASACIÓN ES AQUEL QUE SE REQUIERA PARA EL MOMENTO DE LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA, SU ÁMBITO DE APLICACIÓN LO SERÍA INCLUSIVE PARA TODOS LOS CASOS EN TRÁMITE, AUN CUANDO HUBIERE PRONUNCIAMIENTO DEL AD QUEM RESPECTO A LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN. Esto significa, que la Sala extendió el cambio de doctrina no sólo para los casos futuros, sino para todos los que estuviesen ya en trámite, pues más allá del principio de expectativa plausible y el de confianza legítima, superó la necesidad de garantizar un verdadero acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.

La revisión del actual criterio impone la necesidad de armonizar la oportunidad procesal determinante de la cuantía necesaria para acceder a sede casacional INCLUSIVE CUANDO SE REFORME LA DEMANDA, con el criterio general que se aplica sobre el tema, es decir, los casos ya regulados, por cuanto el actual criterio limita derechos, debiendo entonces desaplicarse y permitir en el sub iudice el acceso a la casación y, por vía de consecuencia, el acceso a la justicia de los justiciables y, con ello, garantizar el derecho constitucional de la defensa.

En el caso particular para la fecha de interposición de la demanda, la estimación del interés principal del juicio permitía el acceso a sede casacional y no obstante que el accionante no modificó la cuantía en su escrito de reforma, para la oportunidad en que presentó este último, por efecto de la modificación del valor de la unidad tributaria, tal acceso exigía una cuantía mayor y de allí que pudiera resultar inadmisible el recurso extraordinario.

Situaciones como la planteada, permiten a la Sala concluir en que la doctrina actual bajo análisis, viene limitando el acceso a la justicia y a los recursos que la ley pone al alcance de los justiciables, pues a través de una interpretación doctrinal, establece que la cuantía para acceder a casación, cuando hay reforma de demanda, se toma en cuenta a partir de esa última fecha, lo que se hace bajo el criterio de que la demanda ya no existe.


LA PRETENSIÓN NO SE INICIA CON LA REFORMA DE LA DEMANDA. Por el contrario, la reforma es un acto procesal que se produce únicamente cuando el procedimiento se ha iniciado, precisamente, de conformidad con el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil por efecto de la presentación del escrito de la demanda (principio Nemo Iudex Sine Actore).

Luego, la presentación de la demanda permite fijar en el tiempo las circunstancias que determinarán la competencia por la cuantía y la jurisdicción, tal como prevé el artículo 3 eiusdem, con base en el principio de la perpetuatio fori.

Como corolario de lo anterior, estima la Sala que en casos como el sometido a consideración, el quantum de la cuantía debe verificarse teniendo en cuenta la oportunidad en que se presentó la demanda y no su reforma, pues, es en aquel momento en el cual el demandante determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía, aplicándose inclusive para el caso a resolver, satisfaciendo de esta manera los postulados constitucionales –se repite- a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, ya que lejos de atentar contra la estabilidad de las decisiones judiciales, preserva el acceso a la justicia, el derecho de defensa y el debido proceso, los cuales prevalecen frente a las alegaciones que pudieren hacerse para su no aplicación inmediata.

EN OTRAS PALABRAS, CUANDO EL ACCIONANTE DIO INICIO A SU PRETENSIÓN A TRAVÉS DE SU DEMANDA, TUVO POTENCIALMENTE EL DERECHO AL RECURSO DE CASACIÓN EN BASE A LA CUANTÍA Y ESE DERECHO NUNCA LO PERDIÓ, PUES MIENTRAS LA DEMANDA QUEDÓ ADMITIDA, SUS REFORMAS SUCESIVAS SIN CAMBIO EN LA ESTIMACIÓN DEL INTERÉS PRINCIPAL DEL JUICIO, HACEN QUE LA SITUACIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO PERMANEZCA INALTERADA.

Refuerza lo dicho anteriormente en cuanto al señalado ámbito temporal de aplicación, el hecho que de permitirse el acceso a casación en casos como el planteado, mal pudiera ello considerarse violatorio de la seguridad jurídica de la parte contraria a quien recurre, pues la negativa a casación no le constituye un derecho adquirido. Por el contrario, el ejercicio del recurso de casación, garantiza a los sujetos procesales involucrados la recta aplicación de la ley. Debemos tomar en cuenta que la Sala es garante del litigio entre las partes, mediante el acceso a todos los recursos que puedan corresponder, para que quien tenga el mejor derecho y lo ampare la justicia, se le otorgue la tutela judicial correspondiente.


Así, con respecto a la irretroactividad de la Ley y la violación a la seguridad jurídica, la Sala en sentencia N° 694, del 10 de agosto de 2007, en el caso de Eduardo Arturo García Suarez contra Adolfo Alejandro Núñez Malpica y otros, Exp. N° 07-0171, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe, precisó:

“…En este orden de ideas, con respecto a la retroactividad de la ley, Marcel Planiol y Georges Ripert, Biblioteca Clásicos del Derecho, página 31, señalan que:

“La forma de entender la retroactividad de las leyes es uno de los puntos que por mucho tiempo han sido menos claros del derecho civil. Por lo general, para definir la retroactividad, se recurre a una distinción entre los derechos adquiridos y las simples expectativas.

La ley es retroactiva cuando modifica los derechos adquiridos; no lo es cuando se limita a destruir simples expectativas...”. (Subrayado propio).

Por su parte, Julien Bonnecase, en su obra Tratado Elemental del Derecho Civil, Biblioteca Clásicos del Derecho, página 78, con respecto a esta doctrina clásica de la irretroactividad de las leyes, explica:

“...La doctrina tradicional o clásica sobre la no retroactividad de las leyes consiste en distinguir, por una parte, los derechos adquiridos, y por la otra, las expectativas. Es retroactiva la ley nueva que afecta a los derechos adquiridos; pero no lo es la que se conforma con destruir o modificar las simples expectativas. La expresión última de la teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas se encuentra en el Traité de Droit Civil de Baudry-Lacantinerie, bajo la redacción de Houques-Fourcade, en los términos siguientes:

"He aquí, declaran los dos autores, el principio que debe guiar al juez. Toda ley nueva constituye a los ojos del poder del cual emana, un progreso sobre la legislación anterior. Para sus autores, reglamenta ciertas relaciones jurídicas mejor que la precedente. El interés social exige pues, para que la legislación más reciente produzca todos sus efectos bienhechores, que se aplique en el mayor número posible de casos y, en consecuencia, también a las relaciones nacidas antes de su publicación. Sin duda esta aplicación lesionará ciertas esperanzas. Pero el progreso se compra a este precio y, por otra parte, nadie puede sentirse realmente lesionado por esta extensión de la ley, si no se le despoja de ningún derecho adquirido. Contra el derecho adquirido, al contrario, la ley nueva no puede nada; su fuerza expira allí donde encuentra un derecho verdadero, consagrado por la antigua ley bajo imperio ha nacido. Al efectuar este derecho, la ley nueva no sería ya una causa de progreso social, sino de desorden, pues se exterminaría toda seguridad de las transacciones y la Ley llegaría aún antes de existir, lo cuál sería injusto y contrario tanto al buen sentido, como a la idea misma de la publicación. La ley no debe pues, tener efectos retroactivos, y tal es la regla que establece el art. 2 en los siguientes términos: ‘la ley sólo dispone para el porvenir, no tiene efecto retroactivo’. Nótese bien que no produce efectos retroactivos por el sólo hecho de que se aplique a situaciones antiguas y a relaciones anteriores, porque son entonces las consecuencias nuevas las que rige y no se puede decir que vuelve sobre el pasado. Sólo es retroactiva cuando ataca los derechos adquiridos, destruyendo los que se habían adquirido anteriormente, lo que implica una pérdida para sus titulares. En virtud de este análisis se ve que si la ley, en principio, no es retroactiva, no es absolutamente exacto decir, como hace el artículo 2, que sólo dispone para el porvenir ya que en cierta medida rige el pasado mismo, al pasado que no es, si esta expresión es permitida, constitutivo de una orden adquirido. O como se ha dicho en otros términos, la Ley nueva no se extiende únicamente a los hechos futuros que se producen sin ninguna relación con un hecho anterior, sino que también puede regir los hechos futuros que deriven de los pasados. De esta manera la dificultad no es tan grave, pues reside, en definitiva, en una distinción de lo que se llama comúnmente derechos adquiridos o expectativas’...”. (Subrayado propio).

Pues bien, tomando en cuenta el fundamento de la doctrina clásica sobre la irretroactividad de las leyes invocada por la Sala Constitucional, cual es, que la ley solamente es retroactiva “...cuando ataca los derechos adquiridos, destruyendo los que se habían obtenido anteriormente...”, debiéndose distinguir entonces entre “...lo que se llama comúnmente derechos adquiridos o expectativas...”. (Resaltado del texto).

Con base en los presupuestos de hecho y de derecho anteriormente consignados, la Sala abandona el criterio hasta ahora aplicado que ha tenido en cuenta la oportunidad de la reforma de la demanda para establecer el quantum de la cuantía para acceder a casación; y establece a partir de la presente fecha que DEBE TOMARSE COMO DICHA OPORTUNIDAD LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, inclusive para el caso de autos, que, como antes se indicó, para el momento de la demanda tiene acceso a casación, como para todos los casos que se encuentren en trámite. Así se decide.

Con el cambio de jurisprudencia propuesta hemos precisado con suficiente motivación por qué se abandona el criterio imperante, y de esta manera garantizar los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, así como el derecho constitucional a la igualdad de las partes, tal como lo expresa la Sala Constitucional en sentencia N° 78, de fecha 23 de febrero de 2011, expediente N° 10-1395, en la solicitud de revisión de C.A., Diario Panorama...."


Ficha:
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ
Exp N° 10-504: 1-1-10-504-.
Sentencia N° R. C. 000252
Sala de Casación Civil
16 de junio de 2011
CORTESIA AB.